La 4T ofrece impunidad a cambio de apoyo: Ornelas Carsolio

Por Jorge Santa Cruz

Producción: Voces Críticas y Sin Compromisos

Imagen ilustrativa: Especial

La imagen de Emilio Lozoya Austin dibuja de cuerpo entero el acuerdo que tiene el ex director general de Petróleos Mexicanos con el gobierno federal, señala el abogado penalista Víctor Manuel Ornelas Carsolio.

El también maestro en justicia federal agrega que es una imagen que nos deja claro a todos cuál es el tratamiento que se da a aquellos personajes que, de alguna forma, apoyan a la actual administración para los fines que esta persigue.

Subraya que es muy lamentable ver a un personaje como Emilio Lozoya en estas circunstancias, después de estar acusado de delitos particularmente graves, algunos de ellos de prisión preventiva oficiosa y que, gracias a este acuerdo con el gobierno federal, hoy goza de la mayor impunidad. Tanto, que se da el lujo de cenar en un restaurante de lujo a la luz y a la vista de todos.

Nos habían ofrecido que este gobierno iba a ser distinto y no es distinto, es peor. Lo es por el tema de la hipocresía y por jugar con los anhelos de una sociedad que está ávida de encontrar no venganza, sino justicia; de que se hagan las cosas conforme a derecho. Lamentablemente la aparición de Lozoya Austin en un restaurante de lujo demuestra que no es así.

Entrevista completa al Mtro. Víctor Manuel Ornelas Carsolio

Al referirse a la presentación de dos científicas ante la Fiscalía General de la República (que forman parte de los 31 hombres y mujeres de ciencia que están acusados de delincuencia organizada) y que fueron custodiadas por personal de seguridad fuertemente armado, Ornelas Carsolio, considera inevitable hacer una comparación.

Opina que el trato que recibieron ambas fue sumamente hostil con la finalidad de amedrentarlas, de intimidarlas.

Es increíble que a esta clase de personas se les dé ese trato, y a un hombre que está confeso como un corrupto, que ha intervenido —él sí, me parece— en un entramado de delincuencia organizada, tenga un trato como el que se le da. Es inevitable [la comparación] y la verdad es que es muy penoso para todos y, particularmente para el gobierno federal.

Concluye que el camino para obtener impunidad y trato diferenciado consiste en estar de acuerdo con las peticiones del gobierno federal.

Persecución a científicos tiene tintes de venganza política: Ornelas Carsolio

Por Jorge Santa Cruz.

Producción: Voces Críticas y Sin Compromisos.

Imagen ilustrativa: Gerd Altmann (Pixabay)

La persecución contra los 31 científicos mexicanos tiene tintes de venganza política porque varios de ellos criticaron que el actual fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, haya sido designado como investigador de primer nivel a pesar de que habría utilizado un texto plagiado.

Así lo expone el maestro en justicia federal, Víctor Manuel Ornelas Carsolio, en declaraciones para Voces Críticas y Sin Compromisos.

Destaca que la persecución contra los científicos tiene que ver, también, con las modificaciones a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, mismas que ampliaron el catálogo de delitos, las capacidades punitivas de las instituciones y el poder del Estado.

La delincuencia organizada es un supuesto de excepción en el que los derechos fundamentales se ven considerablemente restringidos en razón de que las personas a las que va dirigido no han logrado introyectar los valores de una sociedad. Resultan particularmente lesivos para la sociedad. Resulta particularmente difícil integrar investigaciones en su contra y por ello, [se tiene] la necesidad de reducir sus derechos fundamentales con la finalidad de facilitar el poder punitivo del Estado en contra de ellos y combatir de mejor manera la delincuencia organizada.

Ornelas Carsolio reconoce que existe la posibilidad de los científicos delincan; sin embargo, considera que es poco probable que los acusados por la Fiscalía General de la República hayan cometido delitos de delincuencia organizada.

Lo que vemos es que esta batalla se dirige en contra de científicos renombrados. Y la parte más relevantes es el antecedente que aparentemente tiene como génesis esta persecución: el señalamiento, la crítica que se hizo al nombramiento del actual fiscal general como investigador de primer nivel en nuestro país, utilizando, aparentemente, una investigación plagiada.

El entrevistado considera que la persecución contra los científicos y contra el excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, anticipa una mayor represión en el país.

Entrevista completa al Mtro. Víctor Manuel Ornelas Carsolio

Ya lo habíamos advertido

El presidente de la República está actuando como jefe de campaña de su partido

Por Víctor Manuel Ornelas Carsolio (*)

Imagen ilustrativa: Raúl Domínguez (Flickr)

Recién iniciaba el año y ya se empezaban a materializar los tintes autoritarios que tanto se han criticado a la presente administración del presidente López Obrador; el 19 de febrero, se publicaba en el Diario Oficial de la Federación un decreto por el cual se reformaban diversas disposiciones normativas de un grupo de Códigos y Leyes en materia de Prisión Preventiva Oficiosa. Hay que decir que la prisión preventiva es una medida cautelar que tiene como finalidad asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo, así como evitar la obstaculización del procedimiento.

Igualmente debe apuntarse que dicha medida cautelar debe ser excepcional, es decir, antes de tomar la decisión de imponer una prisión preventiva deben agotarse todas las demás alternativas para lograr el cometido señalado y sólo cuando ninguna de ellas sea eficiente para la salvaguarda del procedimiento, de las víctimas, ofendidos y testigos, entonces, y sólo entonces, podrá aplicarse dicha medida.

Sin embargo, en el caso de la prisión preventiva oficiosa, esa que debe imponerse porque la Ley así lo indica, se excluye el carácter de excepcional; por el contrario se institucionaliza negando toda posibilidad de ponderación al órgano jurisdiccional y desde luego, se niega toda posibilidad al imputado de garantizar su presencia en el procedimiento, la seguridad de víctimas, etc., así como evitar la obstaculización del procedimiento a través de otra medida menos lesiva; por ende, es una postura arbitraria que lesiona principios y derechos fundamentales como la presunción de inocencia, entre otros. Por ello, sin duda, es una medida autoritaria.

Fiscalía General de la República
Imagen: www.capital-cdmx.org

Ahora bien, a pesar de saber que la prisión preventiva oficiosa es violatoria de derechos fundamentales y que, por ende, debe utilizarse única y exclusivamente en casos extremos, sumamente graves, desde el poder Legislativo, por instrucciones del Ejecutivo se promovió ampliamente su utilización; por ello se amplió de manera significativa el catálogo de delitos en los que debe aplicarse la prisión preventiva oficiosa, es decir, aquella que impide a los imputados asegurar los fines del proceso penal a través de medidas menos lesivas; entre las diversas normas que sufrieron modificaciones se encuentra la Ley General en Materia de Delitos Electorales, en cuyo caso se incorporaron múltiples conductas que constituyen delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.

Cuando se publicó la reforma a la que se hace alusión, muchas voces señalamos que más allá de ser una reforma arbitraria, ilegítima y que violentaba derechos fundamentales tenía marcados tintes políticos y que, parecía mas bien, una modificación a modo que le permitiera al presidente de la República utilizarla como un instrumento en contra de sus adversarios políticos.

Lamentablemente, no nos equivocamos, lo habíamos advertido y hoy lo hemos confirmado, ha sido el presidente de la República quien ha denunciado ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE), a dos de los candidatos aparentemente punteros para la elección de gobernador en el Estado de Nuevo León por la probable comisión de Delitos Electorales.

La conducta que el presidente de la Republica advierte como delictiva, aparentemente consiste en solicitar votos a través de promesas de dinero u otras contraprestaciones, mismas que entiende se han materializado en la entrega de tarjetas a los posibles votantes; sin embargo todos los candidatos y candidatas ofrecen contraprestaciones, los candidatos oficiales en sus ofertas políticas, prometen entregas de dinero y demás contraprestaciones de orden económico, por lo que debería extenderse la denuncia e investigación respectiva igualmente a los candidatos oficiales; sin embargo sólo se señala a los candidatos de la oposición, por ello, es claro que el titular del ejecutivo hace uso faccioso de las instituciones de procuración de justicia, en el caso de la Fiscalía General de la República, utilizándola como la utilizaron otras administraciones para atacar a sus adversarios políticos.

Más allá del aspecto estrictamente jurídico, el cual corresponderá determinar en su investigación a la FEDE, es claro el sesgo político que la medida tiene, es el presidente de la República actuando como coordinador de campaña de su partido político, es el presidente violando la Constitución y las leyes que de ella emanan al intervenir en un proceso electoral en el que él está impedido pues aunque no lo entienda ya no es parte de este, es jefe del Estado Mexicano y ello lo obliga a actuar con imparcialidad.

Ya lo habíamos advertido y lamentablemente está sucediendo.

(*) Víctor Manuel Ornelas Carsolio

Abogado penalista

El circo mediático puede degenerar en violencia política

En esta guerra de lodo, en la que la justicia se politiza y la política se judicializa, también existen «misiles» de la oposición emplazados en «silos ocultos»

Por Jorge Santa Cruz (*)

Imagen ilustrativa: Drkgk – Wikipedia

La figura del «criterio de oportunidad», es decir, la de los testigos protegidos es una claudicación de la justicia. Demuestra que ésta es incapaz de obtener información de manera científica, sin pactar. Además, premia a los presuntos delincuentes, a cambio de obtener de ellos acusaciones a modo para proceder penal y administrativamente contra los enemigos de los gobernantes en turno.

La Cuarta Transformación (4T), autocanonizada, lo sabe y la utilizará para tratar de rescatar la imagen presidencial y la confianza en su partido, Morena.

Entre que si son peras o son manzanas, entre que si las pruebas presentadas por el exdirector de PEMEX, Emilio «L», son ciertas o falsas, la 4T ya tiene su circo mediático armado.

De entrada, se sabe que investigará a los expresidentes Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón Hinojosa, así como al exsecretario de Hacienda del gobierno anterior, Luis Videgaray Caso. También a algunos gobernadores, diputados y senadores.

La 4T necesita del escándalo para recuperar credibilidad y para resarcir la imagen del Presidente de la República. Lo que quiere este gobierno es desviar la atención de las múltiples tragedias que vive la nación (la del Covid-19, la económica, la de seguridad, la educativa…) porque el año próximo habrá elecciones.

En el centro del escándalo están los sobornos pagados por la tristemente célebre empresa Odebrecht a funcionarios mexicanos.

Los cálculos que hacen en la 4T es que amplios sectores del electorado se darán por bien servidos cuando vean comparecer ante un juez a Peña Nieto, Videgaray, Osorio Chong y otros poderosos del pasado reciente.

Existen voceros del sistema que anticipan, incluso, que Calderón Hinojosa será juzgado, pero en Estados Unidos, donde está sometido a proceso quien fuera su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

La autocanonizada 4T se frota las manos porque todo esto les podría redituar millones de votos.

Pero… en esta guerra de lodo, en la que la justicia se politiza y la política se judicializa, también existen misiles de la oposición emplazados en silos ocultos. ¿Descartaría usted que el actual senador priista Miguel Ángel Osorio Chong, exsecretario de Gobernación de Peña Nieto, carezca de información confidencial? Él, que fue el jefe del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN)? ¿O que el mismo Calderón haya sido tan confiado como para no guardarse dos o tres ases bajo la manga?

Lo que están haciendo las cúpulas es empujar al país a una confrontación de consecuencias inimaginables. Llama la atención que el mismo día en que el fiscal general Alejandro Gertz Manero reveló el tenor de las acusaciones hechas por Emilio «L» (martes 11 de agosto), fue asesinado Luis Miranda Cardozo, padre del hoy diputado priista Luis Miranda Nava, hombre muy cercano a Peña Nieto.

Será muy difícil que México levante cabeza si —además de la crisis multifactorial que padece— se ve sumido en otra: la de la violencia política. Nadie en su sano juicio quiere otro 1994.

Aclaramos que no somos partidarios de una paz regida por la impunidad, sino de una paz derivada de la estricta aplicación de la justicia, sin consignas ni venganzas.

Lo mejor que le podría pasar a México es que se conociera toda la verdad y que el peso de la justicia cayera sobre quienes han violado la ley, sean del partido que sean. Pero ni unos ni otros pueden decirse limpios y puros. Lo preocupante es que se están llevando al país entre las patas.

(*) Jorge Santa Cruz

Periodista mexicano con 39 años de trayectoria profesional.