Ya lo habíamos advertido

El presidente de la República está actuando como jefe de campaña de su partido

Por Víctor Manuel Ornelas Carsolio (*)

Imagen ilustrativa: Raúl Domínguez (Flickr)

Recién iniciaba el año y ya se empezaban a materializar los tintes autoritarios que tanto se han criticado a la presente administración del presidente López Obrador; el 19 de febrero, se publicaba en el Diario Oficial de la Federación un decreto por el cual se reformaban diversas disposiciones normativas de un grupo de Códigos y Leyes en materia de Prisión Preventiva Oficiosa. Hay que decir que la prisión preventiva es una medida cautelar que tiene como finalidad asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo, así como evitar la obstaculización del procedimiento.

Igualmente debe apuntarse que dicha medida cautelar debe ser excepcional, es decir, antes de tomar la decisión de imponer una prisión preventiva deben agotarse todas las demás alternativas para lograr el cometido señalado y sólo cuando ninguna de ellas sea eficiente para la salvaguarda del procedimiento, de las víctimas, ofendidos y testigos, entonces, y sólo entonces, podrá aplicarse dicha medida.

Sin embargo, en el caso de la prisión preventiva oficiosa, esa que debe imponerse porque la Ley así lo indica, se excluye el carácter de excepcional; por el contrario se institucionaliza negando toda posibilidad de ponderación al órgano jurisdiccional y desde luego, se niega toda posibilidad al imputado de garantizar su presencia en el procedimiento, la seguridad de víctimas, etc., así como evitar la obstaculización del procedimiento a través de otra medida menos lesiva; por ende, es una postura arbitraria que lesiona principios y derechos fundamentales como la presunción de inocencia, entre otros. Por ello, sin duda, es una medida autoritaria.

Fiscalía General de la República
Imagen: www.capital-cdmx.org

Ahora bien, a pesar de saber que la prisión preventiva oficiosa es violatoria de derechos fundamentales y que, por ende, debe utilizarse única y exclusivamente en casos extremos, sumamente graves, desde el poder Legislativo, por instrucciones del Ejecutivo se promovió ampliamente su utilización; por ello se amplió de manera significativa el catálogo de delitos en los que debe aplicarse la prisión preventiva oficiosa, es decir, aquella que impide a los imputados asegurar los fines del proceso penal a través de medidas menos lesivas; entre las diversas normas que sufrieron modificaciones se encuentra la Ley General en Materia de Delitos Electorales, en cuyo caso se incorporaron múltiples conductas que constituyen delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.

Cuando se publicó la reforma a la que se hace alusión, muchas voces señalamos que más allá de ser una reforma arbitraria, ilegítima y que violentaba derechos fundamentales tenía marcados tintes políticos y que, parecía mas bien, una modificación a modo que le permitiera al presidente de la República utilizarla como un instrumento en contra de sus adversarios políticos.

Lamentablemente, no nos equivocamos, lo habíamos advertido y hoy lo hemos confirmado, ha sido el presidente de la República quien ha denunciado ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE), a dos de los candidatos aparentemente punteros para la elección de gobernador en el Estado de Nuevo León por la probable comisión de Delitos Electorales.

La conducta que el presidente de la Republica advierte como delictiva, aparentemente consiste en solicitar votos a través de promesas de dinero u otras contraprestaciones, mismas que entiende se han materializado en la entrega de tarjetas a los posibles votantes; sin embargo todos los candidatos y candidatas ofrecen contraprestaciones, los candidatos oficiales en sus ofertas políticas, prometen entregas de dinero y demás contraprestaciones de orden económico, por lo que debería extenderse la denuncia e investigación respectiva igualmente a los candidatos oficiales; sin embargo sólo se señala a los candidatos de la oposición, por ello, es claro que el titular del ejecutivo hace uso faccioso de las instituciones de procuración de justicia, en el caso de la Fiscalía General de la República, utilizándola como la utilizaron otras administraciones para atacar a sus adversarios políticos.

Más allá del aspecto estrictamente jurídico, el cual corresponderá determinar en su investigación a la FEDE, es claro el sesgo político que la medida tiene, es el presidente de la República actuando como coordinador de campaña de su partido político, es el presidente violando la Constitución y las leyes que de ella emanan al intervenir en un proceso electoral en el que él está impedido pues aunque no lo entienda ya no es parte de este, es jefe del Estado Mexicano y ello lo obliga a actuar con imparcialidad.

Ya lo habíamos advertido y lamentablemente está sucediendo.

(*) Víctor Manuel Ornelas Carsolio

Abogado penalista