El fracaso de una consulta ciudadana populista y demagógica

Por Federico Seyde (*).

Imagen ilustrativa: Especial.

La fracasada consulta ciudadana llevada a cabo el pasado domingo primero de agosto constituye una clara manifestación de la naturaleza populista y autoritaria de la administración presidencial de Andrés Manuel López Obrador. Definido en términos generales, el populismo es un modelo de comunicación y acción política sustentado en la construcción y preservación de una relación de dependencia entre un líder carismático y un conjunto de sectores “populares” agraviados o, para ser más precisos, un conjunto de sectores sociales que se consideran a sí mismos, en la enorme mayoría de los casos con razones objetivas para ello, como excluidos o marginados de los beneficios generados por un determinado modelo histórico de organización estatal. Es importante tener claro que por “organización estatal” no debemos entender solamente una forma particular de organización política sino también, y de manera sumamente importante, una forma particular de organización económica. En este sentido, cada forma histórica del Estado moderno se caracteriza por un patrón específico de integración orgánica entre estructuras políticas y estructuras económicas cuyo equilibrio y preservación depende del adecuado funcionamiento de una compleja red de discursos ideológicos y prácticas estratégicas. Lo anterior implica que esta integración orgánica es potencialmente contradictoria por lo que debe ser continuamente regulada a fin de evitar su deterioro y eventual colapso. La crisis orgánica de un determinado modelo histórico de organización estatal irrumpe cuando las contradicciones estructurales entre los imperativos planteados por el proceso de legitimación política y los imperativos planteados por el proceso de reproducción económica alcanzan un punto “crítico” que rebasa las capacidades de regulación del aparato gubernamental del Estado.

Dentro de esta línea de argumentación, el aplastante triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador y su partido político puede interpretarse como la particular expresión histórica adoptada por la crisis orgánica de una forma específica de organización estatal en México. Esta crisis orgánica surgió a partir de la existencia de una relación estructural, crecientemente contradictoria, entre un modelo económico excluyente y un modelo de legitimidad política basado en una narrativa de inclusión dirigida no sólo a las clases medias sino también a los segmentos o sectores “populares”. Esta tensión entre la realidad económica y las expectativas de bienestar material y movilidad social de amplios sectores de la población mexicana alcanzó niveles explosivos en el marco histórico del proceso de alternancia democrática que, a nivel del poder ejecutivo federal, dio inicio a partir del año 2000 con la conquista del poder presidencial por parte del Partido Acción Nacional (PAN), un partido político de centro-derecha que, si bien se distanció del PRI en términos ideológicos y discursivos, mantuvo inalteradas las estructuras económicas y políticas del Estado. En virtud de lo anterior, es decir, en términos de la particular configuración estructural que adoptó la crisis orgánica del Estado en México, el triunfo electoral de la izquierda puede ser considerado como un resultado lógico, e incluso inevitable, de la transición democrática. El principal problema, al menos desde mi punto de vista, no emana del triunfo electoral de la izquierda y ni siquiera del hecho de que la izquierda triunfante haya logrado acceder al poder mediante la utilización de narrativas e imaginarios políticos populistas. La enorme mayoría de los partidos políticos de izquierda que han conquistado el control del aparato gubernamental del Estado a través de procesos electorales tanto en la Europa mediterránea como en América Latina se han apoyado en discursos de carácter populista encaminados a conquistar el apoyo de las grandes mayorías. El principal problema radica en el hecho de que la izquierda que accedió al poder en 2018 no es una izquierda liberal armada de un discurso populista de carácter democrático, sino más bien una izquierda autoritaria y clientelista armada de un discurso populista claramente demagógico.

Es por lo tanto fundamental distinguir entre el populismo “democrático” y el populismo “autoritario”. Si bien en ambos casos el líder carismático establece una comunicación directa e interdependiente con las masas populares, en el caso del populismo democrático las prácticas o acciones estratégicas del modelo de gobernanza que surge del triunfo electoral no sólo se ciñen al marco constitucional que define el orden legal e institucional del Estado, sino que se instrumentan e implementan a través de políticas públicas cuidadosamente diseñadas a partir de diagnósticos certeros, basados en evidencia empírica y en teorías científicas, de las problemáticas concretas que enfrenta la sociedad civil. El populismo autoritario, por el contrario, tiende por su propia naturaleza a subvertir el orden constitucional imperante, especialmente cuando los arreglos institucionales derivados de éste limitan el poder efectivo del líder o “caudillo”, y a funcionar de manera “ideológica”, es decir, mediante acciones estratégicas que subordinan el análisis objetivo de la realidad a los grandes dogmas que confieren legitimidad al Estado. El fracaso de muchos regímenes populistas de perfiles autoritarios y totalitarios ha sido en gran medida producto de la incapacidad de sus líderes para diferenciar entre los fundamentos ideológicos que confieren identidad y rumbo al Estado y las particularidades de la realidad histórica que éste enfrenta. El colapso de la Alemania Nazi y la Rusia Soviética constituyen dos claros ejemplos de regímenes políticos que infructuosamente pretendieron ajustar la realidad a los imperativos planteados por marcos ideológicos dogmáticos. Esta característica propia del populismo autoritario le confiere un carácter abierta y claramente demagógico. En el marco del populismo autoritario es fundamental preservar la narrativa ideológica del régimen, aun en aquellas circunstancias históricas en las cuales la evidencia empírica y el análisis académico claramente revelan su incompatibilidad con la realidad.

Desde mi punto de vista, la consulta ciudadana del pasado primero de agosto confirma la naturaleza populista y autoritaria del modelo de gobernanza puesto en marcha por la administración presidencial de López Obrador en virtud de cuatro consideraciones fundamentales. En primer lugar, la decisión de llevarla a cabo por parte del poder ejecutivo federal atenta contra los fundamentos del Estado de derecho toda vez que éste se basa en el imperio de la ley, es decir, en la idea de que ninguna voluntad individual o colectiva puede situarse por encima de sus estipulaciones y mandatos y, en virtud de ello, es absurdo consultarle al pueblo su aplicación en un caso concreto. Si algún actor político, con independencia de su jerarquía, incurrió en actos contrarios a los fundamentos de legalidad del Estado Mexicano éste debe ser investigado y, en su caso, sujeto a proceso con arreglo a las leyes vigentes sin necesidad de llevar a cabo consulta popular alguna. Es válido consultar al pueblo sobre la pertinencia o necesidad de modificar la ley, pero no es válido consultarlo sobre la pertinencia o necesidad de aplicarla por parte del poder público. En segundo lugar, este acto político atenta contra los principios de separación de poderes y autonomía institucional que han hecho posible el desarrollo de la democracia en México ya que su realización no solamente implicó forzar una decisión por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (de ahí la confusa redacción de la pregunta objeto de la consulta), sino que también implicó forzar al Instituto Nacional Electoral a la realización de una tarea absurda, costosa y para la cual esta institución no fue diseñada. El INE se creó para conferirle legalidad y certeza a los procesos electorales propios de una democracia representativa y no para organizar consultas caprichosas e innecesarias. En tercer lugar, este acto político fue claramente demagógico ya que los supuestos delitos en que incurrieron los presidentes “neoliberales” son sumamente difíciles de probar judicialmente y, en este sentido, están muy lejos de ofrecer sustento para el ejercicio de la acción penal por parte del Estado Mexicano. Esta realidad pone de manifiesto que la verdadera estrategia detrás de la consulta no fue la de juzgar a los expresidentes a fin de combatir la impunidad y restaurar la deteriorada credibilidad del sistema judicial (si este fuera el caso las declaraciones de Lozoya Austin serían más que suficientes para ejercer acción penal contra Peña Nieto y Videgaray y esto es algo que “sospechosamente” no ha ocurrido), sino la de fortalecer un discurso de legitimidad centrado en una narrativa de ruptura radical con el pasado y en el simplista y maniqueo argumento, imposible de sostener en términos académicos, de que entre 1988 y 2018 el país fue gobernado por una suerte de mafia conservadora subordinada a oscuros intereses extranjeros y dedicada fundamentalmente al expolio del patrimonio nacional. Finalmente, la narrativa presidencial construida con la finalidad de justificar el fiasco absoluto que representó la consulta no es solamente patética sino enormemente irresponsable en términos institucionales ya que sugiere que la bajísima afluencia ciudadana a las urnas se debió a una suerte de conspiración llevada a cabo por un INE dominado por los partidos políticos de oposición. El hecho real es que la participación ciudadana fue inferior al 8% del padrón electoral y esto, en cualquier lugar del mundo, constituye un fracaso estrepitoso para el gobierno que la promovió.

En síntesis y más allá de la narrativa oficial, la consulta popular del pasado primero de agosto debe quedar registrada en la memoria colectiva no como un acto democrático sino como un acto demagógico emanado de un gobierno populista y autoritario. En este sentido es sumamente positivo el que semejante iniciativa haya fracasado ya que esto pone de manifiesto el rechazo que en la mayoría de los ciudadanos provocó este burdo intento de manipulación. El concepto mismo de consulta ciudadana fue profundamente distorsionado en su razón de ser ya que, en los sistemas verdaderamente democráticos, ésta constituye un mecanismo destinado a conocer la opinión dominante que sobre un determinado aspecto estratégico en materia de gobernanza y gestión pública existe en el ámbito de la sociedad civil o, para utilizar el concepto desarrollado por Habermas, en el ámbito del “espacio público”. Obtener aprobación popular para investigar y en su caso enjuiciar a expresidentes es algo que ciertamente no cabe dentro de la lógica que, en términos tanto de teoría política como de derecho constitucional, debe regir el diseño y aplicación de este tipo de instrumentos. La verdadera intención detrás de la consulta no fue conocer la opinión de los ciudadanos en torno a un asunto de auténtico interés nacional, sino reforzar la erosionada legitimidad de un gobierno claramente incompetente poniendo de manifiesto el gran poder de convocatoria popular propio de su caudillo supremo.

De cualquier manera y no obstante el afortunado fracaso de semejante ardid, es de la mayor importancia reflexionar a profundidad sobre esta experiencia a fin de tener claro lo que verdaderamente está ocurriendo en México. Más que encontrarse inmerso en una transición democrática de carácter formal, nuestro país se encuentra inmerso en un complejo proceso de cambio estructural que, como todo proceso de semejante envergadura, puede dar origen a formas de organización política y económica que ciertamente pueden resultar mucho más negativas que aquellas que, en un primer momento, provocaron el surgimiento de la crisis y pusieron de manifiesto la necesidad de emprender un proceso de transformación. No debemos olvidar que el colapso de la República de Weimar en Alemania dio origen al régimen Nacional-Socialista de Hitler y, en nuestro vecindario, el colapso de la corrupta y disfuncional democracia venezolana dio origen a la dictadura de Chávez y Maduro.

(*) Federico Seyde

Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana y Doctor en Ciencia Política por la Universidad de Essex (Reino Unido). Ha desempeñado diversos cargos en el gobierno federal de México y actualmente es profesor en el Instituto Nacional de Administración Pública y en la Universidad Internacional de la Rioja (España).

La destrucción de la razón

López Obrador sustituye el conocimiento y los datos duros, como elementos generadores de convicción entre electores y ciudadanos racionales, con mensajes demagógicos que apelan a las emociones y que, en la gran mayoría de los casos, no resisten ninguna forma objetiva o propiamente científica de análisis

Por Federico Seyde (*)

Imagen ilustrativa: Gobierno de México

El tránsito a la democracia en México ha sido un camino lleno de espinas y abrojos que a la fecha ha dejado más pasivos que activos. Nuestro país es hoy en día mucho más desigual, injusto y violento de lo que era cuando Vicente Fox ganó la Presidencia de la República en el año 2000.

A veces me pregunto si intelectuales, hoy tristemente ausentes, de la talla de Daniel Cosío Villegas y Octavio Paz, que con tanta energía promovieron en el ámbito de las ideas el tránsito del régimen autoritario basado en la hegemonía del PRI al actual sistema de competencia política entre partidos, no estarían desilusionados si pudieran ver lo que ocurre en el México actual. Yo sinceramente creo que estos lúcidos pensadores estarían profundamente decepcionados y, muy probablemente, estarían de acuerdo con quienes consideramos que lo que actualmente está ocurriendo en México, a partir de la evidencia empírica disponible y más allá de la narrativa oficial, no es un proceso de consolidación democrática sino un proceso de restauración populista.

Un claro ejemplo de que estamos lejos de estar edificando una cultura política plenamente democrática surge de la patética exhibición mediática de videos, supuestamente incriminatorios, llevada a cabo recientemente por el gobierno y sus “adversarios”. Este grosero espectáculo protagonizado, como ocurre en todo circo de carpa que se respete, por payasos y merolicos ubicados en diferentes pistas, refleja con toda claridad el hecho de que, más que la aplicación efectiva de la ley y la terminación definitiva del régimen de corrupción e impunidad que nos ahoga, lo que verdaderamente se pretende con la divulgación y proyección de estos videos es convertirlos en armas electorales dirigidas a promover el descrédito de diferentes partidos y actores políticos. Este juego de denuncias e imprecaciones, animado por objetivos mezquinos, revela con claridad que la idea de “competencia democrática” que existe en la cultura política de los diferentes partidos y grupos que hoy en día ejercen y buscan ejercer el poder en México se aparta mucho de los valores éticos y de los principios universales que deberían configurarla.

La evidencia actualmente disponible revela que el movimiento de transformación encabezado por Andrés Manuel López Obrador dista mucho de ser el proceso de profundización y consolidación democrática y republicana que seguramente esperaban ver muchos mexicanos que votaron por él. El líder de MORENA se jacta recurrentemente de ser un ferviente admirador de Juárez y Madero pero su estilo personal de gobernar contradice muchos de los principios que guiaron el pensamiento y la acción de estos grandes políticos mexicanos. Resulta claramente contradictorio el que, por un lado, continuamente presente a Carlos Salinas de Gortari como el padre político e ideológico del neoliberalismo mexicano, una estrategia de desarrollo que en el marco de su narrativa es responsable del empobrecimiento y despojo de la gran mayoría de los mexicanos y que, por otra parte, el operador del fraude electoral que le llevó al poder ocupe en la actualidad un cargo de enorme relevancia estratégica en su gobierno.

La forma en que ha venido actuando el gobierno federal durante los últimos veinte meses ofrece clara evidencia de que el objetivo, al menos inmediato, de la denominada “cuarta transformación” no es consolidar la democracia en México. Se trata más bien de un proyecto estratégicamente dirigido a recrear el régimen populista, corporativo y clientelista que estructuró Lázaro Cárdenas en la segunda mitad de la década de los treintas. Una clara manifestación de lo anterior radica en el hecho de que, en el marco de la narrativa política de López Obrador, las opciones políticas de centro-derecha, o “conservadoras” como él les llama, son esencialmente inmorales y por lo tanto deben ser radicalmente desterradas del futuro político de México. En otras palabras, en el marco de su imaginario político, México será democrático en la medida en que sea un país dirigido por fuerzas progresistas de izquierda.

Una narrativa semejante dista mucho de ser de carácter democrático ya que traiciona un principio fundamental de la democracia que es la tolerancia con relación a proyectos de organización estatal y gubernamental sustentados en diferentes ideologías y visiones de futuro. En el marco de una auténtica democracia todas las ideologías, salvo aquellas que expresamente se proponen la abolición de la propia democracia, no solamente caben sino que deben caber ya que su presencia constituye un factor determinante para construir y preservar la legitimidad de una forma de organización política que tiene en el pluralismo político e ideológico uno de sus pilares fundamentales. Como bien expresó el sociólogo británico David Held, profesor de la London School of Economics, la construcción de la democracia es el proyecto más importante del mundo moderno ya que la construcción de sistemas socialmente justos es un proceso que depende estructuralmente de su existencia. En este sentido, un sistema ideológicamente “cerrado”, es decir, un sistema político-ideológico que rechaza ab initio la posibilidad de que partidos políticos provistos de diferentes visiones de Estado puedan alternarse en la conducción del aparato gubernamental no puede ser considerado como verdaderamente democrático ni como conducente a una sociedad más libre e igualitaria.

Para poder ser calificado de auténticamente demócrata, un político de izquierda no debe descalificar a sus adversarios de derecha con diatribas centradas en una supuesta superioridad moral de la izquierda o relacionándolos con personajes pertenecientes a un pasado histórico cabalmente superado. Este tipo de descalificaciones solamente son congruentes en el marco de un discurso de confrontación política de carácter populista. En una democracia avanzada la confrontación política tiene lugar comparando las virtudes y defectos de diferentes estrategias de desarrollo y modelos de gobernanza a partir de interpretaciones teóricas, argumentaciones académicas y datos sólidamente sustentados en evidencia empírica. En gran medida las democracias avanzadas implican la existencia de una “sana competencia electoral” y de una sana “alternancia en la conducción del gobierno” entre políticos liberales provistos de conciencia social y políticos socialistas provistos de convicción democrática.

López Obrador sustituye el conocimiento y los datos duros, como elementos generadores de convicción entre electores y ciudadanos racionales, con mensajes demagógicos que apelan a las emociones y que, en la gran mayoría de los casos, no resisten ninguna forma objetiva o propiamente científica de análisis. Comparar a los conservadores decimonónicos que apoyaron el establecimiento del Segundo Imperio Mexicano con los actuales electores panistas de centro-derecha (la extrema derecha de perfiles ideológicos fascistas —cómo sería el caso de Vox en España— afortunadamente no existe en México) no resiste el más mínimo análisis académico.

López Obrador, más que un verdadero estadista, es un político populista en permanente campaña que sistemáticamente subordina la realidad a los requerimientos estratégicos de su discurso. Un claro ejemplo de esto lo encontramos en las recientes imprecisiones en las que incurrió cuándo utilizó, en una de sus conferencias mañaneras, el caso de la “Administración Portuaria Integral” (API) de Veracruz, una empresa paraestatal organizada jurídicamente como sociedad anónima de capital variable, para denunciar una estrategia de privatización, supuestamente basada en la suscripción de contratos “leoninos” claramente contrarios al interés de la nación, seguida por varios gobiernos “neoliberales”.

Desde cualquier punto de vista lógico, y ciertamente desde un punto de vista jurídico, no se puede hablar de privatización cuando el activo en cuestión se encuentra bajo el dominio patrimonial del gobierno federal, aun cuando este dominio patrimonial se encuentre sujeto a un régimen jurídico de carácter privado como resultado de la creación de una empresa paraestatal que ha adoptado, para fines tácticos, la forma de una sociedad anónima de capital variable. Las APIS tienen la forma jurídica de sociedades anónimas para facilitar su operación en el ámbito de un mercado internacional cada vez más complejo y competitivo y no como resultado de un afán privatizador. Una acción semejante sería, además de irrelevante en términos tácticooperativos, absolutamente lesiva de la soberanía del Estado y por ende inconstitucional.

Lo peor del caso es que después de semejante pifia, el Presidente no ha sido capaz de reconocer su error sino que, por el contrario, ha venido reforzando sistemáticamente el mensaje de que, con independencia de las formas jurídicas utilizadas, la intención privatizadora ha estado siempre presente en el caso de la API en cuestión. Incluso, y de manera absurdamente demagógica, habló de la enorme importancia histórica del heroico puerto de Veracruz, como si la ciudad entera hubiese sido privatizada. Este es sólo un ejemplo del tipo de mensajes imprecisos e irresponsables que continuamente lanza en sus conferencias mañaneras pero que, no obstante su puerilidad y falsedad, cumplen con la función estratégica de mantener vigente una narrativa en donde privatizar es sinónimo de despojar a la nación de su patrimonio.

Se trata de mensajes que no van dirigidos a los pocos periodistas que escuchan sus conferencias de manera presencial sino a los millones de mexicanos que las ven y escuchan a través de los medios masivos de comunicación. Para los líderes populistas la veracidad empírica y la consistencia lógica y teórica de los mensajes es irrelevante. Lo importante del mensaje es penetrar en el espacio emocional de las personas a fin de provocar reacciones irracionales de apoyo incondicional. Joseph Goebbels sabía mucho al respecto y convirtió la creación de mitos (la pureza y nobleza supremas de la raza aria y el liderazgo providencial de su Führer) y de fetiches generadores de todas las desgracias y tragedias del pueblo alemán (liberales masones, marxistas bolcheviques y comerciantes y banqueros judíos) en poderosos instrumentos ideológico-discursivos de movilización y control político.

El populista demagógico apela a las masas al igual que el demócrata, en esto no son diferentes. La diferencia radica en que mientras el primero lo hace a través de argumentaciones racionales sustentadas en ideas económicas y políticas sobre la organización, regulación y funcionamiento de mercados, instituciones de gobierno y políticas públicas y, en este sentido, apela a la inteligencia de sus interlocutores; el segundo lo hace a través de narrativas centradas en la construcción y proyección de mitos, símbolos e imágenes dramáticas que más que apelar a la razón de los ciudadanos, apelan a su estructura emocional más profunda. Se trata de narrativas que a partir de abstracciones como “el pueblo sabio” o “el líder impoluto” (el ave de blanco plumaje que sobrevuela los pantanos más fangosos sin mancharse) y del planteamiento de actos heroicos (desterrar la corrupción y salvar a los pobres) y de escenarios utópicos frecuentemente ligados a visiones míticas de la historia (la construcción de una democracia plenamente justa e igualitaria que haga realidad los sueños traicionados de los padres de la patria), buscan articular apoyos incondicionales entre sectores sociales secularmente oprimidos y comprensiblemente cargados de rencor y deseos de revancha. Es absolutamente cierto que nuestro país ha acumulado una deuda histórica inmensa con trabajadores, campesinos y sectores populares urbanos. Sin embargo también es cierto que el camino para superar nuestros problemas estructurales y rezagos ancestrales no pasa por la polarización ideológica, la confrontación entre clases sociales y la destrucción de instituciones.

Después de atestiguar la transformación de la Unión Soviética en una dictadura totalitaria, Herbert Marcuse, ese gran crítico de la sociedad moderna, concluyó que ni el capitalismo salvaje de mercado ni de la instauración de la “dictadura del proletariado” son caminos conducentes a la liberación de los seres humanos. Para el teórico de la Escuela de Frankfurt cuya vida académica concluyó en los Estados Unidos, la liberación de los seres humanos implica la superación definitiva de todos los sistemas sociales antidemocráticos, tanto de izquierda como de derecha, basados en la alienación, la explotación y la opresión. En plena concordancia con Hegel, Marcuse argumentó que esta liberación solamente será posible como resultado de la plena reconciliación entre el sujeto y el objeto de la historia, es decir, como resultado de la plena reconciliación entre los actores sociales y las estructuras económicas y políticas al interior de las cuales éstos existen y se desarrollan como personas. Esta reconciliación solamente puede darse a través de la proyección fenomenológica de la razón en ideas e instituciones democráticas en términos políticos e incluyentes en términos sociales y económicos.

Para conquistar su libertad los pueblos deben seguir el camino de la razón y esto implica reconocer y rechazar abiertamente el camino alternativo de la irracionalidad. Las narrativas políticas irracionales deben por lo tanto ser detectadas, denunciadas y desmontadas antes de que se fortalezcan y penetren la conciencia y, sobre todo, el inconsciente colectivo de las grandes masas. Esta debe ser una tarea fundamental de toda intelectualidad verdaderamente comprometida con la construcción, fortalecimiento y desarrollo histórico de la democracia. Es imprescindible contribuir de manera enérgica a que el pueblo de México cobre conciencia de que los populismos demagógicos y los sistemas totalitarios y autoritarios de gobierno a queéstos se encuentran indisolublemente ligados, tanto en el ámbito ideológico de la izquierda como en el ámbito ideológico de la derecha, son y han sido siempre, como reconoció Georg Lukács, fuerzas destructoras de la razón y de sus posibilidades históricas. El progreso que prometen, los sueños de reivindicación social que plantean, se transforman más temprano que tarde en terribles pesadillas de las cuales resulta sumamente difícil y penoso despertar.

Dr. Federico Seyde (*)

Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana y Doctor en Ciencia Política por la Universidad de Essex (Reino Unido). Ha desempeñado diversos cargos en el gobierno federal de México y actualmente es profesor en el Instituto Nacional de Administración Pública y en la Universidad Internacional de la Rioja (España).

El México de hoy: entre el avance democrático y la restauración populista

Nuestro país aún está lejos de ser un verdadero Estado social y democrático de derecho y prueba de ello es la insultante desigualdad social y la rampante corrupción que afecta a todos los órdenes de gobierno

Por Federico Seyde Meléndez (*)

Foto ilustrativa: Gobierno de México

El Estado social y democrático de derecho tal y como está definido y descrito en las más modernas constituciones europeas, como es el caso de la Constitución Alemana de 1949 y la Constitución Española de 1978, no tiene absolutamente nada que ver con el populismo de izquierdas que tan bien conocemos y recurrentemente padecemos en América Latina. Los regímenes populistas son, en medida importante, regímenes anticonstitucionales y antisociales en el sentido de que su fuente principal de legitimidad no deriva de su apego a la legalidad y de su capacidad técnica para resolver problemas y superar profundos rezagos sociales garantizando un desarrollo firme, sostenido e igualitario en un horizonte histórico de largo plazo, sino de su supuesta conexión directa con algo tan intangible y esencialmente abstracto como la “voluntad popular”, una especie de entelequia supuestamente provista de vida propia en nombre de la cual se han cometido las mayores atrocidades de la historia comenzando con el “régimen del terror” encabezado por Maximiliano Robespierre y su infame “Comité de Salvación Pública” en el seno de la Francia revolucionaria.

Nuestro país aún está lejos de ser un verdadero Estado social y democrático de derecho y prueba de ello es la insultante desigualdad social y la rampante corrupción que afecta a todos los órdenes de gobierno y que fue particularmente evidente en el marco de la anterior administración presidencial. El crimen organizado que campea a sus anchas por diversas regiones del país constituye hoy en día la más ominosa y brutal manifestación de una corrupción burocrática y de un actitud popular de desprecio a la legalidad que se han extendido como un auténtico cáncer a todo lo largo de nuestro tejido social. Es por lo tanto obvio que México tiene que cambiar de rumbo, pero es fundamental que lo haga por el camino correcto que no es otro que el camino, ciertamente largo y sinuoso, pero igualmente ineludible, de la formación integral (cognitiva, ética, cívica y ecológica) del pueblo y del fortalecimiento gradual de estructuras, leyes e instituciones. Ninguna potencia mundial se ha construido siguiendo un camino diferente. En el desarrollo nacional, como en el desarrollo personal, no hay atajos.

Una de las características del populismo en América Latina ha sido su tendencia histórica a subordinar la democracia y la legalidad a la denominada justicia social. Ni el Estado de derecho ni la democracia representativa resultan importantes frente al imperativo de ayudar a los pobres. Durante décadas el Estado mexicano surgido de la revolución de 1910 sustentó su legitimidad política en la distribución clientelista de recursos entre sectores populares organizados corporativamente al interior del partido oficial. Obreros, campesinos y sectores populares agrupados en ligas agrarias, sindicatos obreros y asociaciones civiles se convirtieron en los soportes políticos y electorales del PRI. La competencia entre partidos políticos solamente existía como discurso de legitimidad y la legalidad se aplicaba de manera selectiva como en los mejores tiempos del absolutismo monárquico.

El poder político del partido y de su líder sexenal se encontraba por encima de los votos y las leyes. Los consensos políticos fundamentales y las alianzas más importantes en términos estratégicos tenían su centro de gravedad en la Presidencia de la República. El titular del poder ejecutivo controlaba la política a nivel institucional y a nivel territorial operando de facto como un dictador. La poderosa Secretaría de Gobernación era mucho más que un simple Ministerio del Interior. La SEGOB era la institución encargada de darle concreción a la voluntad presidencial dirigiendo la política nacional tanto a nivel interinstitucional como a nivel intergubernamental. Del Palacio de Cobián surgían las directrices políticas que debían aplicarse tanto en los otros dos poderes federales como en estados y municipios. Ningún actor político relevante escapaba al control presidencial y a la voluntad del hombre que ocupaba el Trono del Águila y despachaba en “Los Pinos”. Este sistema autoritario, corporativo y clientelista se mantuvo vigente durante muchas décadas y no fue sino hasta el año 2000 que el sistema electoral resultó capaz de investir como Presidente de la República a un hombre ajeno al PRI y a sus bases corporativo-clientelistas de sustentación política.

La transición a la democracia en México paradójicamente no emanó de la voluntad de un político sino de un tecnócrata. A diferencia de Ernesto Zedillo, Carlos Salinas de Gortari y Luis Donaldo Colosio creían en la transformación estructural del PRI y concebían el futuro de México más en términos de la constitución de un nuevo partido hegemónico de Estado que en términos de una auténtica apertura del sistema mexicano a la competencia electoral entre partidos políticos. Podríamos decir que con la muerte de Colosio se cerró definitivamente la posibilidad de transformar estructuralmente al PRI y el fracaso político del gobierno de Enrique Peña Nieto constituye una clara prueba de ello. La incapacidad del anterior presidente de reformar la organización política que le llevó al poder condujo a la debacle priísta que hoy en día tiene en el poder a MORENA y a su perseverante fundador y líder, Andrés Manuel López Obrador. De hecho es altamente improbable que, en el marco estructural y funcional del PRI previo al periodo de alternancia democrática iniciado en el año 2000 con el triunfo del PAN, un hombre con las evidentes limitaciones intelectuales y de carácter propias de Enrique Peña Nieto hubiese podido ser candidato a la Presidencia de la República Mexicana.

La nueva realidad política de México puede ser interpretada como una recreación del proceso que permitió consolidar el poder histórico del PRI. A veinte meses de iniciado el gobierno de López Obrador es cada vez más claro que la construcción de clientelas políticas entre sectores populares y la gradual transformación de MORENA en un aparato efectivo de control y manipulación son mucho más importantes en términos estratégicos que el fortalecimiento del Estado de derecho y la democracia en nuestro país. La estrategia es cada vez más clara. El proyecto de López Obrador es transexenal como lo fueron en su momento histórico los proyecto políticos de Plutarco Elías Calles y Lázaro Cárdenas. Aquí la gran pregunta es la siguiente: ¿estará dispuesta la sociedad civil de la tercera década del siglo XXI a soportar una recreación del sistema populista, corporativo, clientelista y esencialmente autoritario que dominó la política nacional hasta la conclusión histórica del siglo XX?

El voto antisistema fue determinante en el triunfo de López Obrador y su partido. Es altamente probable que sea precisamente el reconocimiento de esta realidad lo que ha llevado a la actual administración presidencial a centrar su atención en una profunda reestructuración de la acción estratégica del poder ejecutivo del gobierno y de las diferentes políticas públicas que le dan forma, en beneficio de aquellos sectores populares y regiones del país que hoy en día son considerados como bases sociales de apoyo, no solamente de un nuevo partido, sino de un nuevo régimen político populista que bien podría ser interpretado como una suerte de restauración histórica del modelo que, sustentado ideológicamente en el discurso del “nacionalismo revolucionario”, estructuró Lázaro Cárdenas a finales de la década de los treinta del siglo pasado. La masiva canalización de recursos fiscales hacia sectores populares que fueron irresponsablemente desatendidos por las administraciones pasadas (jóvenes y adultos mayores), y la defensa “contra viento y marea” de grandes obras de infraestructura energética y de comunicaciones ubicadas en el sureste del país, pueden interpretarse como evidencia de una estrategia de largo plazo encaminada a transformar las estructuras políticas y económicas del país en beneficio de un nuevo “bloque de poder”.

Resulta cada vez más evidente que, al menos en este momento histórico, la prioridad del actual gobierno no es ni el crecimiento económico ni la restauración de una legalidad devastada por el crimen organizado sino la construcción de un nuevo sistema corporativo y clientelista que sirva de fundamento estructural para un grupo político decidido a conservar el poder por muchas décadas. Las reiteradas expresiones de desconfianza ante el Instituto Nacional Electoral y otros organismos provistos de autonomía constitucional que restringen el margen de acción y la capacidad de transformación estructural de la Presidencia de la República son claras manifestaciones discursivas de esta estrategia política fundamental. Todo parece indicar que estamos entrando a una nueva etapa en la reciente historia política de México, una etapa que bien podría implicar el fin de la alternancia partidista en la conducción del Gobierno Federal que inició en el año 2000.

Más allá de su reiterada admiración por Benito Juárez y Francisco I. Madero, dos liberales demócratas, todo parece indicar que el político mexicano que realmente inspira al actual presidente es Lázaro Cárdenas. El michoacano fue sin lugar a dudas unos de los artífices importantes del Estado surgido de la Revolución Mexicana y los arreglos institucionales surgidos de su gobierno fueron determinantes para el desarrollo posterior del país y para su estabilidad social y política. Sin embargo, y sin menoscabo de su inmensa proyección histórica, Lázaro Cárdenas no podría ser certeramente calificado como un demócrata sino más bien como un político intuitivo y realista que entendió cabalmente lo que México necesitaba en la particular coyuntura histórica dentro de la cual le correspondió ejercer el cargo de presidente. Cárdenas fue un producto fiel de su tiempo, un sujeto histórico que supo reconocer las posibilidades y limitaciones derivadas de la particular configuración estructural, económica y política, del México que le tocó gobernar. Pero el México de la segunda mitad de la década de los treintas del siglo pasado y el México contemporáneo son radicalmente distintos. Apostarle nuevamente a un autoritarismo populista sustentado y legitimado por estructuras corporativas y prácticas clientelistas en lugar de profundizar en la transformación democrática y en el desarrollo republicano del país podría representar un grave error de cálculo estratégico, un error capaz de provocar que la “cuarta transformación”, más que representar un progreso real para la nación, se convierta en una lamentable regresión histórica.

(*) Federico Seyde Meléndez

Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana y Doctor en Ciencia Política por la Universidad de Essex (Reino Unido). Ha desempeñado diversos cargos en el gobierno federal de México y actualmente es profesor en el Instituto Nacional de Administración Pública y en la Universidad Internacional de la Rioja (España).