México, a nada de regirse por la ley de la jungla: Ornelas Carsolio

Por Redacción
Imagen ilustrativa: El Comercio (Perú)

La fallida estrategia del presidente de la República en materia de seguridad tiene al país al borde de convertirse en una jungla, donde cualquiera ajuste cuentas a balazos, como en el viejo oeste, considera el abogado penalista Víctor Manuel Ornelas Carsolio.

Entrevistado en exclusiva por VOCES CRÍTICAS, el también maestro en justicia federal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), señala que el gobierno federal da manga ancha a los grupos criminales y propicia (cono lo hicieron sus antecesores) que proliferen los grupos de autodefensa.

Afirma que el presidente de la República está empecinado en atacar a los opositores, en investigar a aquellos que están contra su régimen, dejando de lado el combate a los grupos criminales.

«No hemos visto durante todo lo que va de su gobierno acciones contundentes en contra de la delincuencia organizada; no se ha desmantelado ninguna organización importante; no se han realizado operativos para asegurar droga en cantidades importantes. En cambio, [López Obrador] ha tenido el descaro de salir a agradecer a la delincuencia organizada lo bien que se porta cuando permite que se lleven a cabo elecciones. La delincuencia organizada percibe a un presidente débil».

Entrevista íntegra al Mtro. Víctor Manuel Ornelas Carsolio

En cuanto a la proliferación de los grupos de autodefensas, asevera que es un fenómeno peligroso, muy delicado porque el derecho de sancionar es exclusivo del Estado. «Pero cuando este se ve superado en el cumplimiento de sus principales obligaciones surge la necesidad de que los particulares llenen estos espacios».

El riesgo —agrega— es que no hay forma de controlarlos, forma de definir si efectivamente son buenos; si realizan investigaciones apegadas a derecho; si se respetan los derechos humanos de las personas (incluso de aquellos que pudieran cometer un delito). «Lo que tenemos es, simplemente, grupos armados que pretenderán defender sus intereses y estaremos prácticamente, en una jungla».

Ornelas Carsolio anticipa que el presidente de la República buscará culpar a gobernadores y fiscales de su estrategia fallida.

«Si bien es cierto que el delito de homicidio es un delito del fuero común, lo que también es cierto —y no dice el presidente— es que la inmensa mayoría de estos homicidios, la inmensa mayoría de la violencia generada en el país es justamente provocada por la delincuencia organizada. Y este es un tema de competencia federal».

Estado fallido

La estrategia de seguridad aplicada por los distintos gobiernos —desde 1997 a la fecha— ha fracasado. Y que ese fracaso lo sufre, sobre todo, la población mexicana

Por Jorge Santa Cruz (*)

Imagen ilustrativa: Steve Buissinne (Pixabay)

El combate a la delincuencia organizada dista de ser exitoso y las cifras lo confirman.

Tan solo entre 2017 y los primeros cuatro meses de 2021 fueron asesinadas de manera dolosa casi 145 mil personas.

Las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
dan fe de lo anterior. Citemos las cifras oficiales:

PeriodoHomicidios violentos denunciados
201729 636
201834 655
201935 616
202035 488
Entre enero y abril de 2021 9 399
Elaboración propia con datos del Secretariado Ejecutivo
del Sistema Nacional de Seguridad Pública

La suma es de 144 mil 790 crímenes violentos. El resultado, vale decir, excluye los que se cometieron desde 1997 (año en que inició el conteo) hasta 2015.

¿Qué significa esto?

Que la estrategia de seguridad aplicada por los distintos gobiernos —desde 1997 a la fecha— ha fracasado. Y que ese fracaso lo sufre, sobre todo, la población mexicana. Por cierto: 34 candidatos a puestos de elección popular fueron asesinados desde que comenzó el proceso electoral, en septiembre de 2020, y el momento de publicar el presente artículo. (Reforma, 28 de mayo de 2021, p. 1).

Por otro lado, las evidencias indican que la delincuencia organizada ha golpeado a 27 estados donde habrá elecciones el 6 de junio. (El Universal, 28 de mayo de 2021, p. 1).

Conclusión: la delincuencia en México tiene más poder que las instituciones del país, infiltradas no solo por traidores, sino por ineptos.

(*) Jorge Santa Cruz

Periodista

Narcotráfico y fuerzas armadas

Es indispensable que el actual titular de la Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA) explique al pueblo de México, a través de sus representantes políticos, la extensión de sus vínculos con Cienfuegos

Por Federico Seyde Meléndez (*)

Foto ilustrativa: YouTube

La captura, a solicitud de la Agencia Antinarcóticos de los Estados Unidos (DEA), del General Cienfuegos Zepeda en la Ciudad de Los Ángeles constituye, sin lugar a dudas, un asunto de enorme gravedad política ya que confirma la participación del más alto nivel de liderazgo al interior de las fuerzas armadas mexicanas, o al menos de un sector importante del mismo, en el crimen organizado.

La participación de militares en operaciones delictivas vinculadas al tráfico de estupefacientes era algo que ya se rumoraba e incluso conocía, sin embargo la captura de Cienfuegos evidencia que este involucramiento ha llegado hasta las jerarquías superiores de la institución federal que ha detentado siempre, y continúa detentando en la actualidad, el más alto nivel de responsabilidad operativa en la lucha contra esta terrible hidra de mil cabezas.

¿Qué se puede esperar de la lucha contra el crimen organizado en general y contra el narcotráfico en particular en un país del tamaño y complejidad de México si el Secretario de la Defensa de la anterior administración presidencial no era parte de la solución sino parte fundamental del problema? ¿Qué se puede pensar o suponer de manera lógica, y sin afán persecutorio en contra de personaje alguno, con relación a los actuales jefes del ejército?

Esto último es particularmente importante si consideramos que el ascenso dentro de las fuerzas armadas mexicanas obedece a una lógica interna y no, como ocurre en el caso de otras instituciones gubernamentales, a decisiones de carácter político surgidas en instancias de poder externas a las corporaciones mismas. No es el Congreso Federal ni el Presidente de la República, sino la organización de la propia cúpula militar, quien propone a la persona que habrá de ocupar el cargo de Secretario de la Defensa en el marco temporal de un determinado sexenio.

Lo anterior implica que el sucesor de Cienfuegos en la titularidad de la Secretaría de la Defensa fue parte de su equipo de colaboradores y tanto su ascenso al interior de la organización como el hecho mismo de haber sido propuesto como relevo estuvo necesariamente vinculado a la voluntad y a los intereses de quien ahora enfrenta a la justicia norteamericana.

En virtud de lo anterior, es indispensable que el actual titular de la Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA) explique al pueblo de México, a través de sus representantes políticos, la extensión de sus vínculos con Cienfuegos, así como los pormenores del proceso de degradación ética que hizo posible que semejante nivel de corrupción pudiera surgir y desarrollarse en las más altas esferas de la institución que actualmente le corresponde dirigir.

Si el titular de la SEDENA no es capaz de explicar esto de manera satisfactoria deberá ser relevado inmediatamente de su cargo por el Presidente de la República a fin de que un militar libre de toda sospecha de complicidad con la delincuencia organizada ocupe su puesto. En un asunto tan complejo y delicado no caben “las medias tintas” y esto es algo particularmente importante en el caso de un gobierno que desde sus inicios ha convertido la “lucha contra la corrupción” en una especie de cruzada histórica y, desde una perspectiva ideológica, en el punto nodal de su discurso de legitimidad.

Las fuerzas armadas mexicanas han sido fundamentales para la estabilidad política de país. Hasta hace muy poco tiempo su nivel de reconocimiento y prestigio al interior de la sociedad mexicana era el más elevado de entre todas las instituciones que configuran el gobierno federal. Desde finales del siglo pasado se consideró que involucrar de manera directa al ejército en la lucha contra el narcotráfico implicaba un enorme riesgo para la legitimidad de la institución dado el enorme poder corruptor de un negocio que mueve anualmente muchas decenas de miles de millones de dólares en efectivo.

La detención de Cienfuegos en Los Ángeles pone de manifiesto la certeza de estas apreciaciones. Quien se acerca demasiado al fuego termina quemándose. Al día de hoy se continúa debatiendo sobre lo acertado o equivocado de haber colocado al ejército al frente de la lucha contra la delincuencia organizada.

En mi opinión, es un debate importante que debe seguir llevándose a cabo tanto en espacios académicos como fuera de ellos. Yo en lo personal considero que dada la magnitud del problema y, especialmente, dado el alto nivel de organización y poder de fuego alcanzado por los cárteles de la droga, la intervención del ejército era inevitable.

Desde mi punto de vista, lo importante a raíz de esta experiencia es aprender de lo ocurrido para de esta forma estar en condiciones de diseñar y operar estrategias de acción gubernamental que permitan aprovechar las capacidades tácticas de las fuerzas armadas sin poner en riesgo su integridad ética y profesional.

El Ejército Mexicano debe continuar luchando contra los enemigos del Estado, tanto externos como internos, y para ello es indispensable fortalecerlo y, de ser necesario, depurar sus cuadros y modernizar sus estructuras a fin de eliminar la presencia de aquellos elementos y prácticas que le corrompen y merman su capacidad de acción.

En virtud del tamaño de los retos que nuestro país enfrenta en materia de seguridad nacional, el Ejército debe convertirse en una institución de excelencia, provista de cuadros profesionales altamente capacitados y muy bien remunerados. La detención de Cienfuegos en Los Ángeles revela con absoluta claridad que el narcotráfico y el crimen organizado han dejado de ser problemas de seguridad pública para transformarse en problemas de seguridad nacional o, en otras palabras, en problemas que no solamente amenazan a la sociedad civil, sino que también amenazan al gobierno y con ello al Estado en su conjunto.

El Presidente de México dijo recientemente que lo ocurrido con el General Cienfuegos no debe afectar la imagen del Ejército. Haciendo uso de la narrativa extremista y polarizante a que nos tiene acostumbrados, sugirió que el hecho mismo de suponer que los actuales jefes militares pueden haber tenido participación en la red de corrupción criminal capitaneada por quien fuera su superior por espacio de seis años constituye un acto de deslealtad contra una institución fundamental del Estado Mexicano, un acto de deslealtad propio de elementos reaccionarios que se oponen a la transformación del país que él encabeza.

En mi opinión es todo lo contrario. Suponer que la corrupción interna de las fuerzas armadas continúa presente y exigir una investigación a fondo, especialmente como resultado del altísimo nivel de responsabilidad e influencia de Cienfuegos al interior de las mismas, es algo absolutamente lógico y no constituye en forma alguna un acto de deslealtad sino, más bien, un acto de responsabilidad democrática y republicana.

Es de fundamental importancia que el Ejército recupere credibilidad ante la ciudadanía y la única forma de lograr esto es investigando con todo rigor lo ocurrido y aplicando la ley sin cortapisas. No será posible luchar con posibilidades reales de éxito contra la delincuencia organizada sin llevar a cabo una investigación profunda de lo ocurrido bajo el mando de Cienfuegos, revelando los resultados obtenidos con absoluta transparencia y, en caso de resultar necesario, instrumentando una depuración profunda de las fuerzas armadas removiendo a quien deba ser removido y procesando a quien deba ser procesado.

Actuar de manera congruente, inteligente y valiente frente a este gravísimo problema es, sin lugar a dudas, el mayor reto político que hasta el momento ha enfrentado la administración presidencial de Andrés Manuel López Obrador. Su manera de proceder pondrá de manifiesto su verdadera dimensión como gobernante y tornará creíbles o revelará como fantasiosas e infundadas sus pretensiones de estadista.

Este enorme reto constituye una oportunidad invaluable para que el actual Presidente de México demuestre, más allá del discurso populista a que nos tiene acostumbrados y a través del cual pretende situarse al mismo nivel de trascendencia histórica de Juárez y Madero, que su compromiso político fundamental es con las instituciones y no con las personas que se encuentran al frente de ellas. Contar con un ejército limpio y altamente profesionalizado es indispensable para lograr transformar a México en una verdadera república democrática y en un auténtico Estado de derecho.

(*) Federico Seyde Meléndez

Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana y Doctor en Ciencia Política por la Universidad de Essex (Reino Unido). Ha desempeñado diversos cargos en el gobierno federal de México y actualmente es profesor en el Instituto Nacional de Administración Pública y en la Universidad Internacional de la Rioja (España).