Leyes que protegen a las personas adultas mayores en México

Por Rosa López Fernández (*)

Imagen ilustrativa: debowscyfoto (Pixabay)

El Instituto Nacional para la Atención al Adulto Mayor (INAPAM) tiene varios programas para la asistencia social y cuidado de los adultos mayores y personas jubiladas. Es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones, objetivos y fines, rector de la política nacional a favor de las personas adultas mayores

Una de las tareas del INAPAM es que el gobierno y la sociedad reconozcan los derechos que tienen las personas adultas mayores para vivir con dignidad; detecta y resuelve problemas, propone y lleva a cabo acciones encaminadas a que la sociedad civil adquiera una verdadera responsabilidad ciudadana de apoyo, cuidado y respeto para las personas adultas mayores (Inapam, 2013).

Legalmente, en México, estos derechos y obligaciones están plasmados en leyes. Existen documentos jurídicos importantes, en los cuales se encuentran establecidos los derechos a favor de las personas de la tercera edad.

Algunos de estos documentos son los siguientes: en el ámbito Federal, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Ley General de Salud; Código Civil y el Código Penal.

También se han establecido Derechos Humanos de los que deben ser respetados para las personas de la Tercera Edad.

Derechos humanos de la tercera edad (INAPAM, 2013)

  • Derecho a una vida digna
  • Derecho al respeto social
  • Derecho a la salud
  • Derecho a los alimentos
  • Derecho a la seguridad social
  • Derecho al transporte y a la vialidad
  • Derecho a la justicia

Las personas mayores de 70 años no podrán ser detenidas por infracciones cometidas al bando de policía y buen gobierno, tampoco durante el trámite de una averiguación previa, ni sujetos a prisión preventiva, cuando se les atribuya un delito cuya pena en su término medio aritmético no exceda de cinco años de prisión.

  • Derecho de asociación

Ley de los derechos de las personas adultas mayores en México

Publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), 25 de junio de 2002. Última Reforma publicada en el DOF 25 de abril del 2012 (Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, 2012). Última actualización (febrero 2020)

Otro Aspecto a tomar en consideración ha sido la creación del Decálogo de los Derechos de las Personas Adultas Mayores (INAPAM, 2013).

Decálogo de los derechos de las personas adultas mayores

  1. Derecho a una vida con calidad, sin violencia y sin discriminación.
  2. Derecho a un trato digno y apropiado en cualquier procedimiento judicial.
  3. Derecho a la salud, alimentación y familia.
  4. Derecho a la educación.
  5. Derecho a un trabajo digno y bien remunerado.
  6. Derecho a la asistencia social.
  7. Derecho a asociarse y participar en procesos productivos de educación y capacitación en tu comunidad.
  8. Derecho a denunciar todo hecho, acto u omisión que viole los derechos que consagra la Ley de las Derechos de las Personas Adultas Mayores
  9. Derecho a la atención preferente en establecimientos públicos y privados que presten servicio al público.
  10. Derecho a contar con asientos preferentes en los servicios de autotransporte.

Si bien, los programas actuales aun no pudieran ser suficientes, con la irrupción de la vejez en nuestras vidas, conllevarán a continuar tomando medidas y creando leyes en beneficio de esta población.

Bibliografía

Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. (2012). Ley de los derechos de las personas adultas mayores. Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de junio de 2002. Secretaría General. Secretaría de Servicios Parlamentarios. México. Texto vigente. Última reforma publicada DOF 25-04-2012. Recuperado de http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/245.pdf

INAPAM. (2013). Instituto Nacional para la Atención del Adulto Mayor. Órgano rector de las políticas de envejecimiento en México. Recuperado de https://www.inapam.org.mx

(*) Rosa López Fernández

Doctor en Investigación Interdisciplinaria, Coordinadora del diplomado en Cuidados a las personas adultas mayores: retribuyendo a la vida, una visión interdisciplinaria.
Catedrática e investigadora en la Universidad Anáhuac, México. Maestría en Gerontología Médica y Social por el Centro Iberoamericano de Atención a la Tercera Edad.
Investigadora Agregada por la Academia de Ciencias, Licenciatura en Psicología por Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana, Cuba.

AMLO pretende acabar con la autonomía universitaria y destruir a la UNAM: Ornelas Carsolio

Por Jorge Santa Cruz

Producción: Voces Críticas y Sin Compromisos

Imagen ilustrativa: UNAM

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ataca a la Universidad Nacional Autónoma de México porque quiere quitarle su autonomía y luego destruirla, denuncia el abogado Víctor Manuel Ornelas Carsolio.

Egresado de la Facultad de Derecho de la máxima casa de estudios del país, explica que la finalidad del Ejecutivo federal consiste en ensuciarla y desprestigiarla para después decir: “Es necesario intervenir en la Universidad para poner orden y limpiarla”. Lo que seguiría después sería la destrucción de la UNAM.

Profesor de las facultades de Derecho y de Contaduría y Administración de la UNAM, Ornelas Carsolio contradice las acusaciones de López Obrador en el sentido de que la Universidad Nacional sea neoliberal; es falso, también —añade— que la institución promueva el individualismo y que haya perdido su esencia.

Entrevista completa al Lic. Víctor Manuel Ornelas Carsolio

Luego de calificar a López Obrador de «perverso», aclara que el 70 por ciento de los alumnos de la UNAM tiene nivel económico bajo o medio bajo. Esto quiere decir que da a la juventud mexicana la oportunidad de formarse.

Asegura que es de las pocas instituciones públicas que funcionan, y resalta que la UNAM está entre las cien principales universidades del mundo.

Apunta que la UNAM tiene cientos de miles de egresados; también, que en ella, se hace la principal investigación a nivel nacional. Los institutos más importantes le pertenecen y los ganadores mexicanos del Premio Nobel han estudiado en sus aulas.

El presidente —en palabras del entrevistado— «no tiene idea de la realidad de la Universidad Nacional».

Pueblos buenos y gobiernos malos

Al interior de todo Estado nacional moderno, la existencia de la democracia es producto de una particular forma de relación orgánica entre pueblo y gobierno o, en otras palabras, es producto de una particular forma de integración dinámica entre dos componentes orgánicos de una misma totalidad social

Por Federico Seyde Meléndez (*)

Imagen ilustrativa: Universidad Autónoma de Nuevo León

El concepto de pueblo es una abstracción jurídica y política que nace en el marco histórico de la transición del Estado absolutista al Estado democrático. Se trata de un concepto directamente vinculado a una nueva forma de legitimidad del poder estatal, una forma anclada en la idea iluminista, teorizada y expuesta de manera magistral por Juan Jacobo Rousseau y más adelante por Emanuel Kant, de que el poder supremo e independiente del Estado, su soberanía, es un atributo inmanente a la comunidad política o, en otras palabras, una manifestación de la “voluntad general” o del sentir mayoritario de una república sustentada en derechos universales e instituciones plenamente comprometidas con la satisfacción del “interés público”. De hecho el concepto de pueblo, en el marco de la teoría jurídica del Estado (Staatslehre) que surge a partir de Kant y Hegel y que se desarrolla notablemente en Europa continental a través de las obras de grandes juristas como Jorge Jellinek, Hans Kelsen, Hermann Heller, Raymond Carré de Malberg y André Hauriou, constituye junto con el gobierno y el territorio uno de los tres componentes del Estado moderno entendido como totalidad jurídico-política.

Por lo que respecta al ámbito de la ciencia política, pueblo y gobierno son conceptos teóricos que permiten interpretar la compleja dinámica de los Estados nacionales modernos y, en este sentido, es importante tratar de caracterizar la relación que mantienen al interior de formaciones estatales concretas o “históricas” de una manera objetiva, es decir, evitando los prejuicios que derivan de la utilización de conceptos y adjetivos morales que no tienen cabida en el ámbito de una epistemología realista. En este sentido, desde una perspectiva académica no hay pueblo esencialmente “bueno”, como tampoco resulta acertado en términos científicos caracterizar a un determinado gobierno como esencialmente “malo”. De lo que sí es posible hablar es de la calidad de la democracia, de la eficacia del proceso de gobernanza y del nivel de “gobernabilidad democrática” que, en una determinada coyuntura histórica, existe al interior de Estados específicos como resultado del tipo de interacciones existentes entre el conjunto de órganos constitucionales e instituciones que dan forma al gobierno y el conjunto de individuos, asociaciones y corporaciones que dan forma al pueblo o “sociedad civil”.

Lo anterior implica que, al interior de todo Estado nacional moderno, la existencia de la democracia es producto de una particular forma de relación orgánica entre pueblo y gobierno o, en otras palabras, es producto de una particular forma de integración dinámica entre dos componentes orgánicos de una misma totalidad social. Esto significa que cuando la democracia se convierte en parte fundamental de una cosmovisión o “visión del mundo” (weltanschauung) y, como resultado de ello, la concepción democrático-liberal del Estado se convierte en la ideología dominante, resulta sumamente difícil y costoso para el gobierno preservar, en un horizonte de largo plazo, formas de conducción política no-democráticas. En este sentido, el autoritarismo gubernamental es incompatible estructuralmente con sociedades civiles plenamente inmersas en la modernidad y, cuando éste llega a manifestarse, lo hace por poco tiempo como ocurrió en el caso de Alemania entre 1933 y 1945 bajo el régimen nacional-socialista o, recientemente, en los Estados Unidos de América bajo la administración presidencial del advenedizo Donald Trump. Lo anterior queda claramente demostrado por el hecho de que, una vez derrotado el nazismo, Alemania no tardó en convertirse en una de las más avanzadas y sólidas democracias sociales del mundo y los Estados Unidos de América corrigieron el inmenso error de haber elegido a Donald Trump poniendo en la Casa Blanca a un político profesional que, con independencia de sus virtudes y limitaciones personales, tiene perfectamente claro lo que implica ser líder de un Estado democrático de derecho.

Hablar de un pueblo esencialmente “bueno” y de un gobierno esencialmente “malo” en términos morales solamente tiene cabida en el marco de un discurso demagógico y, en este sentido, esencialmente no-democrático. En el diccionario de la Lengua Española de la Real Academia, la demagogia es definida, de manera por cierto muy acertada en términos teóricos, como una “práctica política consistente en ganarse con halagos el favor popular” y como una “degeneración de la democracia, consistente en que los políticos, mediante concesiones y halagos a los sentimientos elementales de los ciudadanos, tratan de conseguir o mantener el poder”.

El tipo de comunicación política que el actual presidente de México mantiene con los sectores populares del país, no solamente es de carácter demagógico sino claramente clientelista. La expresión “amor con amor se paga” (que por cierto Hugo Chávez utilizaba con la misma frecuencia e intencionalidad) constituye un claro ejemplo de lo anterior. Con base en la lógica semiótica que deriva de esta expresión claramente demagógica, al pueblo no se le da lo que merece y requiere por el simple hecho de que así lo estipula la constitución y las leyes que de ella emanan, sino porque ha sido y continúa siendo leal a su caudillo. A través de este tipo de discurso el demagogo sustituye el concepto democrático de pueblo como sociedad civil, es decir, como componente orgánico de un Estado provisto de un sistema republicano de gobierno, por un concepto oclocrático que lo concibe como “plebe o muchedumbre” y que se encuentra directamente vinculado a una concepción paternalista y básicamente autoritaria del Estado y su aparato gubernamental.

Esta anti-democrática conceptualización del orden estatal ha hecho que López Obrador, entre otras barbaridades, afirme que el pueblo de México es intrínseca y esencialmente “sabio” y que los narcotraficantes y otros delincuentes organizados “también son pueblo” o, en otras palabras, también son parte de esa enorme masa de gente pobre en cuyo beneficio está llamado a operar el gobierno de la “cuarta transformación”. ¿Cómo es posible que un pueblo intrínseca o naturalmente sabio produzca delincuentes capaces de asesinar sin piedad a otros seres humanos y en la mayoría de los casos a personas que proceden de su misma extracción social? Este es el tipo de disparates en que incurre un gobernante que, por mucho hablar y poco escuchar, trata temas importantes e incluso fundamentales con una apabullante superficialidad y ligereza. Ningún sector del pueblo es “sabio” o “bueno”, “necio” o “malo”, en un sentido esencial o natural. En todos los sectores que dan forma a la sociedad civil se manifiestan ideas y comportamientos tanto favorables como contrarios a la democracia y al Estado de derecho. Es claro que detrás de la delincuencia en general hay miseria, marginación social y falta de oportunidades pero también es evidente que en el caso de sus formas más sofisticadas y brutales hay una actitud de profundo desprecio por la dignidad y la vida de los seres humanos que definitivamente no depende del status socio-económico de quienes la asumen.

De igual manera resulta claramente demagógico y, además, claramente absurdo en términos de interpretación histórica, el calificar a todos los gobiernos previos al actual y, de manera especial, a todos los gobiernos supuestamente “neoliberales” surgidos a partir de la administración presidencial de Carlos Salinas de Gortari, como gobiernos esencialmente perversos y organizados con la única finalidad de explotar y despojar al pueblo de México o, mejor dicho, a los sectores populares del pueblo de México. Esta narrativa, no obstante su maniqueísmo y simplicidad intelectual, es sumamente peligrosa ya que no se trata de una narrativa diferente, en su fundamentación ideológica y estructuración semiótica, a todas las narrativas demagógicas de refundación estatal en que se han cimentado las dictaduras más ominosas de la historia.

Con independencia del sistema de ideas en el que pretenden sustentar su legitimidad, con independencia de que se proyecten ante la sociedad como discursos de izquierda o de derecha, “liberales” o “conservadores”, todas estas formas paternalistas y autoritarias de comunicación política tienen en común su carácter demagógico. Se trata de narrativas que pretenden salvar al “pueblo bueno” de los garras y fauces depredadoras de “gobiernos perversos”, vinculados a oscuros intereses tanto nacionales como extranjeros. Se trata de estrategias que comparten una visión maniquea y distorsionada de la realidad política que, paradójicamente, les hace despreciar las leyes e instituciones democráticas que les permitieron llegar al poder.

Después de tres años al frente del poder ejecutivo federal, el presidente López Obrador tendría que comenzar a reconocer la importancia de sustituir el discurso polarizante y maniqueo que le permitió lograr el apoyo electoral mayoritario de los sectores populares del país, por un discurso centrado en la unidad fundamental de la nación mexicana y en la participación que todos los sectores sociales deben tener en la construcción de un orden estatal auténticamente republicano y democrático. Es tiempo de que el líder opositor se transforme en un auténtico “jefe de Estado”. A estas alturas del sexenio denostar cotidianamente a los “adversarios” políticos e ideológicos de la “cuarta transformación” no sólo es absurdo sino contraproducente. La posibilidad de justificar fracasos y errores aludiendo al ominoso legado de los nefastos e intrínsecamente corruptos “neoliberales” se ha agotado. Es tiempo de generar ideas, de generar visiones de futuro que sienten las bases de los cambios estructurales e institucionales que requiere el fortalecimiento de la democracia mexicana.

La última mitad del sexenio debe ser fundamentalmente constructiva y para ello el presidente debe comenzar a rodearse de gente inteligente y creativa como en su momento lo hizo Benito Juárez. En verdad llama la atención la ingenuidad con que López Obrador pretende utilizar de manera peyorativa el concepto gramsciano de “intelectuales orgánicos” para referirse a los críticos de su gobierno, cuando lo que necesita desesperadamente su movimiento es gente pensante. Los sistemas hegemónicos solamente pueden confrontarse de manera exitosa con proyectos contra-hegemónicos y estos necesariamente necesitan ideólogos. ¿Quiénes son los ideólogos de la cuarta transformación? ¿dónde están? Estas preguntas seguirán sin respuesta en tanto el presidente de México siga monopolizando el uso de la palabra, rodeándose de aduladores sin talento y reduciendo el nivel del debate político nacional a una burda dialéctica entre pueblos buenos y gobiernos malos.

(*) Federico Seyde Meléndez

Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana y Doctor en Ciencia Política por la Universidad de Essex (Reino Unido). Ha desempeñado diversos cargos en el gobierno federal de México y actualmente es profesor en el Instituto Nacional de Administración Pública y en la Universidad Internacional de la Rioja (España).

El fracaso de una consulta ciudadana populista y demagógica

Por Federico Seyde (*).

Imagen ilustrativa: Especial.

La fracasada consulta ciudadana llevada a cabo el pasado domingo primero de agosto constituye una clara manifestación de la naturaleza populista y autoritaria de la administración presidencial de Andrés Manuel López Obrador. Definido en términos generales, el populismo es un modelo de comunicación y acción política sustentado en la construcción y preservación de una relación de dependencia entre un líder carismático y un conjunto de sectores “populares” agraviados o, para ser más precisos, un conjunto de sectores sociales que se consideran a sí mismos, en la enorme mayoría de los casos con razones objetivas para ello, como excluidos o marginados de los beneficios generados por un determinado modelo histórico de organización estatal. Es importante tener claro que por “organización estatal” no debemos entender solamente una forma particular de organización política sino también, y de manera sumamente importante, una forma particular de organización económica. En este sentido, cada forma histórica del Estado moderno se caracteriza por un patrón específico de integración orgánica entre estructuras políticas y estructuras económicas cuyo equilibrio y preservación depende del adecuado funcionamiento de una compleja red de discursos ideológicos y prácticas estratégicas. Lo anterior implica que esta integración orgánica es potencialmente contradictoria por lo que debe ser continuamente regulada a fin de evitar su deterioro y eventual colapso. La crisis orgánica de un determinado modelo histórico de organización estatal irrumpe cuando las contradicciones estructurales entre los imperativos planteados por el proceso de legitimación política y los imperativos planteados por el proceso de reproducción económica alcanzan un punto “crítico” que rebasa las capacidades de regulación del aparato gubernamental del Estado.

Dentro de esta línea de argumentación, el aplastante triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador y su partido político puede interpretarse como la particular expresión histórica adoptada por la crisis orgánica de una forma específica de organización estatal en México. Esta crisis orgánica surgió a partir de la existencia de una relación estructural, crecientemente contradictoria, entre un modelo económico excluyente y un modelo de legitimidad política basado en una narrativa de inclusión dirigida no sólo a las clases medias sino también a los segmentos o sectores “populares”. Esta tensión entre la realidad económica y las expectativas de bienestar material y movilidad social de amplios sectores de la población mexicana alcanzó niveles explosivos en el marco histórico del proceso de alternancia democrática que, a nivel del poder ejecutivo federal, dio inicio a partir del año 2000 con la conquista del poder presidencial por parte del Partido Acción Nacional (PAN), un partido político de centro-derecha que, si bien se distanció del PRI en términos ideológicos y discursivos, mantuvo inalteradas las estructuras económicas y políticas del Estado. En virtud de lo anterior, es decir, en términos de la particular configuración estructural que adoptó la crisis orgánica del Estado en México, el triunfo electoral de la izquierda puede ser considerado como un resultado lógico, e incluso inevitable, de la transición democrática. El principal problema, al menos desde mi punto de vista, no emana del triunfo electoral de la izquierda y ni siquiera del hecho de que la izquierda triunfante haya logrado acceder al poder mediante la utilización de narrativas e imaginarios políticos populistas. La enorme mayoría de los partidos políticos de izquierda que han conquistado el control del aparato gubernamental del Estado a través de procesos electorales tanto en la Europa mediterránea como en América Latina se han apoyado en discursos de carácter populista encaminados a conquistar el apoyo de las grandes mayorías. El principal problema radica en el hecho de que la izquierda que accedió al poder en 2018 no es una izquierda liberal armada de un discurso populista de carácter democrático, sino más bien una izquierda autoritaria y clientelista armada de un discurso populista claramente demagógico.

Es por lo tanto fundamental distinguir entre el populismo “democrático” y el populismo “autoritario”. Si bien en ambos casos el líder carismático establece una comunicación directa e interdependiente con las masas populares, en el caso del populismo democrático las prácticas o acciones estratégicas del modelo de gobernanza que surge del triunfo electoral no sólo se ciñen al marco constitucional que define el orden legal e institucional del Estado, sino que se instrumentan e implementan a través de políticas públicas cuidadosamente diseñadas a partir de diagnósticos certeros, basados en evidencia empírica y en teorías científicas, de las problemáticas concretas que enfrenta la sociedad civil. El populismo autoritario, por el contrario, tiende por su propia naturaleza a subvertir el orden constitucional imperante, especialmente cuando los arreglos institucionales derivados de éste limitan el poder efectivo del líder o “caudillo”, y a funcionar de manera “ideológica”, es decir, mediante acciones estratégicas que subordinan el análisis objetivo de la realidad a los grandes dogmas que confieren legitimidad al Estado. El fracaso de muchos regímenes populistas de perfiles autoritarios y totalitarios ha sido en gran medida producto de la incapacidad de sus líderes para diferenciar entre los fundamentos ideológicos que confieren identidad y rumbo al Estado y las particularidades de la realidad histórica que éste enfrenta. El colapso de la Alemania Nazi y la Rusia Soviética constituyen dos claros ejemplos de regímenes políticos que infructuosamente pretendieron ajustar la realidad a los imperativos planteados por marcos ideológicos dogmáticos. Esta característica propia del populismo autoritario le confiere un carácter abierta y claramente demagógico. En el marco del populismo autoritario es fundamental preservar la narrativa ideológica del régimen, aun en aquellas circunstancias históricas en las cuales la evidencia empírica y el análisis académico claramente revelan su incompatibilidad con la realidad.

Desde mi punto de vista, la consulta ciudadana del pasado primero de agosto confirma la naturaleza populista y autoritaria del modelo de gobernanza puesto en marcha por la administración presidencial de López Obrador en virtud de cuatro consideraciones fundamentales. En primer lugar, la decisión de llevarla a cabo por parte del poder ejecutivo federal atenta contra los fundamentos del Estado de derecho toda vez que éste se basa en el imperio de la ley, es decir, en la idea de que ninguna voluntad individual o colectiva puede situarse por encima de sus estipulaciones y mandatos y, en virtud de ello, es absurdo consultarle al pueblo su aplicación en un caso concreto. Si algún actor político, con independencia de su jerarquía, incurrió en actos contrarios a los fundamentos de legalidad del Estado Mexicano éste debe ser investigado y, en su caso, sujeto a proceso con arreglo a las leyes vigentes sin necesidad de llevar a cabo consulta popular alguna. Es válido consultar al pueblo sobre la pertinencia o necesidad de modificar la ley, pero no es válido consultarlo sobre la pertinencia o necesidad de aplicarla por parte del poder público. En segundo lugar, este acto político atenta contra los principios de separación de poderes y autonomía institucional que han hecho posible el desarrollo de la democracia en México ya que su realización no solamente implicó forzar una decisión por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (de ahí la confusa redacción de la pregunta objeto de la consulta), sino que también implicó forzar al Instituto Nacional Electoral a la realización de una tarea absurda, costosa y para la cual esta institución no fue diseñada. El INE se creó para conferirle legalidad y certeza a los procesos electorales propios de una democracia representativa y no para organizar consultas caprichosas e innecesarias. En tercer lugar, este acto político fue claramente demagógico ya que los supuestos delitos en que incurrieron los presidentes “neoliberales” son sumamente difíciles de probar judicialmente y, en este sentido, están muy lejos de ofrecer sustento para el ejercicio de la acción penal por parte del Estado Mexicano. Esta realidad pone de manifiesto que la verdadera estrategia detrás de la consulta no fue la de juzgar a los expresidentes a fin de combatir la impunidad y restaurar la deteriorada credibilidad del sistema judicial (si este fuera el caso las declaraciones de Lozoya Austin serían más que suficientes para ejercer acción penal contra Peña Nieto y Videgaray y esto es algo que “sospechosamente” no ha ocurrido), sino la de fortalecer un discurso de legitimidad centrado en una narrativa de ruptura radical con el pasado y en el simplista y maniqueo argumento, imposible de sostener en términos académicos, de que entre 1988 y 2018 el país fue gobernado por una suerte de mafia conservadora subordinada a oscuros intereses extranjeros y dedicada fundamentalmente al expolio del patrimonio nacional. Finalmente, la narrativa presidencial construida con la finalidad de justificar el fiasco absoluto que representó la consulta no es solamente patética sino enormemente irresponsable en términos institucionales ya que sugiere que la bajísima afluencia ciudadana a las urnas se debió a una suerte de conspiración llevada a cabo por un INE dominado por los partidos políticos de oposición. El hecho real es que la participación ciudadana fue inferior al 8% del padrón electoral y esto, en cualquier lugar del mundo, constituye un fracaso estrepitoso para el gobierno que la promovió.

En síntesis y más allá de la narrativa oficial, la consulta popular del pasado primero de agosto debe quedar registrada en la memoria colectiva no como un acto democrático sino como un acto demagógico emanado de un gobierno populista y autoritario. En este sentido es sumamente positivo el que semejante iniciativa haya fracasado ya que esto pone de manifiesto el rechazo que en la mayoría de los ciudadanos provocó este burdo intento de manipulación. El concepto mismo de consulta ciudadana fue profundamente distorsionado en su razón de ser ya que, en los sistemas verdaderamente democráticos, ésta constituye un mecanismo destinado a conocer la opinión dominante que sobre un determinado aspecto estratégico en materia de gobernanza y gestión pública existe en el ámbito de la sociedad civil o, para utilizar el concepto desarrollado por Habermas, en el ámbito del “espacio público”. Obtener aprobación popular para investigar y en su caso enjuiciar a expresidentes es algo que ciertamente no cabe dentro de la lógica que, en términos tanto de teoría política como de derecho constitucional, debe regir el diseño y aplicación de este tipo de instrumentos. La verdadera intención detrás de la consulta no fue conocer la opinión de los ciudadanos en torno a un asunto de auténtico interés nacional, sino reforzar la erosionada legitimidad de un gobierno claramente incompetente poniendo de manifiesto el gran poder de convocatoria popular propio de su caudillo supremo.

De cualquier manera y no obstante el afortunado fracaso de semejante ardid, es de la mayor importancia reflexionar a profundidad sobre esta experiencia a fin de tener claro lo que verdaderamente está ocurriendo en México. Más que encontrarse inmerso en una transición democrática de carácter formal, nuestro país se encuentra inmerso en un complejo proceso de cambio estructural que, como todo proceso de semejante envergadura, puede dar origen a formas de organización política y económica que ciertamente pueden resultar mucho más negativas que aquellas que, en un primer momento, provocaron el surgimiento de la crisis y pusieron de manifiesto la necesidad de emprender un proceso de transformación. No debemos olvidar que el colapso de la República de Weimar en Alemania dio origen al régimen Nacional-Socialista de Hitler y, en nuestro vecindario, el colapso de la corrupta y disfuncional democracia venezolana dio origen a la dictadura de Chávez y Maduro.

(*) Federico Seyde

Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana y Doctor en Ciencia Política por la Universidad de Essex (Reino Unido). Ha desempeñado diversos cargos en el gobierno federal de México y actualmente es profesor en el Instituto Nacional de Administración Pública y en la Universidad Internacional de la Rioja (España).

En México los niños son súper niños ante el SARS-CoV-2

“El derecho a la vida y la salud es universal, no sabe de raza, credo o edad”

Por Marlene Martínez Leal (*)

Imagen ilustrativa: visuals3Dde (Pixabay)

Hablar de niñ@ de acuerdo con la Convención sobre los Derechos del Niñ@ y según la mayoría de las normas jurídicas internacionales, es toda persona menor de 18 años (amnistiacatalunya, 2021).

A nivel global, se estima una población total de siete mil 794 millones de personas, de acuerdo a la perspectiva de población elaborada por la Organización de las Naciones Unidas en 2019; cifra de la cual, mil 983 millones (25.45%) son niños o niñas; es decir, personas de 0 a 14 años de edad (Queretanizate, 2021).

En México, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2018, se contabilizaron 38.3 millones de niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años, de los cuales 11.4 millones tiene cinco años o menos; 13.2 millones se encuentran en edad escolar, de 6 a 11 años, y 13.7 millones son adolescentes de 12 a 17 años (INEGI, 2021).

Fuente: INEGI

Con los datos anteriores y la calendarización para la vacuna contra el SARS-CoV-2, la población de los más de 38 millones de niñ@s en México no están o estarán inmunizados, considerando que el Documento rector de la Política Nacional de Vacunación contra el Virus SARS-CoV-2, para la prevención de la COVID-19 en México dice en su apartado de Audiencias: hay “Grupos de población aún no contemplados en la vacunación … 5.1. Personas en estado de embarazo y 5.2. Personas menores de edad” (Gobierno de México, 2021).

Hasta este 12 de julio de este año, 50817979 dosis de las diferentes vacunas han sido aplicadas en nuestro país, alcanzando ya a la población de 30 años o más; teniendo un 16.5% de población con esquema de vacunación completa (unidosis o con dos dosis) (EL CEO, 2021).

Uno de los sectores que se replegó a sus hogares por seguridad, fueron los centros educativos, que significo el proteger también a los menores de edad de cualquier riesgo en su salud. En este momento, el magisterio (privado y público) así como todos los relacionados a esta área han sido inoculados, para ofrecer u retorno seguro a las aulas.

Sin embargo, la población objetivo aun es vulnerable al virus. Los niños no son super personas, también sufren de los estragos de la pandemia, y merecen la misma atención que el resto de la población, tal como se enuncia en varios ordenamientos tanto nacionales como internacionales (Declaración de los Derechos del Niño en 1959 o la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de nuestro país).

La sintomatología en los menores es muy parecida a la de los adultos. De acuerdo con Kids Health, “algunos niños están presentando síntomas causados por la inflamación en todo el cuerpo, a veces varias semanas después de haberse infectado con el virus. Esto se denomina síndrome inflamatorio multisistémico en niños (MIS-C)” (Kids Health , 2021). Entre los síntomas del síndrome MIS-C se encuentran:

Tabla 1. Síntomas de Covid-19 y MIS-C

Niñ@sAdultos
– fiebre
– dolor abdominal
– vómitos o diarrea
– erupción en la piel
– dolor de cuello
– ojos rojos
– sentirse muy cansados
– labios rojos o agrietados
– manos o pies hinchados
– ganglios linfático inflamados
– fiebre
– tos seca
– cansancio
– molestias y dolores
– dolor de garganta
– diarrea
– conjuntivitis
– dolor de cabeza
– pérdida del sentido del olfato o del gusto
– erupciones cutáneas o pérdida de color en los dedos
de las manos o de los pies
– dificultad para respirar o sensación de falta de aire
– dolor o presión en el pecho
– dificultad para hablar o moverse
Elaboración propia con base en OMS (2021) y Kids Health (2021)

La mayoría de los niños con síndrome inflamatorio multisistémico mejoran después de recibir cuidados especiales en un hospital, a veces en la UCI (unidad de cuidados intensivos); de forma muy similar a la de un adulto.

Es cierto que la tasa de mortalidad es menor en niños que en adultos. De acuerdo con el Boletín estadístico sobre el exceso de mortalidad por todas las causas durante la emergencia por COVID-19 del 14 de febrero al 6 de marzo de 2021, “en las personas menores de 20 años no se ha registrado un exceso de mortalidad, y contrario a ello, se ha registrado una disminución en el número de defunciones esperadas del -23.3%” (Coronavirus, 2021).

En este verano, las autoridades educativas han pronunciado un regreso a las aulas el próximo 30 de agosto, regreso que está condicionado a la evolución de la pandemia. Sin duda, todos sean niñ@s, jóvenes o adultos, todos requieren de atención y el mismo valor, ninguno es más que otro, más allá de conceptualizaciones legales.

Ya hay países como nuestro vecino del norte (Estados Unidos) que mediante Centro Nacional de Vacunación y Enfermedades Respiratorias (NCIRD), en su División de Enfermedades Virales, ha comunicado que ya están vacunando a niños de 12 años y más: “All children who are 12 years and older should get a COVID-19 vaccine” (cdc.gov, 2021); el biológico que se les está administrando es Pfizer-BioNTech.

Esperemos que esta práctica sea replicada en nuestro territorio, a fin de minimizar los riesgos para esta población, y que se mantengan los niveles bajos de mortandad.

La disponibilidad y prueba en menores es un factor que puede retardar la inoculación a las niñas, niños y adolescentess; en tanto esto sucede, la conciencia social de los riesgos de prevenir, deben seguir vigentes para proteger a quienes están desprotegidos por la inoculación.

Referencias

amnistiacatalunya. (12 de jun de 2021). amnistiacatalunya. Obtenido de http://www.amnistiacatalunya.org/edu/es/menores/dh-inf-defin.html

cdc.gov. (2021). cdc.gov. Obtenido de https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/vaccines/toolkits/COVID-19-Vaccine-for-Preteens_Teens-508.pdf

Coronavirus. (20 de 04 de 2021). coronavirus.gob.mx. Obtenido de https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Boleti%CC%81n_XII_Exceso_Mortalidad_SE9_MX_20Abr2021.pdf

EL CEO. (12 de 07 de 2021). EL CEO. Obtenido de https://elceo.com/internacional/cuantas-personas-se-han-vacunado-contra-covid-19-en-mexico-y-el-mundo-asi-va-el-proceso/

Gobierno de México. (11 de 01 de 2021). Gobierno de México. Obtenido de https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2021/01/PolVx_COVID_-11Ene2021.pdf

INEGI. (30 de 05 de 2021). INEGI. Obtenido de https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2019/nino2019_Nal.pdf

Kids Health . (12 de 07 de 2021). Kids Health . Obtenido de https://kidshealth.org/es/parents/coronavirus-child-is-sick-esp.html

OMS. (10 de 07 de 2021). OMS. Obtenido de https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses#:~:text=sintomas

Queretanizate. (30 de 04 de 2021). queretanizate. Obtenido de https://queretanizate.com/cuantos-ninos-hay-en-el-mundo/#:~:text=A%20nivel%20mundial%20se%20estima,a%2014%20a%C3%B1os%20de%20edad

(*) Marlene Martínez Leal

Especialista en política y gestión social

¿Quiere AMLO que la Guardia Nacional absorba al Ejército?

Por: Redacción

Imagen ilustrativa: SEDENA

El periodista Jorge Santa Cruz opina, a título personal, que el presidente de México podría preparar la desaparición del Ejército y la Fuerza Aérea utilizando para ello a la Guardia Nacional (GN).

Contrario a la opinión generalizada de que la orden que dio el Ejecutivo federal de incorporar a la GN a la Secretaría de la Defensa Nacional fortalecerá a esta dependencia, Santa Cruz señala que el plan a mediano plazo sería invertir los papeles, esto es, que la GN quede como cabeza de sector y la SEDENA (en el mejor de los casos), como un apéndice.

Comentario personal de Jorge Santa Cruz

Es sabido que el presidente López Obrador rechaza a las fuerzas armadas. Basta leer lo que dijo a La Jornada el 1 de julio de 2019.

También es notorio que ordena a los militares dejar en libertad a capos (como el hijo del “Chapo” Guzmán), que les prohíbe defenderse y que los satura de trabajo construyendo obras civiles.

Sa sabe, asimismo, que quiere que la GN sea una especie de guardia bolivariana, como la de Venezuela.

Tal es la hipótesis de Jorge Santa Cruz que está abierta al debate.

¿Qué le espera a la capital del país?

Elecciones 2021: Lo que sigue (3)

Por Redacción

Imagen ilustrativa: Edwin Díaz Cruz (Wikipedia)

La Ciudad de México vivirá una nueva dinámica política cuando se abra la próxima legislatura del congreso local. Los pesos y contrapesos serán diferentes.

A nivel de alcaldías, lo cierto, sin embargo, es que Morena dominará la parte este de la capital del país.

Triunfo incomprensible

El abogado Roberto Jesús Tapia Castillo, quien ha vivido siempre en Tláhuac, señala lo siguiente:

Resulta incomprensible cómo Morena ganó en las alcaldías del sureste de la Ciudad de México, entre ellas Tláhuac (donde dos policías federales fueron linchados cuando López Obrador era jefe de gobierno y Ebrard, el jefe de la policía, y donde se desplomó parte de un paso elevado de la Línea 12 del Metro).

Morena sigue siendo una fuerza vigente a pesar, también, de que tiene gente mesiánica que descalifica a sus críticos o violenta las leyes que les son incómodas. Y de que tiene un gobierno en el que el presidente de la República se ufana de recibir vacunas regaladas por Estados Unidos y limita el presupuesto para el desarrollo de la ciencia y la tecnología mexicanas.

¿Habrá equilibrio legislativo?

Responden cuatro estudiosos:

Marlene Martínez Leal (especialista en política y gestión social)

Los resultados electorales en la Ciudad de México ponen en claro que Morena dejará de gobernar al cien por ciento.

Andrés Manuel López Obrador fue incrementando su control político sobre la capital desde que fue jefe de gobierno; sin embargo, temas como el de la Línea 12 del Metro y la pandemia de Covid-19 se han convertido en una catapulta contra la titular del gobierno central, Claudia Sheinbaum.

Se trata de un revire que permite esperar un cambio.

También, es factible pensar que la Ciudad de México está controlada por dos fuerzas, como sucede en los Estados Unidos, la de los liberales y la de los conservadores.

Arturo García Jiménez (doctor en derecho, especialista en temas electorales)

La próxima conformación del Congreso de la Ciudad de México obligará a la negociación.

Sin embargo, se hace necesario que todas fracciones parlamentarias pongan por encima el interés general de los ciudadanos porque “es lamentable y triste cómo se llega a la negociación al interior de los poderes legislativos; en donde parecería un trueque político: qué me das y qué te doy”.

Hay muchos errores en la Ciudad de México que pueden ser superados y subsanados; sin embargo, a veces falta voluntad política.

Rubén Sánchez Orozco (doctor en administración pública)

Cuando existe un equilibrio de poderes, como sucederá con el próximo Congreso de la Ciudad de México, se deberá proceder con absoluta madurez.

Los diputados locales tendrán tres años para trabajar en favor de la capital del país. Habrá que observar cómo se comportan, si verdaderamente pueden llegar a acuerdos para llevar a cabo políticas adecuadas de desarrollo, tanto económicas como de seguridad social, principalmente.

Víctor Manuel Ornelas Carsolio (abogado, maestro en justicia federal)

La Ciudad de México es el mejor escenario de lo que sucede a nivel nacional. Tenemos una ciudad literalmente partida a la mitad y el que sufrió una estrepitosa derrota fue el partido en el gobierno.

Es tiempo, ahora, de exigirle a todos aquellos que tienen la obligación de gobernar que lo hagan con talento y para todos.

¿Por qué ganó Morena 11 de 15 gubernaturas?

Elecciones 2021: Lo que sigue (2)

Por Redacción
Imagen ilustrativa: INE

Los resultados preliminares de las elecciones del pasado 6 de junio son contrastantes. Por un lado, Morena perdió la mayoría calificada en el Congreso de la Unión; por el otro, ganó 11 de las 15 gubernaturas que estaban en juego.

¿A qué se debió?

Las razones pueden ser diversas:

  1. La fuerza de Andrés Manuel López Obrador como caudillo.
  2. Porque una parte significativa del electorado ejerce ya un voto razonado.
  3. Porque los electores castigan a los malos gobernantes en tiempo de elecciones.

Los resultados a nivel federal indicarían la voluntad de una parte del electorado de poner una contención al presidente de la República; los números, sin embargo, confirman que Morena sigue siendo la primera fuerza política en el país.

Te invitamos a reflexionar sobre esto en compañía de cinco especialistas:

  • Profa. Marlene Martínez Leal (política y gestión social)
  • Dr. Arturo García Jiménez (derecho electoral)
  • Dr. Rubén Sánchez Orozco (administración pública)
  • Mtro. Víctor Manuel Ornelas Carsolio (justicia federal)
  • Prof. Roberto Jesús Tapia Castillo (derecho)

Elecciones 2021: Lo que sigue (1)

En la próxima legislatura, Morena perderá la mayoría calificada; sin embargo, tendrá la mayoría simple con el apoyo de sus aliados

Cinco expertos dan su punto de vista:

Marlene Martínez Leal: especialista en política y gestión social: “Morena tendrá que negociar con la oposición”.

Arturo García Jiménez, doctor en derecho: “Se rompieron paradigmas… Se emitió un voto razonado y razonable… La fuerza política se ha distribuido en el Congreso de la Unión”.

Rubén Sánchez Orozco: doctor en administración pública: “El nuevo equilibrio será insuficiente… Morena sigue siendo el partido dominante… Son previsibles las discusiones internas entre PAN, PRI y PRD”.

Víctor Manuel Ornelas Carsolio: maestro en justicia federal: “Se logró una contención al presidente de la República; sin embargo, Morena y sus aliados podrán modificar leyes de manera inconstitucional… El jefe del Ejecutivo federal suele violar el marco jurídico… Esto significa que la Suprema Corte de Justicia de la Nación jugará un papel importantísimo en el futuro de México”.

Roberto Jesús Tapia Castillo, abogado: “Las elecciones del 6 de junio fueron precedidas por semanas muy violentas. Alrededor de 80 candidatos y precandidatos fueron asesinados de manera artera… La SCJN deberá jugar un papel preponderante porque el presidente de la República se comporta como un monarca”.

Conductores: Jorge Santa Cruz y Laura Flores Reyes..
Producción Xulil Díaz Esquivel y Angel Almaguer.

Imagen ilustrativa: Presidencia de la República (Gobierno de México).

VOCES CRÍTICAS es un esfuerzo conjunto de SCRIPTA MANENT y PERIODISMO SIN COMPROMISOS.

Estado fallido

La estrategia de seguridad aplicada por los distintos gobiernos —desde 1997 a la fecha— ha fracasado. Y que ese fracaso lo sufre, sobre todo, la población mexicana

Por Jorge Santa Cruz (*)

Imagen ilustrativa: Steve Buissinne (Pixabay)

El combate a la delincuencia organizada dista de ser exitoso y las cifras lo confirman.

Tan solo entre 2017 y los primeros cuatro meses de 2021 fueron asesinadas de manera dolosa casi 145 mil personas.

Las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
dan fe de lo anterior. Citemos las cifras oficiales:

PeriodoHomicidios violentos denunciados
201729 636
201834 655
201935 616
202035 488
Entre enero y abril de 2021 9 399
Elaboración propia con datos del Secretariado Ejecutivo
del Sistema Nacional de Seguridad Pública

La suma es de 144 mil 790 crímenes violentos. El resultado, vale decir, excluye los que se cometieron desde 1997 (año en que inició el conteo) hasta 2015.

¿Qué significa esto?

Que la estrategia de seguridad aplicada por los distintos gobiernos —desde 1997 a la fecha— ha fracasado. Y que ese fracaso lo sufre, sobre todo, la población mexicana. Por cierto: 34 candidatos a puestos de elección popular fueron asesinados desde que comenzó el proceso electoral, en septiembre de 2020, y el momento de publicar el presente artículo. (Reforma, 28 de mayo de 2021, p. 1).

Por otro lado, las evidencias indican que la delincuencia organizada ha golpeado a 27 estados donde habrá elecciones el 6 de junio. (El Universal, 28 de mayo de 2021, p. 1).

Conclusión: la delincuencia en México tiene más poder que las instituciones del país, infiltradas no solo por traidores, sino por ineptos.

(*) Jorge Santa Cruz

Periodista

Ya lo habíamos advertido

El presidente de la República está actuando como jefe de campaña de su partido

Por Víctor Manuel Ornelas Carsolio (*)

Imagen ilustrativa: Raúl Domínguez (Flickr)

Recién iniciaba el año y ya se empezaban a materializar los tintes autoritarios que tanto se han criticado a la presente administración del presidente López Obrador; el 19 de febrero, se publicaba en el Diario Oficial de la Federación un decreto por el cual se reformaban diversas disposiciones normativas de un grupo de Códigos y Leyes en materia de Prisión Preventiva Oficiosa. Hay que decir que la prisión preventiva es una medida cautelar que tiene como finalidad asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo, así como evitar la obstaculización del procedimiento.

Igualmente debe apuntarse que dicha medida cautelar debe ser excepcional, es decir, antes de tomar la decisión de imponer una prisión preventiva deben agotarse todas las demás alternativas para lograr el cometido señalado y sólo cuando ninguna de ellas sea eficiente para la salvaguarda del procedimiento, de las víctimas, ofendidos y testigos, entonces, y sólo entonces, podrá aplicarse dicha medida.

Sin embargo, en el caso de la prisión preventiva oficiosa, esa que debe imponerse porque la Ley así lo indica, se excluye el carácter de excepcional; por el contrario se institucionaliza negando toda posibilidad de ponderación al órgano jurisdiccional y desde luego, se niega toda posibilidad al imputado de garantizar su presencia en el procedimiento, la seguridad de víctimas, etc., así como evitar la obstaculización del procedimiento a través de otra medida menos lesiva; por ende, es una postura arbitraria que lesiona principios y derechos fundamentales como la presunción de inocencia, entre otros. Por ello, sin duda, es una medida autoritaria.

Fiscalía General de la República
Imagen: www.capital-cdmx.org

Ahora bien, a pesar de saber que la prisión preventiva oficiosa es violatoria de derechos fundamentales y que, por ende, debe utilizarse única y exclusivamente en casos extremos, sumamente graves, desde el poder Legislativo, por instrucciones del Ejecutivo se promovió ampliamente su utilización; por ello se amplió de manera significativa el catálogo de delitos en los que debe aplicarse la prisión preventiva oficiosa, es decir, aquella que impide a los imputados asegurar los fines del proceso penal a través de medidas menos lesivas; entre las diversas normas que sufrieron modificaciones se encuentra la Ley General en Materia de Delitos Electorales, en cuyo caso se incorporaron múltiples conductas que constituyen delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.

Cuando se publicó la reforma a la que se hace alusión, muchas voces señalamos que más allá de ser una reforma arbitraria, ilegítima y que violentaba derechos fundamentales tenía marcados tintes políticos y que, parecía mas bien, una modificación a modo que le permitiera al presidente de la República utilizarla como un instrumento en contra de sus adversarios políticos.

Lamentablemente, no nos equivocamos, lo habíamos advertido y hoy lo hemos confirmado, ha sido el presidente de la República quien ha denunciado ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE), a dos de los candidatos aparentemente punteros para la elección de gobernador en el Estado de Nuevo León por la probable comisión de Delitos Electorales.

La conducta que el presidente de la Republica advierte como delictiva, aparentemente consiste en solicitar votos a través de promesas de dinero u otras contraprestaciones, mismas que entiende se han materializado en la entrega de tarjetas a los posibles votantes; sin embargo todos los candidatos y candidatas ofrecen contraprestaciones, los candidatos oficiales en sus ofertas políticas, prometen entregas de dinero y demás contraprestaciones de orden económico, por lo que debería extenderse la denuncia e investigación respectiva igualmente a los candidatos oficiales; sin embargo sólo se señala a los candidatos de la oposición, por ello, es claro que el titular del ejecutivo hace uso faccioso de las instituciones de procuración de justicia, en el caso de la Fiscalía General de la República, utilizándola como la utilizaron otras administraciones para atacar a sus adversarios políticos.

Más allá del aspecto estrictamente jurídico, el cual corresponderá determinar en su investigación a la FEDE, es claro el sesgo político que la medida tiene, es el presidente de la República actuando como coordinador de campaña de su partido político, es el presidente violando la Constitución y las leyes que de ella emanan al intervenir en un proceso electoral en el que él está impedido pues aunque no lo entienda ya no es parte de este, es jefe del Estado Mexicano y ello lo obliga a actuar con imparcialidad.

Ya lo habíamos advertido y lamentablemente está sucediendo.

(*) Víctor Manuel Ornelas Carsolio

Abogado penalista

En Tláhuac, la serpiente se mordió la cola

La tragedia ocurrida en la Línea 12 del Metro evidenció la corrupción política, misma que causó este crimen

Por Jorge Santa Cruz (*)

Imagen ilustrativa: Capital 21

La tragedia en la Línea 12 del Metro evidenció, una vez más, la tortuosa forma de ejercer la política en México.

Morena pide que se cite a declarar al anterior jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, después de lo acontecido en Tláhuac.

Sin embargo, ese mismo partido se niega a que el poder legislativo (federal y local) cite a la actual jefa de gobierno de la Ciudad de México y a la directora general del Metro.

La Cuenta Pública del 2020, entregada por la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad al Congreso local, revela que hubo un subejercicio de casi 588 millones de pesos en el Sistema de Transporte Colectivo Metro. El gobierno central, lo niega.

La Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México afirma que los ingresos del Metro disminuyeron por culpa de la pandemia y se queja de que el gasto por pasajero casi se duplicó entre 2017 y 2020. ¿A quién creerle?

Imagen: Capital 21

Las empresas aseguradoras dicen que pagarán las indemnizaciones al gobierno capitalino, pero no a los usuarios y demás personas afectadas por la tragedia en la Línea 12. Las víctimas no saben si recibirán algo de esos recursos.

Vecinos de la Alcaldía de Tláhuac aseguran que el tramo elevado de la Línea 12 presenta más daños estructurales, en especial entre Periférico Oriente y Zapotitlán. La Secretaría de Obras afirma que ya revisan toda la estructura elevada. Revisan, pero callan.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México se apresuró a abrir una carpeta de investigación por los delitos de homicidio culposo y daños en propiedad ajena. ¿Por qué no lo hizo por homicidio calificado? No lo sabemos.

Lo decíamos al principio: la tragedia ocurrida en la Línea 12 del Metro evidenció el rostro corrupto de la política mexicana. Con el agravante de que esa corrupción fue la causa de tan fatal suceso: en Tláhuac, la serpiente se mordió la cola.