Pueblos buenos y gobiernos malos

Al interior de todo Estado nacional moderno, la existencia de la democracia es producto de una particular forma de relación orgánica entre pueblo y gobierno o, en otras palabras, es producto de una particular forma de integración dinámica entre dos componentes orgánicos de una misma totalidad social

Por Federico Seyde Meléndez (*)

Imagen ilustrativa: Universidad Autónoma de Nuevo León

El concepto de pueblo es una abstracción jurídica y política que nace en el marco histórico de la transición del Estado absolutista al Estado democrático. Se trata de un concepto directamente vinculado a una nueva forma de legitimidad del poder estatal, una forma anclada en la idea iluminista, teorizada y expuesta de manera magistral por Juan Jacobo Rousseau y más adelante por Emanuel Kant, de que el poder supremo e independiente del Estado, su soberanía, es un atributo inmanente a la comunidad política o, en otras palabras, una manifestación de la “voluntad general” o del sentir mayoritario de una república sustentada en derechos universales e instituciones plenamente comprometidas con la satisfacción del “interés público”. De hecho el concepto de pueblo, en el marco de la teoría jurídica del Estado (Staatslehre) que surge a partir de Kant y Hegel y que se desarrolla notablemente en Europa continental a través de las obras de grandes juristas como Jorge Jellinek, Hans Kelsen, Hermann Heller, Raymond Carré de Malberg y André Hauriou, constituye junto con el gobierno y el territorio uno de los tres componentes del Estado moderno entendido como totalidad jurídico-política.

Por lo que respecta al ámbito de la ciencia política, pueblo y gobierno son conceptos teóricos que permiten interpretar la compleja dinámica de los Estados nacionales modernos y, en este sentido, es importante tratar de caracterizar la relación que mantienen al interior de formaciones estatales concretas o “históricas” de una manera objetiva, es decir, evitando los prejuicios que derivan de la utilización de conceptos y adjetivos morales que no tienen cabida en el ámbito de una epistemología realista. En este sentido, desde una perspectiva académica no hay pueblo esencialmente “bueno”, como tampoco resulta acertado en términos científicos caracterizar a un determinado gobierno como esencialmente “malo”. De lo que sí es posible hablar es de la calidad de la democracia, de la eficacia del proceso de gobernanza y del nivel de “gobernabilidad democrática” que, en una determinada coyuntura histórica, existe al interior de Estados específicos como resultado del tipo de interacciones existentes entre el conjunto de órganos constitucionales e instituciones que dan forma al gobierno y el conjunto de individuos, asociaciones y corporaciones que dan forma al pueblo o “sociedad civil”.

Lo anterior implica que, al interior de todo Estado nacional moderno, la existencia de la democracia es producto de una particular forma de relación orgánica entre pueblo y gobierno o, en otras palabras, es producto de una particular forma de integración dinámica entre dos componentes orgánicos de una misma totalidad social. Esto significa que cuando la democracia se convierte en parte fundamental de una cosmovisión o “visión del mundo” (weltanschauung) y, como resultado de ello, la concepción democrático-liberal del Estado se convierte en la ideología dominante, resulta sumamente difícil y costoso para el gobierno preservar, en un horizonte de largo plazo, formas de conducción política no-democráticas. En este sentido, el autoritarismo gubernamental es incompatible estructuralmente con sociedades civiles plenamente inmersas en la modernidad y, cuando éste llega a manifestarse, lo hace por poco tiempo como ocurrió en el caso de Alemania entre 1933 y 1945 bajo el régimen nacional-socialista o, recientemente, en los Estados Unidos de América bajo la administración presidencial del advenedizo Donald Trump. Lo anterior queda claramente demostrado por el hecho de que, una vez derrotado el nazismo, Alemania no tardó en convertirse en una de las más avanzadas y sólidas democracias sociales del mundo y los Estados Unidos de América corrigieron el inmenso error de haber elegido a Donald Trump poniendo en la Casa Blanca a un político profesional que, con independencia de sus virtudes y limitaciones personales, tiene perfectamente claro lo que implica ser líder de un Estado democrático de derecho.

Hablar de un pueblo esencialmente “bueno” y de un gobierno esencialmente “malo” en términos morales solamente tiene cabida en el marco de un discurso demagógico y, en este sentido, esencialmente no-democrático. En el diccionario de la Lengua Española de la Real Academia, la demagogia es definida, de manera por cierto muy acertada en términos teóricos, como una “práctica política consistente en ganarse con halagos el favor popular” y como una “degeneración de la democracia, consistente en que los políticos, mediante concesiones y halagos a los sentimientos elementales de los ciudadanos, tratan de conseguir o mantener el poder”.

El tipo de comunicación política que el actual presidente de México mantiene con los sectores populares del país, no solamente es de carácter demagógico sino claramente clientelista. La expresión “amor con amor se paga” (que por cierto Hugo Chávez utilizaba con la misma frecuencia e intencionalidad) constituye un claro ejemplo de lo anterior. Con base en la lógica semiótica que deriva de esta expresión claramente demagógica, al pueblo no se le da lo que merece y requiere por el simple hecho de que así lo estipula la constitución y las leyes que de ella emanan, sino porque ha sido y continúa siendo leal a su caudillo. A través de este tipo de discurso el demagogo sustituye el concepto democrático de pueblo como sociedad civil, es decir, como componente orgánico de un Estado provisto de un sistema republicano de gobierno, por un concepto oclocrático que lo concibe como “plebe o muchedumbre” y que se encuentra directamente vinculado a una concepción paternalista y básicamente autoritaria del Estado y su aparato gubernamental.

Esta anti-democrática conceptualización del orden estatal ha hecho que López Obrador, entre otras barbaridades, afirme que el pueblo de México es intrínseca y esencialmente “sabio” y que los narcotraficantes y otros delincuentes organizados “también son pueblo” o, en otras palabras, también son parte de esa enorme masa de gente pobre en cuyo beneficio está llamado a operar el gobierno de la “cuarta transformación”. ¿Cómo es posible que un pueblo intrínseca o naturalmente sabio produzca delincuentes capaces de asesinar sin piedad a otros seres humanos y en la mayoría de los casos a personas que proceden de su misma extracción social? Este es el tipo de disparates en que incurre un gobernante que, por mucho hablar y poco escuchar, trata temas importantes e incluso fundamentales con una apabullante superficialidad y ligereza. Ningún sector del pueblo es “sabio” o “bueno”, “necio” o “malo”, en un sentido esencial o natural. En todos los sectores que dan forma a la sociedad civil se manifiestan ideas y comportamientos tanto favorables como contrarios a la democracia y al Estado de derecho. Es claro que detrás de la delincuencia en general hay miseria, marginación social y falta de oportunidades pero también es evidente que en el caso de sus formas más sofisticadas y brutales hay una actitud de profundo desprecio por la dignidad y la vida de los seres humanos que definitivamente no depende del status socio-económico de quienes la asumen.

De igual manera resulta claramente demagógico y, además, claramente absurdo en términos de interpretación histórica, el calificar a todos los gobiernos previos al actual y, de manera especial, a todos los gobiernos supuestamente “neoliberales” surgidos a partir de la administración presidencial de Carlos Salinas de Gortari, como gobiernos esencialmente perversos y organizados con la única finalidad de explotar y despojar al pueblo de México o, mejor dicho, a los sectores populares del pueblo de México. Esta narrativa, no obstante su maniqueísmo y simplicidad intelectual, es sumamente peligrosa ya que no se trata de una narrativa diferente, en su fundamentación ideológica y estructuración semiótica, a todas las narrativas demagógicas de refundación estatal en que se han cimentado las dictaduras más ominosas de la historia.

Con independencia del sistema de ideas en el que pretenden sustentar su legitimidad, con independencia de que se proyecten ante la sociedad como discursos de izquierda o de derecha, “liberales” o “conservadores”, todas estas formas paternalistas y autoritarias de comunicación política tienen en común su carácter demagógico. Se trata de narrativas que pretenden salvar al “pueblo bueno” de los garras y fauces depredadoras de “gobiernos perversos”, vinculados a oscuros intereses tanto nacionales como extranjeros. Se trata de estrategias que comparten una visión maniquea y distorsionada de la realidad política que, paradójicamente, les hace despreciar las leyes e instituciones democráticas que les permitieron llegar al poder.

Después de tres años al frente del poder ejecutivo federal, el presidente López Obrador tendría que comenzar a reconocer la importancia de sustituir el discurso polarizante y maniqueo que le permitió lograr el apoyo electoral mayoritario de los sectores populares del país, por un discurso centrado en la unidad fundamental de la nación mexicana y en la participación que todos los sectores sociales deben tener en la construcción de un orden estatal auténticamente republicano y democrático. Es tiempo de que el líder opositor se transforme en un auténtico “jefe de Estado”. A estas alturas del sexenio denostar cotidianamente a los “adversarios” políticos e ideológicos de la “cuarta transformación” no sólo es absurdo sino contraproducente. La posibilidad de justificar fracasos y errores aludiendo al ominoso legado de los nefastos e intrínsecamente corruptos “neoliberales” se ha agotado. Es tiempo de generar ideas, de generar visiones de futuro que sienten las bases de los cambios estructurales e institucionales que requiere el fortalecimiento de la democracia mexicana.

La última mitad del sexenio debe ser fundamentalmente constructiva y para ello el presidente debe comenzar a rodearse de gente inteligente y creativa como en su momento lo hizo Benito Juárez. En verdad llama la atención la ingenuidad con que López Obrador pretende utilizar de manera peyorativa el concepto gramsciano de “intelectuales orgánicos” para referirse a los críticos de su gobierno, cuando lo que necesita desesperadamente su movimiento es gente pensante. Los sistemas hegemónicos solamente pueden confrontarse de manera exitosa con proyectos contra-hegemónicos y estos necesariamente necesitan ideólogos. ¿Quiénes son los ideólogos de la cuarta transformación? ¿dónde están? Estas preguntas seguirán sin respuesta en tanto el presidente de México siga monopolizando el uso de la palabra, rodeándose de aduladores sin talento y reduciendo el nivel del debate político nacional a una burda dialéctica entre pueblos buenos y gobiernos malos.

(*) Federico Seyde Meléndez

Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana y Doctor en Ciencia Política por la Universidad de Essex (Reino Unido). Ha desempeñado diversos cargos en el gobierno federal de México y actualmente es profesor en el Instituto Nacional de Administración Pública y en la Universidad Internacional de la Rioja (España).

La segunda parte del sexenio será mucho peor: Ornelas Carsolio

Por Jorge Santa Cruz

Imagen ilustrativa: de izquierda a derecha, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández; el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y la nueva consejera jurídica de la Presidencia de la República, María Estela Ríos González. (Foto: Gobierno de México).

La llegada de Adán Augusto López a la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y de Martí Batres a la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México permiten prever que la segunda parte del sexenio será mucho peor, anticipa el maestro en justicia federal, Víctor Manuel Ornelas Carsolio.

El también abogado penalista califica a ambos funcionarios de “golpeadores”, de incondicionales del Presidente de la República que rechazan la negociación, la apertura y la reconciliación social. Adán Augusto López tiene el antecedente de haber impulsado, como gobernador de Tabasco, una ley antimanifestaciones represiva y Batres, de haber ordenado que la fuerza pública atacara a alcaldes electos de oposición apenas el lunes 23 de agosto pasado, frente al Congreso de la Ciudad de México.

Coproducción de Voces Críticas y Sin Compromisos

En cuanto a la llegada de Olga Sánchez Cordero (ex titular de SEGOB) al Senado de la República, el entrevistado considera que tiene como objetivo fortalecer la posición del gobierno federal en las negociaciones con la oposición.

Ornelas Carsolio prevé, sin embargo, que la gestión de Sánchez Cordero será infructuosa debido a su falta de habilidad política y al desgaste provocado por el propio Presidente a su administración.

El sometimiento abyecto de los funcionarios del gabinete, aunado a su incompetencia y a la ley del garrote, agravarán los problemas del país en seguridad pública, economía, salud y los aspectos sociales sensibles, opina el especialista.

Para colmo, concluye, el Presidente de la República acapara todo: lanza, recibe, batea y no deja batear a los demás.

Vivimos la peor crisis de mitad de sexenio: Rosales Betancourt

Por Jorge Santa Cruz.

Imagen ilustrativa: Gobierno de México.

La actual crisis es más grave que las registradas a la mitad de los sexenios anteriores porque provoca crecientes niveles de incertidumbre, divisionismo y agotamiento social, expone el abogado, periodista y docente de la UNAM, Mario Rosales Betancourt.

Entrevistado por Voces Críticas, señala que lo más grave de todo es que no se sabe cuándo ni cómo habrá de terminar.

Explica que la pandemia de Covid-19 y los fanatismos políticos tienen sumido a México en un acelerado proceso de descomposición social que provoca mayor inseguridad pública, más violencia intrafamiliar, un deterioro educativo sin precedentes y una cada vez más complicada coexistencia humana.

Producción conjunta de Voces Críticas y Periodismo Sin Compromisos

Lo bueno, lo malo y lo feo del primer trienio de AMLO

El profesor de derecho en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM, expone que el escenario malo tiene que ver con la prolongación de la crisis y con el forzado regreso a clases que puede incrementar los contagios y defunciones provocados por el Covid-19.

Reconoce que habrá un rebote económico, es decir, cierta recuperación que será inferior a los niveles de crecimiento que se tenían en 2018.

Considera que el país seguirá en la dinámica de la estanflación, es decir, de un bajo crecimiento económico con inflación.

En lo político, prevé que los fanatismos prevalecerán, al tiempo que la oposición continuará fragmentada, sin un líder que la aglutine y ponga fin a las desconfianzas internas.

Lo feo, para Rosales Betancourt, es el agotamiento y el desinterés que distingue a ciertos sectores de la sociedad a los cuales les tiene sin cuidado el bien de los demás.

Lo bueno, finalmente, es que la macroeconomía está controlada; que tanto la Secretaría de Hacienda como el Banco de México han manejado responsablemente la deuda, las reservas y las tasas de interés.

“No hemos caído en la catástrofe, pero tampoco en el crecimiento que se prometió”, concluye Rosales Betancourt.

AMLO pierde poder por la crisis en la SCJN y el TEPJF: Ornelas Carsolio

Por Redacción.

Imagen ilustrativa: Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El presidente Andrés Manuel López Obrador quedó disminuido luego de que el ministro Zaldívar rechazó ampliar su mandato al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y de que el ministro Vargas fue destituido como presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), señala el abogado Víctor Manuel Ornelas Carsolio.

Subraya que las acusaciones del primer mandatario en el sentido de que el poder judicial está lleno de jueces, magistrados y ministros corruptos tensó la relación entre la SCJN y la Presidencia de la República, lo cual terminó por perjudicarlo.

En cuanto a la negativa de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea de prorrogar su mandato hasta 2024, el entrevistado considera que tomó la decisión debido al rechazo mayoritario de los otros magistrados de la Corte. “Los pares de Zaldívar lo ven como cobarde, porque no ha sabido defenderlos de López Obrador, ni ha sabido defender la independencia del poder judicial”.

Ornelas Carsolio rechaza que la decisión de Zaldívar Lelo de Larrea haya sido ética; si hubiera querido proceder éticamente —agrega—, habría dicho que no inmediatamente.

En cuanto a la destitución de José Luis Vargas como presidente del TEPJF, opina que López Obrador se desgastó innecesariamente al haberse involucrado en el enfrentamiento entre los magistrados.

De manera paradójica —concluye—, esta situación fortalece al Poder Judicial, pues le devuelve independencia.

Ornelas Carsolio, quien tiene una maestría en justicia federal, considera finalmente que los operadores del jefe del Ejecutivo federal carecieron de la fuerza y de la eficacia para consumar las imposiciones ordenadas por el presidente de la República.

López Obrador podría ser juzgado en el futuro, por complicidad: Ornelas Carsolio

Por Redacción

Imagen ilustrativa: Gobierno de México

El presidente Andrés Manuel López Obrador podría ser denunciado por complicidad si se comprueba que tuvo pruebas de la corrupción que cometieron sus predecesores y evitó que la autoridad correspondiente los investigara, señaló el maestro en justicia federal, Víctor Manuel Ornelas Carsolio.

El también profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM recordó que esa denuncia podría ser presentada por cualquier ciudadano que tuviera los elementos probatorios de que López Obrador hubiese incurrido en complicidad, que es un delito que se persigue de oficio.

La probable omisión presidencial, agregó, no tendrá ningún efecto en la presente administración; sin embargo, podría ocurrir más adelante, con otros actores políticos.

Esta es una producción de Voces Críticas y Sin Compromisos.

En cuanto a la baja participación en la consulta ciudadana del 1 de agosto, dijo que era previsible; lo que no se esperaba es que la bofetada al presidente y a su partido fuera tan fuerte.

López Obrador no debe jugar de nuevo con este instrumento, que debe fortalecer a la democracia y a la participación ciudadana, concluyó Ornelas Carsolio.

México, a nada de regirse por la ley de la jungla: Ornelas Carsolio

Por Redacción
Imagen ilustrativa: El Comercio (Perú)

La fallida estrategia del presidente de la República en materia de seguridad tiene al país al borde de convertirse en una jungla, donde cualquiera ajuste cuentas a balazos, como en el viejo oeste, considera el abogado penalista Víctor Manuel Ornelas Carsolio.

Entrevistado en exclusiva por VOCES CRÍTICAS, el también maestro en justicia federal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), señala que el gobierno federal da manga ancha a los grupos criminales y propicia (cono lo hicieron sus antecesores) que proliferen los grupos de autodefensa.

Afirma que el presidente de la República está empecinado en atacar a los opositores, en investigar a aquellos que están contra su régimen, dejando de lado el combate a los grupos criminales.

«No hemos visto durante todo lo que va de su gobierno acciones contundentes en contra de la delincuencia organizada; no se ha desmantelado ninguna organización importante; no se han realizado operativos para asegurar droga en cantidades importantes. En cambio, [López Obrador] ha tenido el descaro de salir a agradecer a la delincuencia organizada lo bien que se porta cuando permite que se lleven a cabo elecciones. La delincuencia organizada percibe a un presidente débil».

Entrevista íntegra al Mtro. Víctor Manuel Ornelas Carsolio

En cuanto a la proliferación de los grupos de autodefensas, asevera que es un fenómeno peligroso, muy delicado porque el derecho de sancionar es exclusivo del Estado. «Pero cuando este se ve superado en el cumplimiento de sus principales obligaciones surge la necesidad de que los particulares llenen estos espacios».

El riesgo —agrega— es que no hay forma de controlarlos, forma de definir si efectivamente son buenos; si realizan investigaciones apegadas a derecho; si se respetan los derechos humanos de las personas (incluso de aquellos que pudieran cometer un delito). «Lo que tenemos es, simplemente, grupos armados que pretenderán defender sus intereses y estaremos prácticamente, en una jungla».

Ornelas Carsolio anticipa que el presidente de la República buscará culpar a gobernadores y fiscales de su estrategia fallida.

«Si bien es cierto que el delito de homicidio es un delito del fuero común, lo que también es cierto —y no dice el presidente— es que la inmensa mayoría de estos homicidios, la inmensa mayoría de la violencia generada en el país es justamente provocada por la delincuencia organizada. Y este es un tema de competencia federal».

El “destape” y la consulta, simples distractores del presidente: Ornelas Carsolio

Por Redacción

Imagen ilustrativa: Gobierno de México

El “destape” de los posibles candidatos presidenciales de Morena y la consulta sobre los juicios a los expresidentes son simples distractores del actual primer mandatario, Andrés Manuel López Obrador.

Así lo expone el abogado Víctor Manuel Ornelas Carsolio en entrevista con Jorge Santa Cruz para Voces Críticas y Sin Compromisos. López Obrador —dice— recurre a estas maniobras porque es un “mago del escapismo”.

Dado que todo su gobierno es un desastre, lo que quiere es evitar que la ciudadanía se dé cuenta de lo mal que tiene al país. Considera que la “caballada” de AMLO está muy flaca porque él mismo se ha encargado de perjudicarla. “Al presidente no le importa desgastarla más”, acota.

Producción: Scripta Manent y Periodismo sin Compromisos

En cuanto a la consulta sobre los expresidentes, Ornelas Carsolio, quien tiene una maestría en justicia federal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), dijo que es una farsa. Lo que quiere López Obrador —abunda— es justificar la falta de acción penal contra los expresidentes escudándose en la escasa respuesta social.

A manera de conclusión, Ornelas Carsolio señala que es una vergüenza que el jefe del Ejecutivo federal someta a una consulta el cumplimiento de la ley.

El cese de Florencia Serranía, triunfo de la sociedad civil: Ornelas Carsolio

Por Redacción

Imagen ilustrativa: Capital 21

La destitución de Florencia Serranía como directora general del Sistema de Transporte Colectivo Metro se debió, sobre todo, a la presión social. Fue tanto el descontento de la sociedad civil que al presidente de la República y a la jefa de gobierno de la Ciudad de México no les quedó otra que cesarla.

Así lo expuso el abogado penalista Víctor Manuel Ornelas Carsolio, en entrevista con Jorge Santa Cruz.

Señaló, sin embargo, que el despido de Serranía (ocurrido casi dos meses después de la tragedia en la Línea 12 del Metro) no significa que se le vaya a fincar una responsabilidad penal.

Producción: Scripta Manent y Periodismo Sin Compromisos

Cuando mucho, le aplicarán una sanción administrativa para acallar el descontento de la sociedad, dijo.

Al referirse al fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que permite el consumo lúdico de la marihuana, opinó que es acertado, ya que es respetuoso de la libertad individual y ayudará a reducir los niveles de violencia criminal.

Sin embargo, resaltó la necesidad de que se construya un entramado legal que clarifique quiénes pueden consumirla, en qué lugares y bajo qué circunstancias. No hacerlo podría derivar en graves problemas sociales, concluyó.

¿Qué gana AMLO con las inversiones de EE.UU. en el Istmo de Tehuantepec?

Parte 2 y última de la entrevista al Dr. José Ignacio Martínez Cortés, coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios (LACEN) de la UNAM

Por Redacción

Imagen ilustrativa: Wikipedia

En la entrega anterior, el especialista señaló que las inversiones estadounidenses en el sur de México y, de manera concreta en el Istmo de Tehuantepec, tienen dos propósitos fundamentales:

1. Que EE.UU. asegure sus cadenas de suministro (abaratando costos, de manera adicional, al hacer innecesaria la navegación hasta el Canal de Panamá).

2. Poner un freno a la presencia china en la región.

En este segmento, el doctor Martínez Cortés habla de lo que, desde su punto de vista, ganará el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador:

1. Obtener financiamiento fresco para uno de sus cuatro proyectos estrella: el del Corredor Interoceánico (en el Istmo de Tehuantepec).

2. Romper el monopolio texano de las redes de distribución de petróleo.

3. Permitir que Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad, con el apoyo de FONATUR, detonen el desarrollo del Istmo de Tehuantepec.

4. Abaratar los precios de los combustibles en el sur-sureste de México.

5. Preparar su regreso a esa región de México, una vez concluido su mandato presidencial.

El Dr. Martínez Cortés destacó la participación del canciller Marcelo Ebrard en la negociación de México con Estados Unidos en el sur-sureste de México.

Resaltó que Ebrard es el único secretario de Relaciones Exteriores que no ha visitado los Estados Unidos de manera oficial, lo que contrasta con sus viajes a Rusia y China. Sin embargo, es un canciller con fuerte presencia en los asuntos internos de nuestro país.

(Las declaraciones del Dr. José Ignacio Martínez Cortés, coordinador del LACEN) se grabaron el viernes 11 de junio, es decir, dos días antes de que el periódico The New York Times publicara un reportaje en el que señala la presunta responsabilidad de Marcelo Ebrard en la tragedia de la Línea 12 del Metro).

VOCES CRÍTICAS es un esfuerzo periodístico conjunto de SCRIPTA MANENT y de SIN COMPROMISOS.

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Estados Unidos incorpora al Istmo de Tehuantepec a su seguridad comercial

Entrevista al Dr. José Ignacio Martínez Cortés, coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la UNAM. Parte 1

Por Redacción

Imagen ilustrativa: Gobierno de México

Las inversiones estadounidenses en el sur de México y, de manera concreta en el Istmo de Tehuantepec, tienen dos propósitos fundamentales: asegurar sus cadenas de suministro (abaratando costos, de manera adicional, al hacer innecesaria la navegación hasta el Canal de Panamá) y poner un freno a la presencia china en la región, explicó el Dr. José Ignacio Martínez Cortés, coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios (LACEN) de la UNAM. Así lo dijo:

“El 9 de julio [de 2020], el candidato Biden hace alusión a que (para impulsar el crecimiento de Estados Unidos) se va a desarrollar un plan estratégico de seguridad —y así lo señala: de seguridad— en torno a las cadenas de suministro. ¿Para qué? Para que el mercado interior de Estados Unidos ya no dependa principalmente de China.

“Este mismo tema lo aborda el 10 de diciembre, ya como el candidato electo —ya se había dado la calificación del Colegio Electoral de Estados Unidos. Al día siguiente de que tomó posesión, el 21 de enero, lo vuelve a recalcar. En marzo se presenta en Estados Unidos —el presidente Biden lo presenta en Estados Unidos— el Plan Nacional de Infraestructura con un impacto a 2035.

“Dentro de este Plan se dice ‘Vamos a incorporar las cadenas de suministro que van a proveer a la industria, al mercado interior de Estados Unidos, en la agenda de seguridad de Estados Unidos’.

“Entonces, ¿qué es lo que hace Estados Unidos con esta inversión en materia de cooperación que anuncia la vicepresidenta Harris? Incorporar —precisamente— a la cadena de suministro de Estados Unidos, el Istmo de Tehuantepec.

“Subrayo: no hay que perder de vista cómo el tren transístmico va a conectar con la ruta ferroviaria al sur de Estados Unidos, alimentando, pues, toda esta zona. Por lo tanto, las empresas estadounidenses van a tener reducción de costos porque a raíz de que ya no tienen —válgase la expresión de manera figurada— que bajar hasta el Canal de Panamá, sino que puede haber esta conexión vía Salina Cruz y de ahí proveer, mínimamente, a la zona este de la Unión Americana”.

Explicó, también, que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, conectará las refinerías de Salina Cruz y Coatzacoalcos con las nueve grandes líneas de distribución de hidrocarburos de Estados Unidos que llegan, incluso al sur de Canadá.

Luego de recordar que el presidente Benito Juárez había autorizado a Estados Unidos tener presencia en el Istmo de Tehuantepec “para dar certidumbre a su gobierno”, dijo que López Obrador se abrió a las inversiones estadounidenses en la región dado que los empresarios mexicanos rechazaron hacerlas.

En su análisis, el investigador consideró un tercer factor: las repercusiones positivas que tengan las inversiones estadounidenses en el sur de México para la reducción de los precios de las gasolinas en Guatemala, El Salvador y Honduras, lo que contribuirá a que estas tres naciones centroamericanas se recuperen, aunque sea de manera parcial, de los daños causados por los fenómenos naturales que las han afectado en los últimos 20 años.

El populismo demagógico y la erosión del estado demócratico de derecho en México

El principio de legalidad en materia de derecho público claramente establece que los órganos administrativos del gobierno solamente pueden ejecutar aquellos actos para los cuales se encuentran expresamente facultados por la norma jurídica

Por Federico Seyde Meléndez (*)

Imagen ilustrativa: Víctormoz/Commons Wikimedia

Desde una perspectiva tanto jurídica como política llama profundamente la atención el hecho de que el presidente López Obrador exprese de manera reiterada que su gobierno no quiere “imponer nada a nadie”. En sus propias palabras, el titular del poder ejecutivo ha expresado en múltiples ocasiones su convicción de que, en el seno de una verdadera democracia como la que el movimiento de transformación que lidera está supuestamente construyendo en México, la manifestación directa y recurrente de la voluntad popular debe ser la directriz fundamental de la acción del gobierno. Estos mensajes, tal como los transmite el presidente en sus conferencias matutinas, se basan en ideas cuya articulación discursiva proyecta una perspectiva ideológica que resulta no sólo incongruente, sino potencialmente incompatible, tanto con el Estado de derecho como con la democracia representativa.

Con relación a la idea de “no imponer nada a nadie”, viene a mi memoria un discurso pronunciado por Jesús Reyes Heroles a finales de la década de los 70, en el cual el ilustre intelectual y político veracruzano sostiene que condescender con todos es “no gobernar” o en otras palabras que un gobierno debe estar dispuesto a imponer su voluntad con independencia de que ciertos sectores de población se opongan a ella. El ejercicio del poder ejecutivo del gobierno necesariamente implica llevar a cabo actos de autoridad. Estos actos de autoridad se ejecutan utilizando el aparato jurídico e institucional de la administración pública para intervenir en el ámbito estructural de la sociedad civil a fin de imponer la voluntad suprema o soberana del Estado por encima de intereses sectoriales o de grupo. No se trata de imposiciones arbitrarias o “autoritarias” siempre y cuando estás surjan de un poder republicano, es decir, comprometido con el interés público y se encuentren debidamente sustentadas en un marco constitucional y legal.

El principio de legalidad en materia de derecho público claramente establece que los órganos administrativos del gobierno solamente pueden ejecutar aquellos actos para los cuales se encuentran expresamente facultados por la norma jurídica. En este sentido, ejercer la autoridad del gobierno a través de órganos ejecutivos provistos de las competencias necesarias, no sólo es perfectamente compatible con la existencia de un Estado democrático y republicano, sino que constituye un factor fundamental de su legitimidad política; especialmente cuando consideramos que sin el pleno ejercicio de la autoridad estatal es imposible garantizar la efectividad de la ley y con ello la seguridad pública y el pleno ejercicio de los derechos sociales, económicos y políticos de los ciudadanos.

Si bien es cierto que, como López Obrador no se cansa de repetir, “en una democracia se gobierna obedeciendo al pueblo”, también es cierto que en el marco de un Estado democrático de derecho no se gobierna obedeciendo al pueblo de manera directa sino con base en leyes, sentencias y acciones ejecutivas producidas por órganos constitucionales que representan la voluntad popular. Estas leyes, sentencias y acciones son válidas precisamente en virtud de que son producto del poder soberano del Estado, es decir, constituyen emanaciones válidas de un poder originario, establecido y organizado mediante una norma fundamental o constitución política cuya fuente es, precisamente, el pueblo. La soberanía, como el poder supremo e indivisible del Estado, nace en el ámbito orgánico del pueblo y se ejerce en el ámbito orgánico del gobierno por lo que todo acto de autoridad sustentado en leyes válidas o constitucionalmente fundamentadas y ejecutado por órganos competentes no es solamente legal sino también legítimo por lo que no requiere de ninguna manifestación adicional de voluntad por parte de los ciudadanos.

Por el contrario, lo que si resulta incompatible teórica y doctrinalmente con la democracia moderna que es, en esencia, una democracia representativa basada en leyes, es utilizar la consulta popular como instrumento para evitar cumplir con la legalidad o para distorsionar el sentido de la misma, partiendo de la base de que las leyes y, en particular las leyes penales, se hicieron para preservar y reparar el tejido social y no para desgarrarlo. Este es claramente el caso de la consulta popular que López Obrador tiene proyectado llevar a cabo en junio del año en curso con la finalidad de conocer la opinión del pueblo, o de lo que él entiende como tal, con relación a la posibilidad de que los expresidentes “neoliberales” sean investigados por la, supuestamente autónoma, Fiscalía General de la República con la finalidad de determinar si, durante el periodo de su encargo, cometieron ilícitos graves que ameriten la apertura de procesos penales ante el Poder Judicial.

No se necesita ser ningún genio para arribar a la conclusión de que semejante propuesta de consulta popular constituye un absoluto disparate en términos jurídicos y un claro despropósito en términos políticos. En un Estado de derecho la persecución de los delitos graves es oficiosa, lo cual significa que constituye una obligación de las instituciones que configuran el sistema de impartición de justicia investigar a fondo y en su caso juzgar y sancionar toda conducta de este tipo, venga o no venga, de un ex-presidente. En este sentido es importante tener claro que el fuero presidencial, en su carácter de sistema de protección constitucional destinado a garantizar la autonomía funcional del poder ejecutivo, opera dentro de un marco temporal bien definido que es precisamente el periodo dentro del cual un determinado ciudadano ocupa la titularidad de la Presidencia Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos en virtud de haber sido elegido, en el marco de un proceso electoral apegado a la ley, por el pueblo en ejercicio de su voluntad soberana. De conformidad con lo anterior, cuando existen suficientes indicios de que un expresidente, excediendo sus funciones constitucionales y traicionando su altísima responsabilidad, cometió un delito grave durante el tiempo de su encargo es facultad del Estado y obligación del gobierno investigar el caso y, para ello, es innecesario llevar a cabo consulta popular alguna. Por otra parte, y desde una perspectiva política, la consulta planteada por López Obrador es una torpeza que lo único que va a provocar es la satanización de adversarios políticos y la consecuente profundización de heridas y rencores históricos, sin aportar absolutamente nada en favor de la legitimidad y del desarrollo democrático del Estado Mexicano.

No debemos olvidar que los regímenes políticos fascistas surgidos en el marco histórico del siglo XX consideraban la manifestación de la voluntad popular, a través de diferentes formas de consulta, como la expresión más clara de la existencia de una relación directa y, en el marco de su narrativa ideológica, auténticamente democrática, entre el pueblo y sus líderes. Por el contrario, estos regímenes políticos populistas y de extrema derecha consideraban como oligárquica, antipopular y abiertamente disfuncional en términos de desarrollo social y económico la existencia de la democracia parlamentaria de carácter representativo y del sistema competitivo entre partidos políticos en que ésta se sustenta.

En una democracia moderna la voluntad política del pueblo se manifiesta periódicamente a través de procesos electorales por lo que la consulta popular bajo la forma de un referéndum o de un plebiscito solamente debe utilizarse en casos muy puntuales, claramente previstos en la constitución y ciertamente de carácter excepcional. Gobernar apelando continuamente a la voluntad del pueblo es propio de sistemas políticos populistas y básicamente no-democráticos, especialmente si tomamos en consideración el hecho de que las consultas populares suelen ser más vulnerables a la manipulación ideológica y propagandística que los procesos electorales institucionalizados. Más que servir para conocer la opinión del pueblo con relación a un determinado asunto de interés público, el plebiscito y el referéndum han sido sistemáticamente utilizados por regímenes de perfiles ideológicos autoritarios e incluso totalitarios, con la finalidad de legitimar decisiones políticas previamente alcanzadas por los grupos gobernantes.

A nivel doctrinal es importante establecer que el concepto de “pueblo” es una abstracción jurídica que, en el marco de un Estado de derecho de carácter democrático y republicano, constituye el complemento orgánico del gobierno. Pueblo y gobierno son dos estructuras funcionalmente interdependientes que forman parte del Estado como totalidad orgánica, por lo que todo acto de gobierno amparado en la ley constituye expresión de la voluntad del pueblo y, en este sentido, es innecesario someterlo a consulta popular. De conformidad con esto, resulta evidente que en el caso de México lo que se debe hacer es fortalecer el marco normativo e institucional del gobierno para que la acción del poder ejecutivo sea legal y legítima y para la que la ciudadanía, que es la expresión concreta del pueblo, tenga plena certeza de que, al ejercer su poder soberano con plena autoridad, el Estado, lejos de amenazar y de atentar contra sus libertades básicas, le confiere plena efectividad al marco legal encargado de preservarlas y protegerlas. De poco o de nada sirven las leyes en ausencia de un poder gubernamental capaz de aplicarlas. Como acertadamente argumentó Hans Kelsen, las leyes de un Estado democrático de derecho no sólo deben ser válidas sino que también deben ser eficaces.

Lo que ocurre al interior de la populista y demagógica narrativa política de López Obrador es que el pueblo no se construye discursivamente como expresión teórica de la totalidad de los ciudadanos que conforman un determinado Estado sino como sinónimo de “los pobres”. A través de diferentes narrativas, el presidente ha transmitido sistemáticamente la idea de que las personas con recursos económicos no son parte del pueblo y, como suele ocurrir con la mayoría de los discursos que el populismo latinoamericano de izquierda ha construido históricamente, esto les coloca fuera de la “alianza liberadora” existente entre los pobres y su caudillo.

Esta interpretación doctrinalmente incorrecta y claramente antidemocrática del concepto de pueblo, lejos de limitarse a los ricos, se ha hecho extensiva a todas aquellas personas que, con independencia de su posición socio-económica, no comparten los planteamientos y las estrategias de política pública del gobierno federal. Como resultado de esto, los intelectuales y académicos críticos no solamente han sido excluidos del ámbito del pueblo sino que, en más de una ocasión, han sido abiertamente definidos como despreciables aliados de aquellos poderes oligárquicos que secularmente se han valido de la corrupción para explotar a los mexicanos y saquear al país. De hecho, utilizando conceptos mal entendidos y mal aplicados como “conservadores”, “neoliberales” e “intelectuales orgánicos”, e incluso utilizando calificativos francamente cursis y pueriles como “fifís”, el presidente hace continuamente referencia a “los otros”, entendidos éstos como todos aquellos sectores de población cuyos intereses, en el marco de su maniquea narrativa, no solamente difieren de los intereses “legítimos” del pueblo sino que se oponen radicalmente a ellos.

En esencia para López Obrador “los otros” son todos aquellos sectores de población cuyos intereses son incompatibles con los intereses superiores de patria y, en virtud de ello, la promoción de los mismos debe ser neutralizada. Como de manera grotesca expresa una cápsula de propaganda electoral recientemente difundida por el partido político del presidente, se trata de los grupos de poder que, por acción o por omisión, han permitido el crecimiento del tumor maligno que amenaza la vida del país. Se trata de una narrativa que no sólo es populista sino también profundamente demagógica ya que además de encontrarse ideológicamente edificada sobre la base de una peligrosa distorsión del concepto de pueblo, se sostiene mediante un sistemático engaño mediático a la ciudadanía basado en la continua manipulación de los datos empíricos y estadísticos que aporta la realidad del país. La tan socorrida expresión de “yo tengo otros datos” no es diferente del concepto trumpiano de fake news. En esencia se trata de estrategias discursivas dirigidas a descalificar toda información que, con independencia del prestigio de las instituciones tanto nacionales como extranjeras que la generan, contradice la narrativa gubernamental.

Esta narrativa populista y demagógica configura un modo de interpelación política que lejos de integrar, y en este sentido contribuir a la construcción de un Estado democrático y republicano, excluye y polariza pavimentando el camino para el ascenso de formas autoritarias de organización y conducción política. No debemos olvidar que para los comunistas soviéticos el pueblo era equivalente al proletariado y para los nacionalsocialistas alemanes el pueblo era equivalente a los ciudadanos de origen ario. Mantener en el México de hoy una narrativa excluyente que, en aras de una supuesta transformación social, no sólo atenta contra el concepto de “unidad nacional” sino que erosiona los fundamentos del Estado de derecho, representa una estrategia torpe en términos intelectuales y profundamente peligrosa en términos políticos. Se trata de un camino que atenta contra la gobernanza y que, más temprano que tarde, está llamado a provocar serios problemas de gobernabilidad.

(*) Federico Seyde Meléndez

Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana y Doctor en Ciencia Política por la Universidad de Essex (Reino Unido). Ha desempeñado diversos cargos en el gobierno federal de México y actualmente es profesor en el Instituto Nacional de Administración Pública y en la Universidad Internacional de la Rioja (España).