Con el juicio político, AMLO quiere sacar de la sucesión a los incómodos: Ornelas Carsolio

Por Jorge Santa Cruz.

Realización: Voces Críticas y Sin Compromisos.

Imagen ilustrativa: Tumisu en Pixabay.

Si se aprueba la nueva ley del juicio de procedencia —también conocida como ley de juicio político—, el presidente de la República la podrá utilizar para quitar del camino a los aspirantes presidenciales que le incomoden, señala el abogado Víctor Manuel Ornelas Carsolio.

Entrevistado por Voces Críticas y Sin Compromisos, el también maestro en justicia federal explica que este juicio de procedencia serviría, además, para deshacerse de todos servidores públicos estatales que le incomoden.

El fallido desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca —señala— motivó que la presente administración ideara un mecanismo que obligue a los estados a acatar la declaración de procedencia emitida por la Cámara de Diputados federal.

Entrevista completa al Mtro. Víctor Manuel Ornelas Carsolio

«Tener un elemento jurídico y de facto que le permita someter a todos los servidores públicos del país, incluyendo a los que pertenecen a las entidades federativas autónomas e independientes vulneraría la independencia y soberanía de las entidades federativas», agrega.

Con esta experiencia —subraya Ornelas Carsolio—, el presidente de la República busca tener poder sobre todos y cada uno de los funcionarios públicos de las entidades federativas, incluyendo, desde luego, a los gobernadores.

«El catálogo de delitos se modifica, pero es sutil la modificación. La parte realmente importante, trascendente, es que la declaratoria del Congreso de la Unión tendrá elementos vinculantes para todos los congresos estatales y, con ello, se verán obligados a acatar la decisión que, desde la Cámara de Diputados federal, se tome al respecto», concluye.

AMLO pretende someter a gobernadores con el juicio político: Ornelas Carsolio

Por Jorge Santa Cruz.

Realización: Voces Críticas y Sin Compromisos.

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El presidente de la República y sus grupos parlamentarios pretenden modificar el juicio político para privar de sus investiduras y procesar penalmente a todos los gobernadores y altos servidores públicos de los estados que desacaten los mandatos emitidos desde Palacio Nacional, advierte el abogado penalista, Víctor Manuel Ornelas Carsolio.

El también maestro en justicia federal considera que el Ejecutivo y sus legisladores quieren modificar el catálogo de delitos por los cuales procedería el juicio político.

En este ejercicio, me parece que sí hay perversidad en cuanto al planteamiento que se propone para este nuevo esquema. Y sí, desde luego, tiene una connotación política que se dirige a perseguir a ciertos funcionarios que no se acomoden al régimen actual”.

Producción: Voces Críticas y Sin Compromisos

Aclara que el juicio político procede únicamente cuando el servidor público tiene la investidura. Esto es, una vez que concluye su mandato, puede ser procesado por cualquier delito. Si el presidente de la República logra su propósito —añade— entonces tendrá una facultad discrecional que le permitirá procesar penalmente a cualquier funcionario que lo incomode.

Ornelas Carsolio concluye que el Ejecutivo federal quiere todo el poder; quiere tener un elemento de presión contra los gobernadores y otros altos servidores públicos de los estados para que se sometan a las decisiones que se toman desde Palacio Nacional.