AMLO y el manejo de la fe, la esperanza y la caridad

La gran reunión del 1 de diciembre evidencia cómo el presidente López Obrador, con su manejo de las llamadas virtudes teologales ha logrado consolidar un gran poder unipersonal

Por Mario Rosales Betancourt (*).

Imagen ilustrativa: Gobierno de México.

No es la ciencia, sino la creencia lo que determina en política. Fue la creencia de los mas de los electores la que determinó que finalmente ganara López Obrador. Y el gobierno de AMLO se basa en sus propias creencias. Su lucha y su éxito, como lo señaló el propio presidente, es que se concentró en influir en la mentalidad, en la conciencia de la gente, La 4T no buscó transformar la estructura social, o el modelo económico, o el régimen jurídico, sino transformar conciencias y mentes, y eso es lo que López Obrador, cree que es lo irreversible.

La gran reunión del 1 de diciembre evidencia cómo el presidente López Obrador, con su manejo de las llamadas virtudes teologales (fe, esperanza y caridad) ha logrado consolidar un gran poder unipersonal; esto es: ha logrado despertar una fe en él. Fe ciega que profesa un gran porcentaje de la población que cree en él como un devoto cree en su religión; o un fanático, en su equipo de futbol, sin que importen hechos ni resultados. No fue un informe, sino una prédica para reforzar la fe de los creyentes. Informar es decir algo nuevo. Y no dijo algo que no supiéramos, o que no lo hubiera dicho antes. Fue como un rito, donde se repiten frases sacramentales y dogmas.

Se centró en la esperanza, en las promesas, en el paraíso que está por venir; no tanto en logros ya alcanzados, tal vez porque no los haya. Así se reafirmó la esperanza de que el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles solucionará eficientemente, a bajo costo y por mucho tiempo, las necesidades del tráfico aéreo; que tendremos una vacuna (la Patria) que nos protegerá mejor que los amuletos de la pandemia; que próximamente dejarán de existir la corrupción, la inseguridad, el desempleo; que no solo desaparecerán los problemas de abasto de medicinas, sino que contaremos con servicios médicos como los de Dinamarca; que disfrutaremos de electricidad segura, económica y sustentable, etc., etc.

La caridad, por supuesto, se manifiesta en los programas sociales que directamente llegan a cada vez más personas; y aunque con ellos no se abate el número y porcentaje de quienes viven en la pobreza, los beneficiarios lo agradecen mucho, como también se agradece la vacunación masiva y gratuita. En realidad, fue la fiesta al santo patrono del pueblo, con el fervor que solo se logra con un gran manejo de la fe, esperanza y caridad.

Ciertamente hay cuestiones positivas en estos tres años de gestión. Se tiene un gran control social que evita estallidos sociales, minimiza las grandes manifestaciones en contra del gobierno, son pocas las huelgas, y los movimientos como los de la CNTE han sido moderados.

En lo que respecta a la política económica, pese a que de palabra se critica al neoliberalismo, se ha mantenido una relativa estabilidad, gracias a que se sostienen políticas neoliberales, como el no incremento de impuestos, el estímulo a algunas actividades empresariales y la participación en los mercados internacionales, particularmente los relacionados con América del norte. También ha sido positiva la recuperación del salario mínimo, aunque el recientemente anunciado, pueda tener algunos efectos inflacionarios.

Pero vemos cómo en las tareas más importantes, las propias de un gobierno, los resultados son muy negativos. Quien era un gran candidato opositor en campaña, demuestra ser mal gobernante. No obstante, algo que le ayuda es el hecho de que sus predecesores tampoco lograron buenos gobiernos, y, además ahora, no saben ser una buena oposición.

Así, a pesar de sus altas tasas de popularidad, los datos duros de inseguridad, criminalidad e impunidad siguen creciendo. En el campo económico bajan las expectativas de crecimiento económico y suben las de inflación, llevando al país al peor de los escenarios posibles, el de la estanflación, que implica al mismo tiempo inflación y deflación.

En el ámbito jurídico, se descuida el cumplimiento desde las normas constitucionales hasta las administrativas; y se busca evadir la ley por métodos no idóneos como el acuerdazo. De manera continua se ha visto el incumplimiento de las leyes que el presidente prometió cumplir, cuando juró guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que emanan de ella.

En el campo social, sabemos que el porcentaje de la población que vive en la pobreza y pobreza extrema se incrementa. La calidad y atención en temas sociales básicos (como la educación y la salud) se han deteriorado terriblemente. Aunque se niegue, se vive una militarización —entendida esta como el empleo del Ejército y la Marina— en tareas totalmente inconexas con la seguridad nacional.

Los motivos, ciertamente, pueden deberse a causas externas, particularmente a la pandemia; pero hay otros fenómenos que, claramente, fueron resultado de decisiones equivocadas. Creo que las principales fallas se dan porque el actual gobierno descuida las tareas que le son propias, por realizar tareas que no son estrictamente gubernamentales, como las de producir y distribuir productos en competencia desleal con las empresas privadas.

En su mensaje, una de las frases más fuertes fue la de que no se debía apoyar a las empresas privadas en la recuperación económica. Dijo claramente: “Al carajo con ese cuento; que no es cierto que si lloviera fuerte arriba, goteaba abajo, como si la riqueza fuese permeable o contagiosa”. No se da cuenta de que el apoyo que se dio en la mayoría de los países a las empresas privadas durante la pandemia se debió a estas son las que generan fuentes de trabajo, y que la verdadera solución a los problemas sociales está más por el lado de generar empleos estables y bien remunerados que por el de los programas asistenciales, que solamente son paliativos.

Se está en contra de los que antes estaban arriba, y a los que se culpa de todos los males; pero ahora se tiene un nuevo arriba. Los de antes se transforman en una nueva trinidad divina integrada primero por políticos (encabezados por el presidente López Obrador y donde están viejos políticos como Bartlett y jóvenes políticas como Sheinbaum). En segundo lugar, un grupo de empresarios, cercanos y afines al gobierno, como Salinas Pliego, que son los que realizan ahora los contratos de obras públicas y los principales negocios que tienen que ver con el gobierno. Y en tercero, los altos mandos del Ejército, a quienes cada vez se les dan más actividades. Vivimos y vemos cómo se fortalece un capitalismo de cuates, militarizado y con una cara populista.

(*) Mario Rosales Betancourt

(*) Profesor titular C con 45 años de antigüedad en FES Acatlán, UNAM. Profesor con 39 años de antigüedad en UAM-Azcapotzalco. Miembro de ANPERT (Asociación Nacional de Periodistas de Radio y Televisión) y de CONAPE (Compañeros Internacionales Periodistas y Editores).

La nueva didáctica (parte 2 de 2)

¿Qué somos los maestros? ¿Empleados o profesionales?

Por Fernando Salvador Ugalde Uribe (*).

Imagen ilustrativa: captura de pantalla tomada de PxHere.

Yo tengo cinco años como profesor de tiempo completo. En este lapso tomé más de 40 cursos, dos diplomados en educación, una maestría en educación y docencia y, actualmente, estoy concluyendo un doctorado en educación, lo cual convierte a nuestras instituciones de avanzada. Este es el futuro de las instituciones que van a sobrevivir: ¡preparar a sus docentes!

Estoy dando clases, en el Instituto de Estudios Superiores para la Educación por Competencias (INAEC). Durante mis sesiones con profesores de todos los niveles, hay dos preguntas que escucho constantemente: “¿Cómo le hago para que todos mis alumnos aprendan?” y “¿Qué me hace falta?”. Lo que encontramos es que no solamente requieren de ciertos criterios o de experiencia en sus trabajos, sino también de una didáctica eficiente y eficaz que les permita conectar el conocimiento con sus alumnos.

Cuando hablamos del futuro o pensamos que lo vamos a ver, es porque el futuro ya nos alcanzó. ¡Hoy el futuro es el presente! Tenemos que actuar. Por eso proponemos una nueva forma de trabajar profesionalmente, una nueva forma de educar, una nueva forma de enseñar con el objetivo común que todo buen docente espera al realizar su didáctica, y que consiste en lograr “la transformación del alumno”, su objetivo final, su trascendencia, mediante la transferencia del conocimiento.

Aquellos pensadores como Piaget, Decroly, Montessori, Freire, Enrique Rébsamen, Melchor Ocampo y muchos más, nunca hubieran imaginado que los alumnos de hoy demanden un giro de 360° en la educación. Los alumnos son inconformes. Tienen mucha información, mala o buena; y muchas ganas de aprender el por qué y el para qué. Además, esperan un verdadero profesor-docente-maestro, involucrado, activo, emotivo, profesional. 

Ahora el reto del docente es crear a sus estudiantes un ambiente de aprendizaje individual que funcione y que sea un eficaz para ambos. Y que si no funciona, pueda el profesor cambiarlo hasta que funcione. Algo así como la prueba del pastel de una boda que recibe la aprobación hasta que tiene el sabor deseado, el que se tiene en la mente.

Cuando hablamos de la Educación también tenemos que referirnos a la gestión educativa y a sus niveles de concreción, esto es, al involucramiento y responsabilidad de todos. Por eso proponemos también un cambio con los stakeholders de la educación, esto es con “todos los involucrados directa o indirectamente en la educación del estudiante”. No podemos aplicar una nueva didáctica sin contar con la gestión educativa.

Nuestra didáctica del siglo XXII propone pasar de una organización vertical a una horizontal; de una infraestructura cerrada a una abierta, donde la carga curricular se forme de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. Se plantea que la cultura corporativa educativa se oriente en la relación maestro-necesidad-alumno. Proponemos que los programas se realicen con un diseño moderno orientado al futuro, y que se puedan corregir de una forma ágil y simple para favorecer la transferencia de la educación, fomentar ampliamente la cultura del servicio y maximizar la creatividad de los docentes.

Nuestra didáctica del siglo XXII está basada en las nuevas metodologías de la educación, en los nuevos pedagogos y las nuevas formas del pensamiento de las escuelas de los maestros de avanzada, esto es, en aplicar los nuevos paradigmas de liderazgo propuestos por Jim Collins y Simon Sinek, la una empatía profunda intensa de Goleman, las nuevas competencias de los docentes de Phillips Perrenot, los nuevos diseños instruccionales de Manuel Área, la nueva reforma curricular propuesta por Díaz Barriga, las nuevas motivaciones de la neurociencia educativa (neuro-educación) y la inteligencia emocional educativa. De igual amenra, los nuevos procesos de trabajo de Fujimoto, las nuevas estrategias de enseñanza de Frida Díaz Barriga, las “Preguntas Poderosas” de Beatriz Capdevielle y las claves de la felicidad de Tal Ben-Shahar.

Esto, querido público, es la didáctica del siglo XXII, que desarrollamos para una nueva educación, antes de que el futuro nos arrastre y acabe con las instituciones.
Usted, querido lector, ¿qué opina?

Saludos cordiales.

(*) Fernando Salvador Ugalde Uribe

Candidato a doctor en educación. Académico universitario

La nueva didáctica (parte 1 de 2)

¿Qué somos los maestros? ¿Empleados o profesionales?

Por Fernando Salvador Ugalde Uribe (*).

Imagen ilustrativa: Jerry Kimbrell 10 (Pixabay)

Hasta hace relativamente pocos años, los maestros en México tenían una gran influencia en nuestra sociedad. De hecho, dentro de la comunidad, estaban al nivel de lo que hoy es un presidente municipal y, en el seno de la familia. por encima del padre. Casi al mismo nivel que un sacerdote. Pero ¿qué sucedió? ¿Por qué ese cambio tan radical? ¿Por qué hoy la sociedad rechaza a los maestros?

Una encuesta realizada por el INAEC resalta que el verdadero problema de los maestros fue que no quisieron y algunos no pudieron adaptarse a los cambios que la sociedad demandaba. Y entonces pasaron de ser maestros líderes respetados por la sociedad, a ser maestros denostados.

Pero también, yo creo que el gremio de maestros ha quedado en estado de indefensión porque en las instancias superiores no existe y nunca existió un sistema que pudiera revertir esa información; en consecuencia, nosotros como profesionales de la educación debemos de generar ese cambio que permita que la sociedad nos empiece a ver y a tratar de una manera diferente.

Ese cambio que se requiere no tiene nada que ver con el profesor del pasado. Hoy debemos ser unos verdaderos mentores, entrenadores, coaching, maestros del futuro, involucrados y mejores seres humanos.

Ahora, mi pregunta es: ¿qué somos los maestros? ¿Empleados o profesionales? Aunque en realidad todos somos empleados… existe una gran diferencia entre empleado y profesional.

El empleado dice que “trabaja” solamente las horas que le pagan. El empleado hace lo que su jefe le dice. El empleado no prospera; siempre es el mismo. El empleado generalmente vive para no perder su sueldo. El empleado —con las honrosas excepciones— no es confiable. Existen empleados irrespetuosos, que carecen de empatía y de sentido de trascendencia.

El profesional de la educación, en cambio, educa con el ejemplo; se adapta a los cambios, genera competencias actuales y se maneja con responsabilidad.

Es un verdadero guía, mentor, involucrado con sus alumnos. Pero lo más importante: el profesional se prepara y estudia constantemente para aplicar esos nuevos conocimientos en las aulas y con cada uno de sus estudiantes.

En las universidades privadas y públicas donde trabajé como docente, tuve la oportunidad de conocer a profesores que son unos verdaderos profesionales: exitosos, extraordinarios, arquitectos reconocidos, políticos, ingenieros, comunicadores, administradores de grandes empresas, industriales, emprendedores y todo esto es perfecto. O así parece.

Sin embargo, hay algo que le falta a la gran mayoría de esos profesores, algo de lo que hemos hablado muchas veces en las reuniones de academia y que no hemos logrado entender. Esto es: saber transferir el conocimiento a los alumnos.

Continuaremos…

Usted ¿qué opina?

Saludos cordiales

(*) Fernando Salvador Ugalde Uribe

Candidato a doctor en educación. Académico universitario.

La opacidad ordenada por AMLO es anticonstitucional

La dispensa de permisos y licencias a las obras públicas con el pretexto del interés público y la seguridad nacional pone en riesgo al país

Por Mario Rosales Betancourt (*).

Imagen ilustrativa: Gobierno de México.

El acuerdo del presidente López Obrador (publicado este lunes por el Diario Oficial de la Federación, y en el que dispensa el otorgamiento de permisos y licencias a las obras públicas del gobierno federal alegando utilidad pública y seguridad nacional) viola indudablemente la letra y espíritu de nuestra Constitución, y amplia de manera muy peligrosa el concepto de Seguridad Nacional.

Por ende, atenta contra la seguridad jurídica, la seguridad civil, la seguridad ecológica, la transparencia y genera una competencia desleal contra la inversión privada.

El que por la rapidez en la realización de obras públicas se autoricen los permisos y las licencias, sin el análisis correspondiente, es una aberración al estado de derecho, Con esto se pone en riesgo a la sociedad, al medio ambiente.

Las obras ya no se harán por licitaciones, lo que permitirá que se entreguen a los amigos con el agravante de que la información será reservada.

Se trata de algo muy injusto, ya que estas obras podrían tener un trato privilegiado, en demérito de las obras privadas que sí tienen que cumplir con todos los trámites y requisitos, para ser autorizadas.

Lo más ilegal es que el acuerdo no se funda en la Ley de Obras Públicas ni en la Ley de Seguridad Nacional. Esta última define lo que se entiende por Seguridad Nacional en el artículo 3, y en el artículo 5 define cuáles son las amenazas a la Seguridad Nacional. En ninguno de estos preceptos se menciona algo relacionado con las obras públicas.

En su mañanera, el presidente López Obrador dijo que era para agilizar los trámites que, por otro lado, también dependen de su administración. Desde luego, el burocratismo y la tramitología hacen mucho daño al desarrollo del país; pero ¿por qué no simplificar en beneficio de toda la inversión y todas las obras, y no sola la pública? La inversión y la obra privada también crean fuentes de trabajo y beneficios económicos, por lo que si los trámites, permisos o autorizaciones resultan innecesarios, pueden suprimirse para todos.

El otro argumento, el de que se les debe tener confianza a los proveedores, también es inconsistente. Si se desconfía de las inversiones y obras privadas, también hay muchos motivos para no confiar en las obras del gobierno, de los anteriores y también de este.

Pero lo más importante es que el gobierno, por necesidad, tiene que ajustarse estrictamente a las leyes. De hecho, para los particulares lo que no está prohibido, está permitido; en cambio, para el gobierno, en lo que no está estrictamente facultado por la ley, le está prohibido.

Investigaciones periodísticas, cómo las de Latinus, han demostrado prácticas fuera de norma en la decisión de adjudicar y contratar obras y servicios por parte del actual gobierno.

El acuerdo publicado el pasado lunes en el Diario Oficial de la Federación solo busca que el gobierno pueda saltarse las normas que están establecidas. Si estas normas (que se encuentran en la Constitución, leyes, reglamentos, etc.,) son adecuadas, deben de cumplirse, empezando por el propio gobierno; si son inadecuadas, deben cambiarse. Lo que no se vale es que el obligado a cumplirlas, pueda crear un mecanismo ilegal para pasar por encima de estas normas.

(*) Mario Rosales Betancourt

(*) Profesor titular C con 45 años de antigüedad en FES Acatlán, UNAM. Profesor con 39 años de antigüedad en UAM-Azcapotzalco. Miembro de ANPERT (Asociación Nacional de Periodistas de Radio y Televisión) y de CONAPE (Compañeros Internacionales Periodistas y Editores).

El maximato de AMLO pasa por controlar a la UNAM y dejar a Sheinbaum en Palacio Nacional

Por Jorge Santa Cruz (*)

Imagen ilustrativa: Gobierno de México

Los ataques del presidente de la República a la UNAM reproducen los esquemas ideológicos del CEU

Los ataques a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) distan mucho de ser simples ocurrencias del presidente Andrés Manuel López Obrador. En realidad, forman parte de su estrategia para establecer un maximato a partir de 2024.

El modelo de control total que ha diseñado el jefe del Ejecutivo federal pasa por anular la autonomía de la UNAM y por colocar a la actual jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, en la Presidencia de la República.

La campaña presidencial contra la máxima casa de estudios de México se sustenta en la misma plataforma que utilizó el Consejo Estudiantil Universitario (CEU) a finales de los 80 y principios de los 90 para desestabilizarla. Los reclamos del CEU en aquel entonces fueron, entre otros, los siguientes:

  • Democratización de los procesos de elección de las autoridades universitarias
  • Creación del Consejo Académico Universitario con autoridad sobre el rector y los directores de los planteles
  • Desaparición de la Junta de Gobierno
  • Desaparición del Tribunal Universitario
  • Desaparición del Cuerpo de Seguridad

Hoy, López Obrador quiere exactamente lo mismo, pero lo dice con otras palabras. El 25 de octubre, aseguró que la UNAM estaba dominada por «lo más retrógrada que había y sigue existiendo». Tres días después, el 28 de octubre, señaló directamente al exrector José Narro Robles de encabezar al grupo neoliberal que controla a la Institución.

López Obrador quiere lo mismo que el CEU (cuyas redes siguen actuando dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México): «democratización de los procesos de elección de las autoridades universitarias»; esto, en palabras sencillas significa, entregar la UNAM a la izquierda radical para que la convierta en formadora de agentes subversivos. (Los ideólogos están listos para actuar: Carlos Ímaz, Imanol Ordorika, John Ackerman, Irma Eréndira Sandoval, Claudia Sheinbaum… No pasemos por alto que López Obrador evocó el 28 de octubre que Sheinbaum surgió de una protesta —la del CEU en 1988—).

Una vez entregada la UNAM a la izquierda radical se procedería a hacer lo mismo con el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y con las demás instituciones públicas del país.

Una parte importante de la juventud mexicana (tan golpeada por el neoliberalismo) quedaría, entonces, a merced de los ideólogos del marxismo cultural promovido por George Soros y redituaría un número importante de votos a la 4T, que se convertiría en el maximato del siglo XXI (casi un siglo después del de Plutarco Elías Calles).

El pasado 1 de noviembre, en Colima, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, declaró que México está preparado «desde hace mucho» para tener a una mujer en la Presidencia de la República. Y dijo más: no solo es un asunto de género, sino de darle continuidad a la Cuarta Transformación.

López Obrador sería el verdadero poder detrás de Sheinbaum, en caso de que lograra colocarla al frente del poder ejecutivo federal. La UNAM y demás instituciones públicas de educación superior, por su parte, fungirían como formadoras de milicias defensoras y promotoras de la 4T.

Tal es el escenario visto por el autor. Lo más grave para México está por ocurrir.

(*) Jorge Santa Cruz

Periodista con 40 años de trayectoria profesional

Leyes que protegen a las personas adultas mayores en México

Por Rosa López Fernández (*)

Imagen ilustrativa: debowscyfoto (Pixabay)

El Instituto Nacional para la Atención al Adulto Mayor (INAPAM) tiene varios programas para la asistencia social y cuidado de los adultos mayores y personas jubiladas. Es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones, objetivos y fines, rector de la política nacional a favor de las personas adultas mayores

Una de las tareas del INAPAM es que el gobierno y la sociedad reconozcan los derechos que tienen las personas adultas mayores para vivir con dignidad; detecta y resuelve problemas, propone y lleva a cabo acciones encaminadas a que la sociedad civil adquiera una verdadera responsabilidad ciudadana de apoyo, cuidado y respeto para las personas adultas mayores (Inapam, 2013).

Legalmente, en México, estos derechos y obligaciones están plasmados en leyes. Existen documentos jurídicos importantes, en los cuales se encuentran establecidos los derechos a favor de las personas de la tercera edad.

Algunos de estos documentos son los siguientes: en el ámbito Federal, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Ley General de Salud; Código Civil y el Código Penal.

También se han establecido Derechos Humanos de los que deben ser respetados para las personas de la Tercera Edad.

Derechos humanos de la tercera edad (INAPAM, 2013)

  • Derecho a una vida digna
  • Derecho al respeto social
  • Derecho a la salud
  • Derecho a los alimentos
  • Derecho a la seguridad social
  • Derecho al transporte y a la vialidad
  • Derecho a la justicia

Las personas mayores de 70 años no podrán ser detenidas por infracciones cometidas al bando de policía y buen gobierno, tampoco durante el trámite de una averiguación previa, ni sujetos a prisión preventiva, cuando se les atribuya un delito cuya pena en su término medio aritmético no exceda de cinco años de prisión.

  • Derecho de asociación

Ley de los derechos de las personas adultas mayores en México

Publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), 25 de junio de 2002. Última Reforma publicada en el DOF 25 de abril del 2012 (Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, 2012). Última actualización (febrero 2020)

Otro Aspecto a tomar en consideración ha sido la creación del Decálogo de los Derechos de las Personas Adultas Mayores (INAPAM, 2013).

Decálogo de los derechos de las personas adultas mayores

  1. Derecho a una vida con calidad, sin violencia y sin discriminación.
  2. Derecho a un trato digno y apropiado en cualquier procedimiento judicial.
  3. Derecho a la salud, alimentación y familia.
  4. Derecho a la educación.
  5. Derecho a un trabajo digno y bien remunerado.
  6. Derecho a la asistencia social.
  7. Derecho a asociarse y participar en procesos productivos de educación y capacitación en tu comunidad.
  8. Derecho a denunciar todo hecho, acto u omisión que viole los derechos que consagra la Ley de las Derechos de las Personas Adultas Mayores
  9. Derecho a la atención preferente en establecimientos públicos y privados que presten servicio al público.
  10. Derecho a contar con asientos preferentes en los servicios de autotransporte.

Si bien, los programas actuales aun no pudieran ser suficientes, con la irrupción de la vejez en nuestras vidas, conllevarán a continuar tomando medidas y creando leyes en beneficio de esta población.

Bibliografía

Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. (2012). Ley de los derechos de las personas adultas mayores. Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de junio de 2002. Secretaría General. Secretaría de Servicios Parlamentarios. México. Texto vigente. Última reforma publicada DOF 25-04-2012. Recuperado de http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/245.pdf

INAPAM. (2013). Instituto Nacional para la Atención del Adulto Mayor. Órgano rector de las políticas de envejecimiento en México. Recuperado de https://www.inapam.org.mx

(*) Rosa López Fernández

Doctor en Investigación Interdisciplinaria, Coordinadora del diplomado en Cuidados a las personas adultas mayores: retribuyendo a la vida, una visión interdisciplinaria.
Catedrática e investigadora en la Universidad Anáhuac, México. Maestría en Gerontología Médica y Social por el Centro Iberoamericano de Atención a la Tercera Edad.
Investigadora Agregada por la Academia de Ciencias, Licenciatura en Psicología por Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana, Cuba.

AMLO pretende acabar con la autonomía universitaria y destruir a la UNAM: Ornelas Carsolio

Por Jorge Santa Cruz

Producción: Voces Críticas y Sin Compromisos

Imagen ilustrativa: UNAM

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ataca a la Universidad Nacional Autónoma de México porque quiere quitarle su autonomía y luego destruirla, denuncia el abogado Víctor Manuel Ornelas Carsolio.

Egresado de la Facultad de Derecho de la máxima casa de estudios del país, explica que la finalidad del Ejecutivo federal consiste en ensuciarla y desprestigiarla para después decir: «Es necesario intervenir en la Universidad para poner orden y limpiarla». Lo que seguiría después sería la destrucción de la UNAM.

Profesor de las facultades de Derecho y de Contaduría y Administración de la UNAM, Ornelas Carsolio contradice las acusaciones de López Obrador en el sentido de que la Universidad Nacional sea neoliberal; es falso, también —añade— que la institución promueva el individualismo y que haya perdido su esencia.

Entrevista completa al Lic. Víctor Manuel Ornelas Carsolio

Luego de calificar a López Obrador de «perverso», aclara que el 70 por ciento de los alumnos de la UNAM tiene nivel económico bajo o medio bajo. Esto quiere decir que da a la juventud mexicana la oportunidad de formarse.

Asegura que es de las pocas instituciones públicas que funcionan, y resalta que la UNAM está entre las cien principales universidades del mundo.

Apunta que la UNAM tiene cientos de miles de egresados; también, que en ella, se hace la principal investigación a nivel nacional. Los institutos más importantes le pertenecen y los ganadores mexicanos del Premio Nobel han estudiado en sus aulas.

El presidente —en palabras del entrevistado— «no tiene idea de la realidad de la Universidad Nacional».

Pueblos buenos y gobiernos malos

Al interior de todo Estado nacional moderno, la existencia de la democracia es producto de una particular forma de relación orgánica entre pueblo y gobierno o, en otras palabras, es producto de una particular forma de integración dinámica entre dos componentes orgánicos de una misma totalidad social

Por Federico Seyde Meléndez (*)

Imagen ilustrativa: Universidad Autónoma de Nuevo León

El concepto de pueblo es una abstracción jurídica y política que nace en el marco histórico de la transición del Estado absolutista al Estado democrático. Se trata de un concepto directamente vinculado a una nueva forma de legitimidad del poder estatal, una forma anclada en la idea iluminista, teorizada y expuesta de manera magistral por Juan Jacobo Rousseau y más adelante por Emanuel Kant, de que el poder supremo e independiente del Estado, su soberanía, es un atributo inmanente a la comunidad política o, en otras palabras, una manifestación de la “voluntad general” o del sentir mayoritario de una república sustentada en derechos universales e instituciones plenamente comprometidas con la satisfacción del “interés público”. De hecho el concepto de pueblo, en el marco de la teoría jurídica del Estado (Staatslehre) que surge a partir de Kant y Hegel y que se desarrolla notablemente en Europa continental a través de las obras de grandes juristas como Jorge Jellinek, Hans Kelsen, Hermann Heller, Raymond Carré de Malberg y André Hauriou, constituye junto con el gobierno y el territorio uno de los tres componentes del Estado moderno entendido como totalidad jurídico-política.

Por lo que respecta al ámbito de la ciencia política, pueblo y gobierno son conceptos teóricos que permiten interpretar la compleja dinámica de los Estados nacionales modernos y, en este sentido, es importante tratar de caracterizar la relación que mantienen al interior de formaciones estatales concretas o “históricas” de una manera objetiva, es decir, evitando los prejuicios que derivan de la utilización de conceptos y adjetivos morales que no tienen cabida en el ámbito de una epistemología realista. En este sentido, desde una perspectiva académica no hay pueblo esencialmente “bueno”, como tampoco resulta acertado en términos científicos caracterizar a un determinado gobierno como esencialmente “malo”. De lo que sí es posible hablar es de la calidad de la democracia, de la eficacia del proceso de gobernanza y del nivel de “gobernabilidad democrática” que, en una determinada coyuntura histórica, existe al interior de Estados específicos como resultado del tipo de interacciones existentes entre el conjunto de órganos constitucionales e instituciones que dan forma al gobierno y el conjunto de individuos, asociaciones y corporaciones que dan forma al pueblo o “sociedad civil”.

Lo anterior implica que, al interior de todo Estado nacional moderno, la existencia de la democracia es producto de una particular forma de relación orgánica entre pueblo y gobierno o, en otras palabras, es producto de una particular forma de integración dinámica entre dos componentes orgánicos de una misma totalidad social. Esto significa que cuando la democracia se convierte en parte fundamental de una cosmovisión o “visión del mundo” (weltanschauung) y, como resultado de ello, la concepción democrático-liberal del Estado se convierte en la ideología dominante, resulta sumamente difícil y costoso para el gobierno preservar, en un horizonte de largo plazo, formas de conducción política no-democráticas. En este sentido, el autoritarismo gubernamental es incompatible estructuralmente con sociedades civiles plenamente inmersas en la modernidad y, cuando éste llega a manifestarse, lo hace por poco tiempo como ocurrió en el caso de Alemania entre 1933 y 1945 bajo el régimen nacional-socialista o, recientemente, en los Estados Unidos de América bajo la administración presidencial del advenedizo Donald Trump. Lo anterior queda claramente demostrado por el hecho de que, una vez derrotado el nazismo, Alemania no tardó en convertirse en una de las más avanzadas y sólidas democracias sociales del mundo y los Estados Unidos de América corrigieron el inmenso error de haber elegido a Donald Trump poniendo en la Casa Blanca a un político profesional que, con independencia de sus virtudes y limitaciones personales, tiene perfectamente claro lo que implica ser líder de un Estado democrático de derecho.

Hablar de un pueblo esencialmente “bueno” y de un gobierno esencialmente “malo” en términos morales solamente tiene cabida en el marco de un discurso demagógico y, en este sentido, esencialmente no-democrático. En el diccionario de la Lengua Española de la Real Academia, la demagogia es definida, de manera por cierto muy acertada en términos teóricos, como una “práctica política consistente en ganarse con halagos el favor popular” y como una “degeneración de la democracia, consistente en que los políticos, mediante concesiones y halagos a los sentimientos elementales de los ciudadanos, tratan de conseguir o mantener el poder”.

El tipo de comunicación política que el actual presidente de México mantiene con los sectores populares del país, no solamente es de carácter demagógico sino claramente clientelista. La expresión “amor con amor se paga” (que por cierto Hugo Chávez utilizaba con la misma frecuencia e intencionalidad) constituye un claro ejemplo de lo anterior. Con base en la lógica semiótica que deriva de esta expresión claramente demagógica, al pueblo no se le da lo que merece y requiere por el simple hecho de que así lo estipula la constitución y las leyes que de ella emanan, sino porque ha sido y continúa siendo leal a su caudillo. A través de este tipo de discurso el demagogo sustituye el concepto democrático de pueblo como sociedad civil, es decir, como componente orgánico de un Estado provisto de un sistema republicano de gobierno, por un concepto oclocrático que lo concibe como “plebe o muchedumbre” y que se encuentra directamente vinculado a una concepción paternalista y básicamente autoritaria del Estado y su aparato gubernamental.

Esta anti-democrática conceptualización del orden estatal ha hecho que López Obrador, entre otras barbaridades, afirme que el pueblo de México es intrínseca y esencialmente “sabio” y que los narcotraficantes y otros delincuentes organizados “también son pueblo” o, en otras palabras, también son parte de esa enorme masa de gente pobre en cuyo beneficio está llamado a operar el gobierno de la “cuarta transformación”. ¿Cómo es posible que un pueblo intrínseca o naturalmente sabio produzca delincuentes capaces de asesinar sin piedad a otros seres humanos y en la mayoría de los casos a personas que proceden de su misma extracción social? Este es el tipo de disparates en que incurre un gobernante que, por mucho hablar y poco escuchar, trata temas importantes e incluso fundamentales con una apabullante superficialidad y ligereza. Ningún sector del pueblo es “sabio” o “bueno”, “necio” o “malo”, en un sentido esencial o natural. En todos los sectores que dan forma a la sociedad civil se manifiestan ideas y comportamientos tanto favorables como contrarios a la democracia y al Estado de derecho. Es claro que detrás de la delincuencia en general hay miseria, marginación social y falta de oportunidades pero también es evidente que en el caso de sus formas más sofisticadas y brutales hay una actitud de profundo desprecio por la dignidad y la vida de los seres humanos que definitivamente no depende del status socio-económico de quienes la asumen.

De igual manera resulta claramente demagógico y, además, claramente absurdo en términos de interpretación histórica, el calificar a todos los gobiernos previos al actual y, de manera especial, a todos los gobiernos supuestamente “neoliberales” surgidos a partir de la administración presidencial de Carlos Salinas de Gortari, como gobiernos esencialmente perversos y organizados con la única finalidad de explotar y despojar al pueblo de México o, mejor dicho, a los sectores populares del pueblo de México. Esta narrativa, no obstante su maniqueísmo y simplicidad intelectual, es sumamente peligrosa ya que no se trata de una narrativa diferente, en su fundamentación ideológica y estructuración semiótica, a todas las narrativas demagógicas de refundación estatal en que se han cimentado las dictaduras más ominosas de la historia.

Con independencia del sistema de ideas en el que pretenden sustentar su legitimidad, con independencia de que se proyecten ante la sociedad como discursos de izquierda o de derecha, “liberales” o “conservadores”, todas estas formas paternalistas y autoritarias de comunicación política tienen en común su carácter demagógico. Se trata de narrativas que pretenden salvar al “pueblo bueno” de los garras y fauces depredadoras de “gobiernos perversos”, vinculados a oscuros intereses tanto nacionales como extranjeros. Se trata de estrategias que comparten una visión maniquea y distorsionada de la realidad política que, paradójicamente, les hace despreciar las leyes e instituciones democráticas que les permitieron llegar al poder.

Después de tres años al frente del poder ejecutivo federal, el presidente López Obrador tendría que comenzar a reconocer la importancia de sustituir el discurso polarizante y maniqueo que le permitió lograr el apoyo electoral mayoritario de los sectores populares del país, por un discurso centrado en la unidad fundamental de la nación mexicana y en la participación que todos los sectores sociales deben tener en la construcción de un orden estatal auténticamente republicano y democrático. Es tiempo de que el líder opositor se transforme en un auténtico “jefe de Estado”. A estas alturas del sexenio denostar cotidianamente a los “adversarios” políticos e ideológicos de la “cuarta transformación” no sólo es absurdo sino contraproducente. La posibilidad de justificar fracasos y errores aludiendo al ominoso legado de los nefastos e intrínsecamente corruptos “neoliberales” se ha agotado. Es tiempo de generar ideas, de generar visiones de futuro que sienten las bases de los cambios estructurales e institucionales que requiere el fortalecimiento de la democracia mexicana.

La última mitad del sexenio debe ser fundamentalmente constructiva y para ello el presidente debe comenzar a rodearse de gente inteligente y creativa como en su momento lo hizo Benito Juárez. En verdad llama la atención la ingenuidad con que López Obrador pretende utilizar de manera peyorativa el concepto gramsciano de “intelectuales orgánicos” para referirse a los críticos de su gobierno, cuando lo que necesita desesperadamente su movimiento es gente pensante. Los sistemas hegemónicos solamente pueden confrontarse de manera exitosa con proyectos contra-hegemónicos y estos necesariamente necesitan ideólogos. ¿Quiénes son los ideólogos de la cuarta transformación? ¿dónde están? Estas preguntas seguirán sin respuesta en tanto el presidente de México siga monopolizando el uso de la palabra, rodeándose de aduladores sin talento y reduciendo el nivel del debate político nacional a una burda dialéctica entre pueblos buenos y gobiernos malos.

(*) Federico Seyde Meléndez

Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana y Doctor en Ciencia Política por la Universidad de Essex (Reino Unido). Ha desempeñado diversos cargos en el gobierno federal de México y actualmente es profesor en el Instituto Nacional de Administración Pública y en la Universidad Internacional de la Rioja (España).

El fracaso de una consulta ciudadana populista y demagógica

Por Federico Seyde (*).

Imagen ilustrativa: Especial.

La fracasada consulta ciudadana llevada a cabo el pasado domingo primero de agosto constituye una clara manifestación de la naturaleza populista y autoritaria de la administración presidencial de Andrés Manuel López Obrador. Definido en términos generales, el populismo es un modelo de comunicación y acción política sustentado en la construcción y preservación de una relación de dependencia entre un líder carismático y un conjunto de sectores “populares” agraviados o, para ser más precisos, un conjunto de sectores sociales que se consideran a sí mismos, en la enorme mayoría de los casos con razones objetivas para ello, como excluidos o marginados de los beneficios generados por un determinado modelo histórico de organización estatal. Es importante tener claro que por “organización estatal” no debemos entender solamente una forma particular de organización política sino también, y de manera sumamente importante, una forma particular de organización económica. En este sentido, cada forma histórica del Estado moderno se caracteriza por un patrón específico de integración orgánica entre estructuras políticas y estructuras económicas cuyo equilibrio y preservación depende del adecuado funcionamiento de una compleja red de discursos ideológicos y prácticas estratégicas. Lo anterior implica que esta integración orgánica es potencialmente contradictoria por lo que debe ser continuamente regulada a fin de evitar su deterioro y eventual colapso. La crisis orgánica de un determinado modelo histórico de organización estatal irrumpe cuando las contradicciones estructurales entre los imperativos planteados por el proceso de legitimación política y los imperativos planteados por el proceso de reproducción económica alcanzan un punto “crítico” que rebasa las capacidades de regulación del aparato gubernamental del Estado.

Dentro de esta línea de argumentación, el aplastante triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador y su partido político puede interpretarse como la particular expresión histórica adoptada por la crisis orgánica de una forma específica de organización estatal en México. Esta crisis orgánica surgió a partir de la existencia de una relación estructural, crecientemente contradictoria, entre un modelo económico excluyente y un modelo de legitimidad política basado en una narrativa de inclusión dirigida no sólo a las clases medias sino también a los segmentos o sectores “populares”. Esta tensión entre la realidad económica y las expectativas de bienestar material y movilidad social de amplios sectores de la población mexicana alcanzó niveles explosivos en el marco histórico del proceso de alternancia democrática que, a nivel del poder ejecutivo federal, dio inicio a partir del año 2000 con la conquista del poder presidencial por parte del Partido Acción Nacional (PAN), un partido político de centro-derecha que, si bien se distanció del PRI en términos ideológicos y discursivos, mantuvo inalteradas las estructuras económicas y políticas del Estado. En virtud de lo anterior, es decir, en términos de la particular configuración estructural que adoptó la crisis orgánica del Estado en México, el triunfo electoral de la izquierda puede ser considerado como un resultado lógico, e incluso inevitable, de la transición democrática. El principal problema, al menos desde mi punto de vista, no emana del triunfo electoral de la izquierda y ni siquiera del hecho de que la izquierda triunfante haya logrado acceder al poder mediante la utilización de narrativas e imaginarios políticos populistas. La enorme mayoría de los partidos políticos de izquierda que han conquistado el control del aparato gubernamental del Estado a través de procesos electorales tanto en la Europa mediterránea como en América Latina se han apoyado en discursos de carácter populista encaminados a conquistar el apoyo de las grandes mayorías. El principal problema radica en el hecho de que la izquierda que accedió al poder en 2018 no es una izquierda liberal armada de un discurso populista de carácter democrático, sino más bien una izquierda autoritaria y clientelista armada de un discurso populista claramente demagógico.

Es por lo tanto fundamental distinguir entre el populismo “democrático” y el populismo “autoritario”. Si bien en ambos casos el líder carismático establece una comunicación directa e interdependiente con las masas populares, en el caso del populismo democrático las prácticas o acciones estratégicas del modelo de gobernanza que surge del triunfo electoral no sólo se ciñen al marco constitucional que define el orden legal e institucional del Estado, sino que se instrumentan e implementan a través de políticas públicas cuidadosamente diseñadas a partir de diagnósticos certeros, basados en evidencia empírica y en teorías científicas, de las problemáticas concretas que enfrenta la sociedad civil. El populismo autoritario, por el contrario, tiende por su propia naturaleza a subvertir el orden constitucional imperante, especialmente cuando los arreglos institucionales derivados de éste limitan el poder efectivo del líder o “caudillo”, y a funcionar de manera “ideológica”, es decir, mediante acciones estratégicas que subordinan el análisis objetivo de la realidad a los grandes dogmas que confieren legitimidad al Estado. El fracaso de muchos regímenes populistas de perfiles autoritarios y totalitarios ha sido en gran medida producto de la incapacidad de sus líderes para diferenciar entre los fundamentos ideológicos que confieren identidad y rumbo al Estado y las particularidades de la realidad histórica que éste enfrenta. El colapso de la Alemania Nazi y la Rusia Soviética constituyen dos claros ejemplos de regímenes políticos que infructuosamente pretendieron ajustar la realidad a los imperativos planteados por marcos ideológicos dogmáticos. Esta característica propia del populismo autoritario le confiere un carácter abierta y claramente demagógico. En el marco del populismo autoritario es fundamental preservar la narrativa ideológica del régimen, aun en aquellas circunstancias históricas en las cuales la evidencia empírica y el análisis académico claramente revelan su incompatibilidad con la realidad.

Desde mi punto de vista, la consulta ciudadana del pasado primero de agosto confirma la naturaleza populista y autoritaria del modelo de gobernanza puesto en marcha por la administración presidencial de López Obrador en virtud de cuatro consideraciones fundamentales. En primer lugar, la decisión de llevarla a cabo por parte del poder ejecutivo federal atenta contra los fundamentos del Estado de derecho toda vez que éste se basa en el imperio de la ley, es decir, en la idea de que ninguna voluntad individual o colectiva puede situarse por encima de sus estipulaciones y mandatos y, en virtud de ello, es absurdo consultarle al pueblo su aplicación en un caso concreto. Si algún actor político, con independencia de su jerarquía, incurrió en actos contrarios a los fundamentos de legalidad del Estado Mexicano éste debe ser investigado y, en su caso, sujeto a proceso con arreglo a las leyes vigentes sin necesidad de llevar a cabo consulta popular alguna. Es válido consultar al pueblo sobre la pertinencia o necesidad de modificar la ley, pero no es válido consultarlo sobre la pertinencia o necesidad de aplicarla por parte del poder público. En segundo lugar, este acto político atenta contra los principios de separación de poderes y autonomía institucional que han hecho posible el desarrollo de la democracia en México ya que su realización no solamente implicó forzar una decisión por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (de ahí la confusa redacción de la pregunta objeto de la consulta), sino que también implicó forzar al Instituto Nacional Electoral a la realización de una tarea absurda, costosa y para la cual esta institución no fue diseñada. El INE se creó para conferirle legalidad y certeza a los procesos electorales propios de una democracia representativa y no para organizar consultas caprichosas e innecesarias. En tercer lugar, este acto político fue claramente demagógico ya que los supuestos delitos en que incurrieron los presidentes “neoliberales” son sumamente difíciles de probar judicialmente y, en este sentido, están muy lejos de ofrecer sustento para el ejercicio de la acción penal por parte del Estado Mexicano. Esta realidad pone de manifiesto que la verdadera estrategia detrás de la consulta no fue la de juzgar a los expresidentes a fin de combatir la impunidad y restaurar la deteriorada credibilidad del sistema judicial (si este fuera el caso las declaraciones de Lozoya Austin serían más que suficientes para ejercer acción penal contra Peña Nieto y Videgaray y esto es algo que “sospechosamente” no ha ocurrido), sino la de fortalecer un discurso de legitimidad centrado en una narrativa de ruptura radical con el pasado y en el simplista y maniqueo argumento, imposible de sostener en términos académicos, de que entre 1988 y 2018 el país fue gobernado por una suerte de mafia conservadora subordinada a oscuros intereses extranjeros y dedicada fundamentalmente al expolio del patrimonio nacional. Finalmente, la narrativa presidencial construida con la finalidad de justificar el fiasco absoluto que representó la consulta no es solamente patética sino enormemente irresponsable en términos institucionales ya que sugiere que la bajísima afluencia ciudadana a las urnas se debió a una suerte de conspiración llevada a cabo por un INE dominado por los partidos políticos de oposición. El hecho real es que la participación ciudadana fue inferior al 8% del padrón electoral y esto, en cualquier lugar del mundo, constituye un fracaso estrepitoso para el gobierno que la promovió.

En síntesis y más allá de la narrativa oficial, la consulta popular del pasado primero de agosto debe quedar registrada en la memoria colectiva no como un acto democrático sino como un acto demagógico emanado de un gobierno populista y autoritario. En este sentido es sumamente positivo el que semejante iniciativa haya fracasado ya que esto pone de manifiesto el rechazo que en la mayoría de los ciudadanos provocó este burdo intento de manipulación. El concepto mismo de consulta ciudadana fue profundamente distorsionado en su razón de ser ya que, en los sistemas verdaderamente democráticos, ésta constituye un mecanismo destinado a conocer la opinión dominante que sobre un determinado aspecto estratégico en materia de gobernanza y gestión pública existe en el ámbito de la sociedad civil o, para utilizar el concepto desarrollado por Habermas, en el ámbito del “espacio público”. Obtener aprobación popular para investigar y en su caso enjuiciar a expresidentes es algo que ciertamente no cabe dentro de la lógica que, en términos tanto de teoría política como de derecho constitucional, debe regir el diseño y aplicación de este tipo de instrumentos. La verdadera intención detrás de la consulta no fue conocer la opinión de los ciudadanos en torno a un asunto de auténtico interés nacional, sino reforzar la erosionada legitimidad de un gobierno claramente incompetente poniendo de manifiesto el gran poder de convocatoria popular propio de su caudillo supremo.

De cualquier manera y no obstante el afortunado fracaso de semejante ardid, es de la mayor importancia reflexionar a profundidad sobre esta experiencia a fin de tener claro lo que verdaderamente está ocurriendo en México. Más que encontrarse inmerso en una transición democrática de carácter formal, nuestro país se encuentra inmerso en un complejo proceso de cambio estructural que, como todo proceso de semejante envergadura, puede dar origen a formas de organización política y económica que ciertamente pueden resultar mucho más negativas que aquellas que, en un primer momento, provocaron el surgimiento de la crisis y pusieron de manifiesto la necesidad de emprender un proceso de transformación. No debemos olvidar que el colapso de la República de Weimar en Alemania dio origen al régimen Nacional-Socialista de Hitler y, en nuestro vecindario, el colapso de la corrupta y disfuncional democracia venezolana dio origen a la dictadura de Chávez y Maduro.

(*) Federico Seyde

Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana y Doctor en Ciencia Política por la Universidad de Essex (Reino Unido). Ha desempeñado diversos cargos en el gobierno federal de México y actualmente es profesor en el Instituto Nacional de Administración Pública y en la Universidad Internacional de la Rioja (España).

En México los niños son súper niños ante el SARS-CoV-2

“El derecho a la vida y la salud es universal, no sabe de raza, credo o edad”

Por Marlene Martínez Leal (*)

Imagen ilustrativa: visuals3Dde (Pixabay)

Hablar de niñ@ de acuerdo con la Convención sobre los Derechos del Niñ@ y según la mayoría de las normas jurídicas internacionales, es toda persona menor de 18 años (amnistiacatalunya, 2021).

A nivel global, se estima una población total de siete mil 794 millones de personas, de acuerdo a la perspectiva de población elaborada por la Organización de las Naciones Unidas en 2019; cifra de la cual, mil 983 millones (25.45%) son niños o niñas; es decir, personas de 0 a 14 años de edad (Queretanizate, 2021).

En México, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2018, se contabilizaron 38.3 millones de niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años, de los cuales 11.4 millones tiene cinco años o menos; 13.2 millones se encuentran en edad escolar, de 6 a 11 años, y 13.7 millones son adolescentes de 12 a 17 años (INEGI, 2021).

Fuente: INEGI

Con los datos anteriores y la calendarización para la vacuna contra el SARS-CoV-2, la población de los más de 38 millones de niñ@s en México no están o estarán inmunizados, considerando que el Documento rector de la Política Nacional de Vacunación contra el Virus SARS-CoV-2, para la prevención de la COVID-19 en México dice en su apartado de Audiencias: hay “Grupos de población aún no contemplados en la vacunación … 5.1. Personas en estado de embarazo y 5.2. Personas menores de edad” (Gobierno de México, 2021).

Hasta este 12 de julio de este año, 50817979 dosis de las diferentes vacunas han sido aplicadas en nuestro país, alcanzando ya a la población de 30 años o más; teniendo un 16.5% de población con esquema de vacunación completa (unidosis o con dos dosis) (EL CEO, 2021).

Uno de los sectores que se replegó a sus hogares por seguridad, fueron los centros educativos, que significo el proteger también a los menores de edad de cualquier riesgo en su salud. En este momento, el magisterio (privado y público) así como todos los relacionados a esta área han sido inoculados, para ofrecer u retorno seguro a las aulas.

Sin embargo, la población objetivo aun es vulnerable al virus. Los niños no son super personas, también sufren de los estragos de la pandemia, y merecen la misma atención que el resto de la población, tal como se enuncia en varios ordenamientos tanto nacionales como internacionales (Declaración de los Derechos del Niño en 1959 o la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de nuestro país).

La sintomatología en los menores es muy parecida a la de los adultos. De acuerdo con Kids Health, “algunos niños están presentando síntomas causados por la inflamación en todo el cuerpo, a veces varias semanas después de haberse infectado con el virus. Esto se denomina síndrome inflamatorio multisistémico en niños (MIS-C)” (Kids Health , 2021). Entre los síntomas del síndrome MIS-C se encuentran:

Tabla 1. Síntomas de Covid-19 y MIS-C

Niñ@sAdultos
– fiebre
– dolor abdominal
– vómitos o diarrea
– erupción en la piel
– dolor de cuello
– ojos rojos
– sentirse muy cansados
– labios rojos o agrietados
– manos o pies hinchados
– ganglios linfático inflamados
– fiebre
– tos seca
– cansancio
– molestias y dolores
– dolor de garganta
– diarrea
– conjuntivitis
– dolor de cabeza
– pérdida del sentido del olfato o del gusto
– erupciones cutáneas o pérdida de color en los dedos
de las manos o de los pies
– dificultad para respirar o sensación de falta de aire
– dolor o presión en el pecho
– dificultad para hablar o moverse
Elaboración propia con base en OMS (2021) y Kids Health (2021)

La mayoría de los niños con síndrome inflamatorio multisistémico mejoran después de recibir cuidados especiales en un hospital, a veces en la UCI (unidad de cuidados intensivos); de forma muy similar a la de un adulto.

Es cierto que la tasa de mortalidad es menor en niños que en adultos. De acuerdo con el Boletín estadístico sobre el exceso de mortalidad por todas las causas durante la emergencia por COVID-19 del 14 de febrero al 6 de marzo de 2021, “en las personas menores de 20 años no se ha registrado un exceso de mortalidad, y contrario a ello, se ha registrado una disminución en el número de defunciones esperadas del -23.3%” (Coronavirus, 2021).

En este verano, las autoridades educativas han pronunciado un regreso a las aulas el próximo 30 de agosto, regreso que está condicionado a la evolución de la pandemia. Sin duda, todos sean niñ@s, jóvenes o adultos, todos requieren de atención y el mismo valor, ninguno es más que otro, más allá de conceptualizaciones legales.

Ya hay países como nuestro vecino del norte (Estados Unidos) que mediante Centro Nacional de Vacunación y Enfermedades Respiratorias (NCIRD), en su División de Enfermedades Virales, ha comunicado que ya están vacunando a niños de 12 años y más: “All children who are 12 years and older should get a COVID-19 vaccine” (cdc.gov, 2021); el biológico que se les está administrando es Pfizer-BioNTech.

Esperemos que esta práctica sea replicada en nuestro territorio, a fin de minimizar los riesgos para esta población, y que se mantengan los niveles bajos de mortandad.

La disponibilidad y prueba en menores es un factor que puede retardar la inoculación a las niñas, niños y adolescentess; en tanto esto sucede, la conciencia social de los riesgos de prevenir, deben seguir vigentes para proteger a quienes están desprotegidos por la inoculación.

Referencias

amnistiacatalunya. (12 de jun de 2021). amnistiacatalunya. Obtenido de http://www.amnistiacatalunya.org/edu/es/menores/dh-inf-defin.html

cdc.gov. (2021). cdc.gov. Obtenido de https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/vaccines/toolkits/COVID-19-Vaccine-for-Preteens_Teens-508.pdf

Coronavirus. (20 de 04 de 2021). coronavirus.gob.mx. Obtenido de https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Boleti%CC%81n_XII_Exceso_Mortalidad_SE9_MX_20Abr2021.pdf

EL CEO. (12 de 07 de 2021). EL CEO. Obtenido de https://elceo.com/internacional/cuantas-personas-se-han-vacunado-contra-covid-19-en-mexico-y-el-mundo-asi-va-el-proceso/

Gobierno de México. (11 de 01 de 2021). Gobierno de México. Obtenido de https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2021/01/PolVx_COVID_-11Ene2021.pdf

INEGI. (30 de 05 de 2021). INEGI. Obtenido de https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2019/nino2019_Nal.pdf

Kids Health . (12 de 07 de 2021). Kids Health . Obtenido de https://kidshealth.org/es/parents/coronavirus-child-is-sick-esp.html

OMS. (10 de 07 de 2021). OMS. Obtenido de https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses#:~:text=sintomas

Queretanizate. (30 de 04 de 2021). queretanizate. Obtenido de https://queretanizate.com/cuantos-ninos-hay-en-el-mundo/#:~:text=A%20nivel%20mundial%20se%20estima,a%2014%20a%C3%B1os%20de%20edad

(*) Marlene Martínez Leal

Especialista en política y gestión social

¿Quiere AMLO que la Guardia Nacional absorba al Ejército?

Por: Redacción

Imagen ilustrativa: SEDENA

El periodista Jorge Santa Cruz opina, a título personal, que el presidente de México podría preparar la desaparición del Ejército y la Fuerza Aérea utilizando para ello a la Guardia Nacional (GN).

Contrario a la opinión generalizada de que la orden que dio el Ejecutivo federal de incorporar a la GN a la Secretaría de la Defensa Nacional fortalecerá a esta dependencia, Santa Cruz señala que el plan a mediano plazo sería invertir los papeles, esto es, que la GN quede como cabeza de sector y la SEDENA (en el mejor de los casos), como un apéndice.

Comentario personal de Jorge Santa Cruz

Es sabido que el presidente López Obrador rechaza a las fuerzas armadas. Basta leer lo que dijo a La Jornada el 1 de julio de 2019.

También es notorio que ordena a los militares dejar en libertad a capos (como el hijo del «Chapo» Guzmán), que les prohíbe defenderse y que los satura de trabajo construyendo obras civiles.

Sa sabe, asimismo, que quiere que la GN sea una especie de guardia bolivariana, como la de Venezuela.

Tal es la hipótesis de Jorge Santa Cruz que está abierta al debate.

¿Qué le espera a la capital del país?

Elecciones 2021: Lo que sigue (3)

Por Redacción

Imagen ilustrativa: Edwin Díaz Cruz (Wikipedia)

La Ciudad de México vivirá una nueva dinámica política cuando se abra la próxima legislatura del congreso local. Los pesos y contrapesos serán diferentes.

A nivel de alcaldías, lo cierto, sin embargo, es que Morena dominará la parte este de la capital del país.

Triunfo incomprensible

El abogado Roberto Jesús Tapia Castillo, quien ha vivido siempre en Tláhuac, señala lo siguiente:

Resulta incomprensible cómo Morena ganó en las alcaldías del sureste de la Ciudad de México, entre ellas Tláhuac (donde dos policías federales fueron linchados cuando López Obrador era jefe de gobierno y Ebrard, el jefe de la policía, y donde se desplomó parte de un paso elevado de la Línea 12 del Metro).

Morena sigue siendo una fuerza vigente a pesar, también, de que tiene gente mesiánica que descalifica a sus críticos o violenta las leyes que les son incómodas. Y de que tiene un gobierno en el que el presidente de la República se ufana de recibir vacunas regaladas por Estados Unidos y limita el presupuesto para el desarrollo de la ciencia y la tecnología mexicanas.

¿Habrá equilibrio legislativo?

Responden cuatro estudiosos:

Marlene Martínez Leal (especialista en política y gestión social)

Los resultados electorales en la Ciudad de México ponen en claro que Morena dejará de gobernar al cien por ciento.

Andrés Manuel López Obrador fue incrementando su control político sobre la capital desde que fue jefe de gobierno; sin embargo, temas como el de la Línea 12 del Metro y la pandemia de Covid-19 se han convertido en una catapulta contra la titular del gobierno central, Claudia Sheinbaum.

Se trata de un revire que permite esperar un cambio.

También, es factible pensar que la Ciudad de México está controlada por dos fuerzas, como sucede en los Estados Unidos, la de los liberales y la de los conservadores.

Arturo García Jiménez (doctor en derecho, especialista en temas electorales)

La próxima conformación del Congreso de la Ciudad de México obligará a la negociación.

Sin embargo, se hace necesario que todas fracciones parlamentarias pongan por encima el interés general de los ciudadanos porque “es lamentable y triste cómo se llega a la negociación al interior de los poderes legislativos; en donde parecería un trueque político: qué me das y qué te doy”.

Hay muchos errores en la Ciudad de México que pueden ser superados y subsanados; sin embargo, a veces falta voluntad política.

Rubén Sánchez Orozco (doctor en administración pública)

Cuando existe un equilibrio de poderes, como sucederá con el próximo Congreso de la Ciudad de México, se deberá proceder con absoluta madurez.

Los diputados locales tendrán tres años para trabajar en favor de la capital del país. Habrá que observar cómo se comportan, si verdaderamente pueden llegar a acuerdos para llevar a cabo políticas adecuadas de desarrollo, tanto económicas como de seguridad social, principalmente.

Víctor Manuel Ornelas Carsolio (abogado, maestro en justicia federal)

La Ciudad de México es el mejor escenario de lo que sucede a nivel nacional. Tenemos una ciudad literalmente partida a la mitad y el que sufrió una estrepitosa derrota fue el partido en el gobierno.

Es tiempo, ahora, de exigirle a todos aquellos que tienen la obligación de gobernar que lo hagan con talento y para todos.