AMLO pretende acabar con la autonomía universitaria y destruir a la UNAM: Ornelas Carsolio

Por Jorge Santa Cruz

Producción: Voces Críticas y Sin Compromisos

Imagen ilustrativa: UNAM

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ataca a la Universidad Nacional Autónoma de México porque quiere quitarle su autonomía y luego destruirla, denuncia el abogado Víctor Manuel Ornelas Carsolio.

Egresado de la Facultad de Derecho de la máxima casa de estudios del país, explica que la finalidad del Ejecutivo federal consiste en ensuciarla y desprestigiarla para después decir: “Es necesario intervenir en la Universidad para poner orden y limpiarla”. Lo que seguiría después sería la destrucción de la UNAM.

Profesor de las facultades de Derecho y de Contaduría y Administración de la UNAM, Ornelas Carsolio contradice las acusaciones de López Obrador en el sentido de que la Universidad Nacional sea neoliberal; es falso, también —añade— que la institución promueva el individualismo y que haya perdido su esencia.

Entrevista completa al Lic. Víctor Manuel Ornelas Carsolio

Luego de calificar a López Obrador de «perverso», aclara que el 70 por ciento de los alumnos de la UNAM tiene nivel económico bajo o medio bajo. Esto quiere decir que da a la juventud mexicana la oportunidad de formarse.

Asegura que es de las pocas instituciones públicas que funcionan, y resalta que la UNAM está entre las cien principales universidades del mundo.

Apunta que la UNAM tiene cientos de miles de egresados; también, que en ella, se hace la principal investigación a nivel nacional. Los institutos más importantes le pertenecen y los ganadores mexicanos del Premio Nobel han estudiado en sus aulas.

El presidente —en palabras del entrevistado— «no tiene idea de la realidad de la Universidad Nacional».

La ausencia de López Obrador en el Senado, señal de debilidad política: Ornelas Carsolio

Por Jorge Santa Cruz

Producción: Voces Críticas y Sin Compromisos

Imagen ilustrativa: Senado de la República

La ausencia del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en la ceremonia de entrega de la Medalla Belisario Domínguez muestra la debilidad y cobardía política del jefe del Ejecutivo, en opinión del abogado Víctor Manuel Ornelas Carsolio.

Entrevistado en exclusiva, el también maestro en justicia federal señala que los argumentos de cuidar la investidura presidencial y evitar escándalos carecen de validez, pues ha sido el propio mandatario quien ha menospreciado la dignidad presidencial con las afrentas que ha hecho a la sociedad mexicana.

Puso como ejemplos de lo anterior las felicitaciones a los grupos criminales y el saludo de mano a la madre del narcotráficante más peligroso (Joaquín el Chapo Guzmán Loera); también, las ofensas a la clase media y a las personas que buscan mejorar su calidad de vida, a las que se refiere con el calificativo de aspiracionistas.

Su renuencia a encarar a la senadora de oposición Lily Téllez confirma que López Obrador se siente cómodo cuando tiene el cobijo de sus huestes, ante las cuales sigue vendiendo políticamente su imagen como lo ha hecho en los últimos 18 años; el presidente de la República está en campaña permanente, concluye Ornelas Carsolio.

Entrevista completa al Mtro. Víctor Manuel Ornelas Carsolio

Pueblos buenos y gobiernos malos

Al interior de todo Estado nacional moderno, la existencia de la democracia es producto de una particular forma de relación orgánica entre pueblo y gobierno o, en otras palabras, es producto de una particular forma de integración dinámica entre dos componentes orgánicos de una misma totalidad social

Por Federico Seyde Meléndez (*)

Imagen ilustrativa: Universidad Autónoma de Nuevo León

El concepto de pueblo es una abstracción jurídica y política que nace en el marco histórico de la transición del Estado absolutista al Estado democrático. Se trata de un concepto directamente vinculado a una nueva forma de legitimidad del poder estatal, una forma anclada en la idea iluminista, teorizada y expuesta de manera magistral por Juan Jacobo Rousseau y más adelante por Emanuel Kant, de que el poder supremo e independiente del Estado, su soberanía, es un atributo inmanente a la comunidad política o, en otras palabras, una manifestación de la “voluntad general” o del sentir mayoritario de una república sustentada en derechos universales e instituciones plenamente comprometidas con la satisfacción del “interés público”. De hecho el concepto de pueblo, en el marco de la teoría jurídica del Estado (Staatslehre) que surge a partir de Kant y Hegel y que se desarrolla notablemente en Europa continental a través de las obras de grandes juristas como Jorge Jellinek, Hans Kelsen, Hermann Heller, Raymond Carré de Malberg y André Hauriou, constituye junto con el gobierno y el territorio uno de los tres componentes del Estado moderno entendido como totalidad jurídico-política.

Por lo que respecta al ámbito de la ciencia política, pueblo y gobierno son conceptos teóricos que permiten interpretar la compleja dinámica de los Estados nacionales modernos y, en este sentido, es importante tratar de caracterizar la relación que mantienen al interior de formaciones estatales concretas o “históricas” de una manera objetiva, es decir, evitando los prejuicios que derivan de la utilización de conceptos y adjetivos morales que no tienen cabida en el ámbito de una epistemología realista. En este sentido, desde una perspectiva académica no hay pueblo esencialmente “bueno”, como tampoco resulta acertado en términos científicos caracterizar a un determinado gobierno como esencialmente “malo”. De lo que sí es posible hablar es de la calidad de la democracia, de la eficacia del proceso de gobernanza y del nivel de “gobernabilidad democrática” que, en una determinada coyuntura histórica, existe al interior de Estados específicos como resultado del tipo de interacciones existentes entre el conjunto de órganos constitucionales e instituciones que dan forma al gobierno y el conjunto de individuos, asociaciones y corporaciones que dan forma al pueblo o “sociedad civil”.

Lo anterior implica que, al interior de todo Estado nacional moderno, la existencia de la democracia es producto de una particular forma de relación orgánica entre pueblo y gobierno o, en otras palabras, es producto de una particular forma de integración dinámica entre dos componentes orgánicos de una misma totalidad social. Esto significa que cuando la democracia se convierte en parte fundamental de una cosmovisión o “visión del mundo” (weltanschauung) y, como resultado de ello, la concepción democrático-liberal del Estado se convierte en la ideología dominante, resulta sumamente difícil y costoso para el gobierno preservar, en un horizonte de largo plazo, formas de conducción política no-democráticas. En este sentido, el autoritarismo gubernamental es incompatible estructuralmente con sociedades civiles plenamente inmersas en la modernidad y, cuando éste llega a manifestarse, lo hace por poco tiempo como ocurrió en el caso de Alemania entre 1933 y 1945 bajo el régimen nacional-socialista o, recientemente, en los Estados Unidos de América bajo la administración presidencial del advenedizo Donald Trump. Lo anterior queda claramente demostrado por el hecho de que, una vez derrotado el nazismo, Alemania no tardó en convertirse en una de las más avanzadas y sólidas democracias sociales del mundo y los Estados Unidos de América corrigieron el inmenso error de haber elegido a Donald Trump poniendo en la Casa Blanca a un político profesional que, con independencia de sus virtudes y limitaciones personales, tiene perfectamente claro lo que implica ser líder de un Estado democrático de derecho.

Hablar de un pueblo esencialmente “bueno” y de un gobierno esencialmente “malo” en términos morales solamente tiene cabida en el marco de un discurso demagógico y, en este sentido, esencialmente no-democrático. En el diccionario de la Lengua Española de la Real Academia, la demagogia es definida, de manera por cierto muy acertada en términos teóricos, como una “práctica política consistente en ganarse con halagos el favor popular” y como una “degeneración de la democracia, consistente en que los políticos, mediante concesiones y halagos a los sentimientos elementales de los ciudadanos, tratan de conseguir o mantener el poder”.

El tipo de comunicación política que el actual presidente de México mantiene con los sectores populares del país, no solamente es de carácter demagógico sino claramente clientelista. La expresión “amor con amor se paga” (que por cierto Hugo Chávez utilizaba con la misma frecuencia e intencionalidad) constituye un claro ejemplo de lo anterior. Con base en la lógica semiótica que deriva de esta expresión claramente demagógica, al pueblo no se le da lo que merece y requiere por el simple hecho de que así lo estipula la constitución y las leyes que de ella emanan, sino porque ha sido y continúa siendo leal a su caudillo. A través de este tipo de discurso el demagogo sustituye el concepto democrático de pueblo como sociedad civil, es decir, como componente orgánico de un Estado provisto de un sistema republicano de gobierno, por un concepto oclocrático que lo concibe como “plebe o muchedumbre” y que se encuentra directamente vinculado a una concepción paternalista y básicamente autoritaria del Estado y su aparato gubernamental.

Esta anti-democrática conceptualización del orden estatal ha hecho que López Obrador, entre otras barbaridades, afirme que el pueblo de México es intrínseca y esencialmente “sabio” y que los narcotraficantes y otros delincuentes organizados “también son pueblo” o, en otras palabras, también son parte de esa enorme masa de gente pobre en cuyo beneficio está llamado a operar el gobierno de la “cuarta transformación”. ¿Cómo es posible que un pueblo intrínseca o naturalmente sabio produzca delincuentes capaces de asesinar sin piedad a otros seres humanos y en la mayoría de los casos a personas que proceden de su misma extracción social? Este es el tipo de disparates en que incurre un gobernante que, por mucho hablar y poco escuchar, trata temas importantes e incluso fundamentales con una apabullante superficialidad y ligereza. Ningún sector del pueblo es “sabio” o “bueno”, “necio” o “malo”, en un sentido esencial o natural. En todos los sectores que dan forma a la sociedad civil se manifiestan ideas y comportamientos tanto favorables como contrarios a la democracia y al Estado de derecho. Es claro que detrás de la delincuencia en general hay miseria, marginación social y falta de oportunidades pero también es evidente que en el caso de sus formas más sofisticadas y brutales hay una actitud de profundo desprecio por la dignidad y la vida de los seres humanos que definitivamente no depende del status socio-económico de quienes la asumen.

De igual manera resulta claramente demagógico y, además, claramente absurdo en términos de interpretación histórica, el calificar a todos los gobiernos previos al actual y, de manera especial, a todos los gobiernos supuestamente “neoliberales” surgidos a partir de la administración presidencial de Carlos Salinas de Gortari, como gobiernos esencialmente perversos y organizados con la única finalidad de explotar y despojar al pueblo de México o, mejor dicho, a los sectores populares del pueblo de México. Esta narrativa, no obstante su maniqueísmo y simplicidad intelectual, es sumamente peligrosa ya que no se trata de una narrativa diferente, en su fundamentación ideológica y estructuración semiótica, a todas las narrativas demagógicas de refundación estatal en que se han cimentado las dictaduras más ominosas de la historia.

Con independencia del sistema de ideas en el que pretenden sustentar su legitimidad, con independencia de que se proyecten ante la sociedad como discursos de izquierda o de derecha, “liberales” o “conservadores”, todas estas formas paternalistas y autoritarias de comunicación política tienen en común su carácter demagógico. Se trata de narrativas que pretenden salvar al “pueblo bueno” de los garras y fauces depredadoras de “gobiernos perversos”, vinculados a oscuros intereses tanto nacionales como extranjeros. Se trata de estrategias que comparten una visión maniquea y distorsionada de la realidad política que, paradójicamente, les hace despreciar las leyes e instituciones democráticas que les permitieron llegar al poder.

Después de tres años al frente del poder ejecutivo federal, el presidente López Obrador tendría que comenzar a reconocer la importancia de sustituir el discurso polarizante y maniqueo que le permitió lograr el apoyo electoral mayoritario de los sectores populares del país, por un discurso centrado en la unidad fundamental de la nación mexicana y en la participación que todos los sectores sociales deben tener en la construcción de un orden estatal auténticamente republicano y democrático. Es tiempo de que el líder opositor se transforme en un auténtico “jefe de Estado”. A estas alturas del sexenio denostar cotidianamente a los “adversarios” políticos e ideológicos de la “cuarta transformación” no sólo es absurdo sino contraproducente. La posibilidad de justificar fracasos y errores aludiendo al ominoso legado de los nefastos e intrínsecamente corruptos “neoliberales” se ha agotado. Es tiempo de generar ideas, de generar visiones de futuro que sienten las bases de los cambios estructurales e institucionales que requiere el fortalecimiento de la democracia mexicana.

La última mitad del sexenio debe ser fundamentalmente constructiva y para ello el presidente debe comenzar a rodearse de gente inteligente y creativa como en su momento lo hizo Benito Juárez. En verdad llama la atención la ingenuidad con que López Obrador pretende utilizar de manera peyorativa el concepto gramsciano de “intelectuales orgánicos” para referirse a los críticos de su gobierno, cuando lo que necesita desesperadamente su movimiento es gente pensante. Los sistemas hegemónicos solamente pueden confrontarse de manera exitosa con proyectos contra-hegemónicos y estos necesariamente necesitan ideólogos. ¿Quiénes son los ideólogos de la cuarta transformación? ¿dónde están? Estas preguntas seguirán sin respuesta en tanto el presidente de México siga monopolizando el uso de la palabra, rodeándose de aduladores sin talento y reduciendo el nivel del debate político nacional a una burda dialéctica entre pueblos buenos y gobiernos malos.

(*) Federico Seyde Meléndez

Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana y Doctor en Ciencia Política por la Universidad de Essex (Reino Unido). Ha desempeñado diversos cargos en el gobierno federal de México y actualmente es profesor en el Instituto Nacional de Administración Pública y en la Universidad Internacional de la Rioja (España).

Con el juicio político, AMLO quiere sacar de la sucesión a los incómodos: Ornelas Carsolio

Por Jorge Santa Cruz.

Realización: Voces Críticas y Sin Compromisos.

Imagen ilustrativa: Tumisu en Pixabay.

Si se aprueba la nueva ley del juicio de procedencia —también conocida como ley de juicio político—, el presidente de la República la podrá utilizar para quitar del camino a los aspirantes presidenciales que le incomoden, señala el abogado Víctor Manuel Ornelas Carsolio.

Entrevistado por Voces Críticas y Sin Compromisos, el también maestro en justicia federal explica que este juicio de procedencia serviría, además, para deshacerse de todos servidores públicos estatales que le incomoden.

El fallido desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca —señala— motivó que la presente administración ideara un mecanismo que obligue a los estados a acatar la declaración de procedencia emitida por la Cámara de Diputados federal.

Entrevista completa al Mtro. Víctor Manuel Ornelas Carsolio

«Tener un elemento jurídico y de facto que le permita someter a todos los servidores públicos del país, incluyendo a los que pertenecen a las entidades federativas autónomas e independientes vulneraría la independencia y soberanía de las entidades federativas», agrega.

Con esta experiencia —subraya Ornelas Carsolio—, el presidente de la República busca tener poder sobre todos y cada uno de los funcionarios públicos de las entidades federativas, incluyendo, desde luego, a los gobernadores.

«El catálogo de delitos se modifica, pero es sutil la modificación. La parte realmente importante, trascendente, es que la declaratoria del Congreso de la Unión tendrá elementos vinculantes para todos los congresos estatales y, con ello, se verán obligados a acatar la decisión que, desde la Cámara de Diputados federal, se tome al respecto», concluye.

Es falsa la propaganda del Ejército sobre la consumación de la Independencia: Rosales Betancourt

Por Jorge Santa Cruz

Realización: Voces Críticas y Sin Compromisos

Imagen ilustrativa: Especial

Profesor de derecho de la UNAM desde hace 45 años, Mario Rosales Betancourt, asegura que es falsa propaganda oficial del Ejército mexicano en el sentido de que el 28 de septiembre de 1821 se consumó la independencia de la República Mexicana.

Ese día —explica— se firmó el «Acta de Independencia del Imperio Mexicano», misma que establecía un gobierno monárquico, constitucional y moderado que era opuesto al espíritu liberal de la Constitución de Cádiz de 1812.

Docente en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, Rosales Betancourt considera que esta manipulación histórica obedece al interés del actual presidente de la República de ocultar que el consumador de la Independencia, Agustín de Iturbide, representaba más a «grupos privilegiados» que al pueblo mexicano.

Entrevista completa al abogado Mario Rosales Betancourt

El también periodista y abogado señala, sin embargo, que Iturbide tuvo el talento para entrar victorioso a la Ciudad de México sin provocar un derramamiento de sangre, a diferencia de lo que sucedió cuando Hernán Cortés y sus aliados tomaron la ciudad de México Tenochtitlan el 13 de agosto de 1521.

El entrevistado afirma que la República Mexicana surgió, como tal —copiando el modelo federalista estadounidense— con la Constitución del 4 de octubre de 1824, la que permitió a Guadalupe Victoria ser el primer presidente de México.

Rosales Betancourt apunta, finalmente, que la monarquía española reconoció la independencia de México en el Tratado Definitivo de Paz y Amistad entre la República Mexicana y Su Majestad Católica la Reina Gobernadora de España, firmado en Madrid el 29 de diciembre de 1836.

La segunda parte del sexenio será mucho peor: Ornelas Carsolio

Por Jorge Santa Cruz

Imagen ilustrativa: de izquierda a derecha, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández; el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y la nueva consejera jurídica de la Presidencia de la República, María Estela Ríos González. (Foto: Gobierno de México).

La llegada de Adán Augusto López a la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y de Martí Batres a la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México permiten prever que la segunda parte del sexenio será mucho peor, anticipa el maestro en justicia federal, Víctor Manuel Ornelas Carsolio.

El también abogado penalista califica a ambos funcionarios de “golpeadores”, de incondicionales del Presidente de la República que rechazan la negociación, la apertura y la reconciliación social. Adán Augusto López tiene el antecedente de haber impulsado, como gobernador de Tabasco, una ley antimanifestaciones represiva y Batres, de haber ordenado que la fuerza pública atacara a alcaldes electos de oposición apenas el lunes 23 de agosto pasado, frente al Congreso de la Ciudad de México.

Coproducción de Voces Críticas y Sin Compromisos

En cuanto a la llegada de Olga Sánchez Cordero (ex titular de SEGOB) al Senado de la República, el entrevistado considera que tiene como objetivo fortalecer la posición del gobierno federal en las negociaciones con la oposición.

Ornelas Carsolio prevé, sin embargo, que la gestión de Sánchez Cordero será infructuosa debido a su falta de habilidad política y al desgaste provocado por el propio Presidente a su administración.

El sometimiento abyecto de los funcionarios del gabinete, aunado a su incompetencia y a la ley del garrote, agravarán los problemas del país en seguridad pública, economía, salud y los aspectos sociales sensibles, opina el especialista.

Para colmo, concluye, el Presidente de la República acapara todo: lanza, recibe, batea y no deja batear a los demás.

La persecución podría favorecer las aspiraciones presidenciales de Anaya: Ornelas Carsolio

Por Jorge Santa Cruz

Imagen ilustrativa: Gobierno de México

Si el excandidato presidencial, Ricardo Anaya, sabe aprovechar la persecución política, fortalecerá sus aspiraciones presidenciales para el 2024, considera el maestro en justicia federal, Víctor Manuel Ornelas Carsolio.

Señala que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ordenó el acoso a judicial contra Anaya para desviar la atención nacional de los grandes problemas del país.

Producción conjunta de Voces Críticas y Periodismo Sin Compromisos

Afirma que el caso Anaya desnuda al jefe del Ejecutivo como un persecutor político que, quizá sin quererlo, coloca al excandidato presidencial del PAN en el debate nacional.

La oposición cometería un error político si negocia el cese de la persecución judicial contra Anaya a cambio de aprobar la consulta para la revocación de mandato en los términos que quiere López Obrador. Anaya es un político joven, inteligente, con ideas interesantes, que pudiera presentar un perfil combativo al presidente de la República en 2024, concluye Ornelas Carsolio.

AMLO pierde poder por la crisis en la SCJN y el TEPJF: Ornelas Carsolio

Por Redacción.

Imagen ilustrativa: Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El presidente Andrés Manuel López Obrador quedó disminuido luego de que el ministro Zaldívar rechazó ampliar su mandato al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y de que el ministro Vargas fue destituido como presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), señala el abogado Víctor Manuel Ornelas Carsolio.

Subraya que las acusaciones del primer mandatario en el sentido de que el poder judicial está lleno de jueces, magistrados y ministros corruptos tensó la relación entre la SCJN y la Presidencia de la República, lo cual terminó por perjudicarlo.

En cuanto a la negativa de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea de prorrogar su mandato hasta 2024, el entrevistado considera que tomó la decisión debido al rechazo mayoritario de los otros magistrados de la Corte. “Los pares de Zaldívar lo ven como cobarde, porque no ha sabido defenderlos de López Obrador, ni ha sabido defender la independencia del poder judicial”.

Ornelas Carsolio rechaza que la decisión de Zaldívar Lelo de Larrea haya sido ética; si hubiera querido proceder éticamente —agrega—, habría dicho que no inmediatamente.

En cuanto a la destitución de José Luis Vargas como presidente del TEPJF, opina que López Obrador se desgastó innecesariamente al haberse involucrado en el enfrentamiento entre los magistrados.

De manera paradójica —concluye—, esta situación fortalece al Poder Judicial, pues le devuelve independencia.

Ornelas Carsolio, quien tiene una maestría en justicia federal, considera finalmente que los operadores del jefe del Ejecutivo federal carecieron de la fuerza y de la eficacia para consumar las imposiciones ordenadas por el presidente de la República.

El fracaso de una consulta ciudadana populista y demagógica

Por Federico Seyde (*).

Imagen ilustrativa: Especial.

La fracasada consulta ciudadana llevada a cabo el pasado domingo primero de agosto constituye una clara manifestación de la naturaleza populista y autoritaria de la administración presidencial de Andrés Manuel López Obrador. Definido en términos generales, el populismo es un modelo de comunicación y acción política sustentado en la construcción y preservación de una relación de dependencia entre un líder carismático y un conjunto de sectores “populares” agraviados o, para ser más precisos, un conjunto de sectores sociales que se consideran a sí mismos, en la enorme mayoría de los casos con razones objetivas para ello, como excluidos o marginados de los beneficios generados por un determinado modelo histórico de organización estatal. Es importante tener claro que por “organización estatal” no debemos entender solamente una forma particular de organización política sino también, y de manera sumamente importante, una forma particular de organización económica. En este sentido, cada forma histórica del Estado moderno se caracteriza por un patrón específico de integración orgánica entre estructuras políticas y estructuras económicas cuyo equilibrio y preservación depende del adecuado funcionamiento de una compleja red de discursos ideológicos y prácticas estratégicas. Lo anterior implica que esta integración orgánica es potencialmente contradictoria por lo que debe ser continuamente regulada a fin de evitar su deterioro y eventual colapso. La crisis orgánica de un determinado modelo histórico de organización estatal irrumpe cuando las contradicciones estructurales entre los imperativos planteados por el proceso de legitimación política y los imperativos planteados por el proceso de reproducción económica alcanzan un punto “crítico” que rebasa las capacidades de regulación del aparato gubernamental del Estado.

Dentro de esta línea de argumentación, el aplastante triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador y su partido político puede interpretarse como la particular expresión histórica adoptada por la crisis orgánica de una forma específica de organización estatal en México. Esta crisis orgánica surgió a partir de la existencia de una relación estructural, crecientemente contradictoria, entre un modelo económico excluyente y un modelo de legitimidad política basado en una narrativa de inclusión dirigida no sólo a las clases medias sino también a los segmentos o sectores “populares”. Esta tensión entre la realidad económica y las expectativas de bienestar material y movilidad social de amplios sectores de la población mexicana alcanzó niveles explosivos en el marco histórico del proceso de alternancia democrática que, a nivel del poder ejecutivo federal, dio inicio a partir del año 2000 con la conquista del poder presidencial por parte del Partido Acción Nacional (PAN), un partido político de centro-derecha que, si bien se distanció del PRI en términos ideológicos y discursivos, mantuvo inalteradas las estructuras económicas y políticas del Estado. En virtud de lo anterior, es decir, en términos de la particular configuración estructural que adoptó la crisis orgánica del Estado en México, el triunfo electoral de la izquierda puede ser considerado como un resultado lógico, e incluso inevitable, de la transición democrática. El principal problema, al menos desde mi punto de vista, no emana del triunfo electoral de la izquierda y ni siquiera del hecho de que la izquierda triunfante haya logrado acceder al poder mediante la utilización de narrativas e imaginarios políticos populistas. La enorme mayoría de los partidos políticos de izquierda que han conquistado el control del aparato gubernamental del Estado a través de procesos electorales tanto en la Europa mediterránea como en América Latina se han apoyado en discursos de carácter populista encaminados a conquistar el apoyo de las grandes mayorías. El principal problema radica en el hecho de que la izquierda que accedió al poder en 2018 no es una izquierda liberal armada de un discurso populista de carácter democrático, sino más bien una izquierda autoritaria y clientelista armada de un discurso populista claramente demagógico.

Es por lo tanto fundamental distinguir entre el populismo “democrático” y el populismo “autoritario”. Si bien en ambos casos el líder carismático establece una comunicación directa e interdependiente con las masas populares, en el caso del populismo democrático las prácticas o acciones estratégicas del modelo de gobernanza que surge del triunfo electoral no sólo se ciñen al marco constitucional que define el orden legal e institucional del Estado, sino que se instrumentan e implementan a través de políticas públicas cuidadosamente diseñadas a partir de diagnósticos certeros, basados en evidencia empírica y en teorías científicas, de las problemáticas concretas que enfrenta la sociedad civil. El populismo autoritario, por el contrario, tiende por su propia naturaleza a subvertir el orden constitucional imperante, especialmente cuando los arreglos institucionales derivados de éste limitan el poder efectivo del líder o “caudillo”, y a funcionar de manera “ideológica”, es decir, mediante acciones estratégicas que subordinan el análisis objetivo de la realidad a los grandes dogmas que confieren legitimidad al Estado. El fracaso de muchos regímenes populistas de perfiles autoritarios y totalitarios ha sido en gran medida producto de la incapacidad de sus líderes para diferenciar entre los fundamentos ideológicos que confieren identidad y rumbo al Estado y las particularidades de la realidad histórica que éste enfrenta. El colapso de la Alemania Nazi y la Rusia Soviética constituyen dos claros ejemplos de regímenes políticos que infructuosamente pretendieron ajustar la realidad a los imperativos planteados por marcos ideológicos dogmáticos. Esta característica propia del populismo autoritario le confiere un carácter abierta y claramente demagógico. En el marco del populismo autoritario es fundamental preservar la narrativa ideológica del régimen, aun en aquellas circunstancias históricas en las cuales la evidencia empírica y el análisis académico claramente revelan su incompatibilidad con la realidad.

Desde mi punto de vista, la consulta ciudadana del pasado primero de agosto confirma la naturaleza populista y autoritaria del modelo de gobernanza puesto en marcha por la administración presidencial de López Obrador en virtud de cuatro consideraciones fundamentales. En primer lugar, la decisión de llevarla a cabo por parte del poder ejecutivo federal atenta contra los fundamentos del Estado de derecho toda vez que éste se basa en el imperio de la ley, es decir, en la idea de que ninguna voluntad individual o colectiva puede situarse por encima de sus estipulaciones y mandatos y, en virtud de ello, es absurdo consultarle al pueblo su aplicación en un caso concreto. Si algún actor político, con independencia de su jerarquía, incurrió en actos contrarios a los fundamentos de legalidad del Estado Mexicano éste debe ser investigado y, en su caso, sujeto a proceso con arreglo a las leyes vigentes sin necesidad de llevar a cabo consulta popular alguna. Es válido consultar al pueblo sobre la pertinencia o necesidad de modificar la ley, pero no es válido consultarlo sobre la pertinencia o necesidad de aplicarla por parte del poder público. En segundo lugar, este acto político atenta contra los principios de separación de poderes y autonomía institucional que han hecho posible el desarrollo de la democracia en México ya que su realización no solamente implicó forzar una decisión por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (de ahí la confusa redacción de la pregunta objeto de la consulta), sino que también implicó forzar al Instituto Nacional Electoral a la realización de una tarea absurda, costosa y para la cual esta institución no fue diseñada. El INE se creó para conferirle legalidad y certeza a los procesos electorales propios de una democracia representativa y no para organizar consultas caprichosas e innecesarias. En tercer lugar, este acto político fue claramente demagógico ya que los supuestos delitos en que incurrieron los presidentes “neoliberales” son sumamente difíciles de probar judicialmente y, en este sentido, están muy lejos de ofrecer sustento para el ejercicio de la acción penal por parte del Estado Mexicano. Esta realidad pone de manifiesto que la verdadera estrategia detrás de la consulta no fue la de juzgar a los expresidentes a fin de combatir la impunidad y restaurar la deteriorada credibilidad del sistema judicial (si este fuera el caso las declaraciones de Lozoya Austin serían más que suficientes para ejercer acción penal contra Peña Nieto y Videgaray y esto es algo que “sospechosamente” no ha ocurrido), sino la de fortalecer un discurso de legitimidad centrado en una narrativa de ruptura radical con el pasado y en el simplista y maniqueo argumento, imposible de sostener en términos académicos, de que entre 1988 y 2018 el país fue gobernado por una suerte de mafia conservadora subordinada a oscuros intereses extranjeros y dedicada fundamentalmente al expolio del patrimonio nacional. Finalmente, la narrativa presidencial construida con la finalidad de justificar el fiasco absoluto que representó la consulta no es solamente patética sino enormemente irresponsable en términos institucionales ya que sugiere que la bajísima afluencia ciudadana a las urnas se debió a una suerte de conspiración llevada a cabo por un INE dominado por los partidos políticos de oposición. El hecho real es que la participación ciudadana fue inferior al 8% del padrón electoral y esto, en cualquier lugar del mundo, constituye un fracaso estrepitoso para el gobierno que la promovió.

En síntesis y más allá de la narrativa oficial, la consulta popular del pasado primero de agosto debe quedar registrada en la memoria colectiva no como un acto democrático sino como un acto demagógico emanado de un gobierno populista y autoritario. En este sentido es sumamente positivo el que semejante iniciativa haya fracasado ya que esto pone de manifiesto el rechazo que en la mayoría de los ciudadanos provocó este burdo intento de manipulación. El concepto mismo de consulta ciudadana fue profundamente distorsionado en su razón de ser ya que, en los sistemas verdaderamente democráticos, ésta constituye un mecanismo destinado a conocer la opinión dominante que sobre un determinado aspecto estratégico en materia de gobernanza y gestión pública existe en el ámbito de la sociedad civil o, para utilizar el concepto desarrollado por Habermas, en el ámbito del “espacio público”. Obtener aprobación popular para investigar y en su caso enjuiciar a expresidentes es algo que ciertamente no cabe dentro de la lógica que, en términos tanto de teoría política como de derecho constitucional, debe regir el diseño y aplicación de este tipo de instrumentos. La verdadera intención detrás de la consulta no fue conocer la opinión de los ciudadanos en torno a un asunto de auténtico interés nacional, sino reforzar la erosionada legitimidad de un gobierno claramente incompetente poniendo de manifiesto el gran poder de convocatoria popular propio de su caudillo supremo.

De cualquier manera y no obstante el afortunado fracaso de semejante ardid, es de la mayor importancia reflexionar a profundidad sobre esta experiencia a fin de tener claro lo que verdaderamente está ocurriendo en México. Más que encontrarse inmerso en una transición democrática de carácter formal, nuestro país se encuentra inmerso en un complejo proceso de cambio estructural que, como todo proceso de semejante envergadura, puede dar origen a formas de organización política y económica que ciertamente pueden resultar mucho más negativas que aquellas que, en un primer momento, provocaron el surgimiento de la crisis y pusieron de manifiesto la necesidad de emprender un proceso de transformación. No debemos olvidar que el colapso de la República de Weimar en Alemania dio origen al régimen Nacional-Socialista de Hitler y, en nuestro vecindario, el colapso de la corrupta y disfuncional democracia venezolana dio origen a la dictadura de Chávez y Maduro.

(*) Federico Seyde

Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana y Doctor en Ciencia Política por la Universidad de Essex (Reino Unido). Ha desempeñado diversos cargos en el gobierno federal de México y actualmente es profesor en el Instituto Nacional de Administración Pública y en la Universidad Internacional de la Rioja (España).

López Obrador podría ser juzgado en el futuro, por complicidad: Ornelas Carsolio

Por Redacción

Imagen ilustrativa: Gobierno de México

El presidente Andrés Manuel López Obrador podría ser denunciado por complicidad si se comprueba que tuvo pruebas de la corrupción que cometieron sus predecesores y evitó que la autoridad correspondiente los investigara, señaló el maestro en justicia federal, Víctor Manuel Ornelas Carsolio.

El también profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM recordó que esa denuncia podría ser presentada por cualquier ciudadano que tuviera los elementos probatorios de que López Obrador hubiese incurrido en complicidad, que es un delito que se persigue de oficio.

La probable omisión presidencial, agregó, no tendrá ningún efecto en la presente administración; sin embargo, podría ocurrir más adelante, con otros actores políticos.

Esta es una producción de Voces Críticas y Sin Compromisos.

En cuanto a la baja participación en la consulta ciudadana del 1 de agosto, dijo que era previsible; lo que no se esperaba es que la bofetada al presidente y a su partido fuera tan fuerte.

López Obrador no debe jugar de nuevo con este instrumento, que debe fortalecer a la democracia y a la participación ciudadana, concluyó Ornelas Carsolio.

México, a nada de regirse por la ley de la jungla: Ornelas Carsolio

Por Redacción
Imagen ilustrativa: El Comercio (Perú)

La fallida estrategia del presidente de la República en materia de seguridad tiene al país al borde de convertirse en una jungla, donde cualquiera ajuste cuentas a balazos, como en el viejo oeste, considera el abogado penalista Víctor Manuel Ornelas Carsolio.

Entrevistado en exclusiva por VOCES CRÍTICAS, el también maestro en justicia federal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), señala que el gobierno federal da manga ancha a los grupos criminales y propicia (cono lo hicieron sus antecesores) que proliferen los grupos de autodefensa.

Afirma que el presidente de la República está empecinado en atacar a los opositores, en investigar a aquellos que están contra su régimen, dejando de lado el combate a los grupos criminales.

«No hemos visto durante todo lo que va de su gobierno acciones contundentes en contra de la delincuencia organizada; no se ha desmantelado ninguna organización importante; no se han realizado operativos para asegurar droga en cantidades importantes. En cambio, [López Obrador] ha tenido el descaro de salir a agradecer a la delincuencia organizada lo bien que se porta cuando permite que se lleven a cabo elecciones. La delincuencia organizada percibe a un presidente débil».

Entrevista íntegra al Mtro. Víctor Manuel Ornelas Carsolio

En cuanto a la proliferación de los grupos de autodefensas, asevera que es un fenómeno peligroso, muy delicado porque el derecho de sancionar es exclusivo del Estado. «Pero cuando este se ve superado en el cumplimiento de sus principales obligaciones surge la necesidad de que los particulares llenen estos espacios».

El riesgo —agrega— es que no hay forma de controlarlos, forma de definir si efectivamente son buenos; si realizan investigaciones apegadas a derecho; si se respetan los derechos humanos de las personas (incluso de aquellos que pudieran cometer un delito). «Lo que tenemos es, simplemente, grupos armados que pretenderán defender sus intereses y estaremos prácticamente, en una jungla».

Ornelas Carsolio anticipa que el presidente de la República buscará culpar a gobernadores y fiscales de su estrategia fallida.

«Si bien es cierto que el delito de homicidio es un delito del fuero común, lo que también es cierto —y no dice el presidente— es que la inmensa mayoría de estos homicidios, la inmensa mayoría de la violencia generada en el país es justamente provocada por la delincuencia organizada. Y este es un tema de competencia federal».

El “destape” y la consulta, simples distractores del presidente: Ornelas Carsolio

Por Redacción

Imagen ilustrativa: Gobierno de México

El “destape” de los posibles candidatos presidenciales de Morena y la consulta sobre los juicios a los expresidentes son simples distractores del actual primer mandatario, Andrés Manuel López Obrador.

Así lo expone el abogado Víctor Manuel Ornelas Carsolio en entrevista con Jorge Santa Cruz para Voces Críticas y Sin Compromisos. López Obrador —dice— recurre a estas maniobras porque es un “mago del escapismo”.

Dado que todo su gobierno es un desastre, lo que quiere es evitar que la ciudadanía se dé cuenta de lo mal que tiene al país. Considera que la “caballada” de AMLO está muy flaca porque él mismo se ha encargado de perjudicarla. “Al presidente no le importa desgastarla más”, acota.

Producción: Scripta Manent y Periodismo sin Compromisos

En cuanto a la consulta sobre los expresidentes, Ornelas Carsolio, quien tiene una maestría en justicia federal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), dijo que es una farsa. Lo que quiere López Obrador —abunda— es justificar la falta de acción penal contra los expresidentes escudándose en la escasa respuesta social.

A manera de conclusión, Ornelas Carsolio señala que es una vergüenza que el jefe del Ejecutivo federal someta a una consulta el cumplimiento de la ley.