Leyes que protegen a las personas adultas mayores en México

Por Rosa López Fernández (*)

Imagen ilustrativa: debowscyfoto (Pixabay)

El Instituto Nacional para la Atención al Adulto Mayor (INAPAM) tiene varios programas para la asistencia social y cuidado de los adultos mayores y personas jubiladas. Es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones, objetivos y fines, rector de la política nacional a favor de las personas adultas mayores

Una de las tareas del INAPAM es que el gobierno y la sociedad reconozcan los derechos que tienen las personas adultas mayores para vivir con dignidad; detecta y resuelve problemas, propone y lleva a cabo acciones encaminadas a que la sociedad civil adquiera una verdadera responsabilidad ciudadana de apoyo, cuidado y respeto para las personas adultas mayores (Inapam, 2013).

Legalmente, en México, estos derechos y obligaciones están plasmados en leyes. Existen documentos jurídicos importantes, en los cuales se encuentran establecidos los derechos a favor de las personas de la tercera edad.

Algunos de estos documentos son los siguientes: en el ámbito Federal, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Ley General de Salud; Código Civil y el Código Penal.

También se han establecido Derechos Humanos de los que deben ser respetados para las personas de la Tercera Edad.

Derechos humanos de la tercera edad (INAPAM, 2013)

  • Derecho a una vida digna
  • Derecho al respeto social
  • Derecho a la salud
  • Derecho a los alimentos
  • Derecho a la seguridad social
  • Derecho al transporte y a la vialidad
  • Derecho a la justicia

Las personas mayores de 70 años no podrán ser detenidas por infracciones cometidas al bando de policía y buen gobierno, tampoco durante el trámite de una averiguación previa, ni sujetos a prisión preventiva, cuando se les atribuya un delito cuya pena en su término medio aritmético no exceda de cinco años de prisión.

  • Derecho de asociación

Ley de los derechos de las personas adultas mayores en México

Publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), 25 de junio de 2002. Última Reforma publicada en el DOF 25 de abril del 2012 (Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, 2012). Última actualización (febrero 2020)

Otro Aspecto a tomar en consideración ha sido la creación del Decálogo de los Derechos de las Personas Adultas Mayores (INAPAM, 2013).

Decálogo de los derechos de las personas adultas mayores

  1. Derecho a una vida con calidad, sin violencia y sin discriminación.
  2. Derecho a un trato digno y apropiado en cualquier procedimiento judicial.
  3. Derecho a la salud, alimentación y familia.
  4. Derecho a la educación.
  5. Derecho a un trabajo digno y bien remunerado.
  6. Derecho a la asistencia social.
  7. Derecho a asociarse y participar en procesos productivos de educación y capacitación en tu comunidad.
  8. Derecho a denunciar todo hecho, acto u omisión que viole los derechos que consagra la Ley de las Derechos de las Personas Adultas Mayores
  9. Derecho a la atención preferente en establecimientos públicos y privados que presten servicio al público.
  10. Derecho a contar con asientos preferentes en los servicios de autotransporte.

Si bien, los programas actuales aun no pudieran ser suficientes, con la irrupción de la vejez en nuestras vidas, conllevarán a continuar tomando medidas y creando leyes en beneficio de esta población.

Bibliografía

Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. (2012). Ley de los derechos de las personas adultas mayores. Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de junio de 2002. Secretaría General. Secretaría de Servicios Parlamentarios. México. Texto vigente. Última reforma publicada DOF 25-04-2012. Recuperado de http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/245.pdf

INAPAM. (2013). Instituto Nacional para la Atención del Adulto Mayor. Órgano rector de las políticas de envejecimiento en México. Recuperado de https://www.inapam.org.mx

(*) Rosa López Fernández

Doctor en Investigación Interdisciplinaria, Coordinadora del diplomado en Cuidados a las personas adultas mayores: retribuyendo a la vida, una visión interdisciplinaria.
Catedrática e investigadora en la Universidad Anáhuac, México. Maestría en Gerontología Médica y Social por el Centro Iberoamericano de Atención a la Tercera Edad.
Investigadora Agregada por la Academia de Ciencias, Licenciatura en Psicología por Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana, Cuba.

AMLO pretende acabar con la autonomía universitaria y destruir a la UNAM: Ornelas Carsolio

Por Jorge Santa Cruz

Producción: Voces Críticas y Sin Compromisos

Imagen ilustrativa: UNAM

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ataca a la Universidad Nacional Autónoma de México porque quiere quitarle su autonomía y luego destruirla, denuncia el abogado Víctor Manuel Ornelas Carsolio.

Egresado de la Facultad de Derecho de la máxima casa de estudios del país, explica que la finalidad del Ejecutivo federal consiste en ensuciarla y desprestigiarla para después decir: “Es necesario intervenir en la Universidad para poner orden y limpiarla”. Lo que seguiría después sería la destrucción de la UNAM.

Profesor de las facultades de Derecho y de Contaduría y Administración de la UNAM, Ornelas Carsolio contradice las acusaciones de López Obrador en el sentido de que la Universidad Nacional sea neoliberal; es falso, también —añade— que la institución promueva el individualismo y que haya perdido su esencia.

Entrevista completa al Lic. Víctor Manuel Ornelas Carsolio

Luego de calificar a López Obrador de «perverso», aclara que el 70 por ciento de los alumnos de la UNAM tiene nivel económico bajo o medio bajo. Esto quiere decir que da a la juventud mexicana la oportunidad de formarse.

Asegura que es de las pocas instituciones públicas que funcionan, y resalta que la UNAM está entre las cien principales universidades del mundo.

Apunta que la UNAM tiene cientos de miles de egresados; también, que en ella, se hace la principal investigación a nivel nacional. Los institutos más importantes le pertenecen y los ganadores mexicanos del Premio Nobel han estudiado en sus aulas.

El presidente —en palabras del entrevistado— «no tiene idea de la realidad de la Universidad Nacional».

La reforma al outsourcing protege los derechos de los trabajadores: Díaz Mirón

Por Jorge Santa Cruz.

Producción: Voces Críticas y Sin Compromisos.

Imagen ilustrativa: Flickr.

La reforma laboral en materia de subcontratación (conocida también como outsourcing) beneficia a los trabajadores porque garantiza sus derechos; también, al gobierno federal, pues aumentará la recaudación de impuestos, señala el abogado Luis Díaz Mirón.

En entrevista exclusiva, el exrector de la Escuela Libre de Derecho explica que el nuevo ordenamiento legal obliga a las empresas que subcontratan a respetar todos los derechos de los trabajadores, como la antigüedad, el monto de su salario, el pago de utilidades, la afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit), entre otros.

En la actualidad, la subcontratación está prohibida en el país, salvo en áreas de especialidad que sean diferentes al giro de la empresa beneficiaria. Las empresas que requieren de personal subcontratado deben tener el visto bueno de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. También, las empresas que ofrecen el servicio del outsourcing.

Díaz Mirón, expresidente de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, considera que a partir de mayo, junio y julio del presente año se inició una época más ordenada, sistematizada y transparente en la triangulación de las relaciones laborales.

Entrevista completa al Lic. Luis Díaz Mirón

Antes de la reforma —apunta— se tenía a por lo menos cuatro millones de trabajadores mexicanos contratados bajo la figura del outsourcing, con el consiguiente daño a sus derechos laborales. Hoy, se estima que esa cifra es de 500 mil.

El reto es que ese medio millón de personas sea contratado de manera directa, sin intermediación.

Díaz Mirón recalca que la reforma da orden, corrección y transparencia a las relaciones entre empresas y trabajadores, y entre los patrones y el gobierno federal.

El objetivo —dice— es lograr el alineamiento total de las empresas con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el IMSS y el Infonavit.

El orden dará tranquilidad a todos: patrones, trabajadores y gobierno.

Los beneficios de la reforma y sus áreas de oportunidad —concluye— podrán verse cuando cumpla el primer año de vigencia.

El historiador José Manuel Villalpando explica por qué México es un estado laico (1/3)

Por Xul il Tzin Díaz Esquivel

Producción: Voces Críticas y Sin Compromisos

Imagen ilustrativa: INAH

El abogado e historiador mexicano, José Manuel Villalpando, secretario académico de la Escuela Libre de Derecho, explica por qué México pasó de ser un estado católico a uno laico.

En la primera de tres entregas, el investigador (quien es autor de 45 libros y tiene 29 años difundiendo contenidos históricos en la radio mexicana) expone por qué los pueblos prehispánicos se adhirieron con rapidez a la religión católica traída por los conquistadores encabezados por Hernán Cortés. Las primeras en convertirse al catolicismo fueron las mujeres de los pueblos subyugados por los mexicas, pues la nueva religión les dejaba a sus hijos; los mexicas, en cambio, se los arrebatan y los sacrificaban a sus dioses.

Explica que la guerra de independencia fue iniciada por sacerdotes católicos influidos por los teólogos españoles que se oponían a la tiranía francesa; el primer imperio mexicano, encabezado por el consumador de la gesta libertaria, Agustín de Iturbide, se proclamó católico también.

Esta tendencia se mantiene hasta la constitución federal de 1824, misma que establece que la República Mexicana es católica.

Entrevista al abogado e historiador José Manuel Villalpando. Parte 1 de 3

La 4T ofrece impunidad a cambio de apoyo: Ornelas Carsolio

Por Jorge Santa Cruz

Producción: Voces Críticas y Sin Compromisos

Imagen ilustrativa: Especial

La imagen de Emilio Lozoya Austin dibuja de cuerpo entero el acuerdo que tiene el ex director general de Petróleos Mexicanos con el gobierno federal, señala el abogado penalista Víctor Manuel Ornelas Carsolio.

El también maestro en justicia federal agrega que es una imagen que nos deja claro a todos cuál es el tratamiento que se da a aquellos personajes que, de alguna forma, apoyan a la actual administración para los fines que esta persigue.

Subraya que es muy lamentable ver a un personaje como Emilio Lozoya en estas circunstancias, después de estar acusado de delitos particularmente graves, algunos de ellos de prisión preventiva oficiosa y que, gracias a este acuerdo con el gobierno federal, hoy goza de la mayor impunidad. Tanto, que se da el lujo de cenar en un restaurante de lujo a la luz y a la vista de todos.

Nos habían ofrecido que este gobierno iba a ser distinto y no es distinto, es peor. Lo es por el tema de la hipocresía y por jugar con los anhelos de una sociedad que está ávida de encontrar no venganza, sino justicia; de que se hagan las cosas conforme a derecho. Lamentablemente la aparición de Lozoya Austin en un restaurante de lujo demuestra que no es así.

Entrevista completa al Mtro. Víctor Manuel Ornelas Carsolio

Al referirse a la presentación de dos científicas ante la Fiscalía General de la República (que forman parte de los 31 hombres y mujeres de ciencia que están acusados de delincuencia organizada) y que fueron custodiadas por personal de seguridad fuertemente armado, Ornelas Carsolio, considera inevitable hacer una comparación.

Opina que el trato que recibieron ambas fue sumamente hostil con la finalidad de amedrentarlas, de intimidarlas.

Es increíble que a esta clase de personas se les dé ese trato, y a un hombre que está confeso como un corrupto, que ha intervenido —él sí, me parece— en un entramado de delincuencia organizada, tenga un trato como el que se le da. Es inevitable [la comparación] y la verdad es que es muy penoso para todos y, particularmente para el gobierno federal.

Concluye que el camino para obtener impunidad y trato diferenciado consiste en estar de acuerdo con las peticiones del gobierno federal.

La ausencia de López Obrador en el Senado, señal de debilidad política: Ornelas Carsolio

Por Jorge Santa Cruz

Producción: Voces Críticas y Sin Compromisos

Imagen ilustrativa: Senado de la República

La ausencia del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en la ceremonia de entrega de la Medalla Belisario Domínguez muestra la debilidad y cobardía política del jefe del Ejecutivo, en opinión del abogado Víctor Manuel Ornelas Carsolio.

Entrevistado en exclusiva, el también maestro en justicia federal señala que los argumentos de cuidar la investidura presidencial y evitar escándalos carecen de validez, pues ha sido el propio mandatario quien ha menospreciado la dignidad presidencial con las afrentas que ha hecho a la sociedad mexicana.

Puso como ejemplos de lo anterior las felicitaciones a los grupos criminales y el saludo de mano a la madre del narcotráficante más peligroso (Joaquín el Chapo Guzmán Loera); también, las ofensas a la clase media y a las personas que buscan mejorar su calidad de vida, a las que se refiere con el calificativo de aspiracionistas.

Su renuencia a encarar a la senadora de oposición Lily Téllez confirma que López Obrador se siente cómodo cuando tiene el cobijo de sus huestes, ante las cuales sigue vendiendo políticamente su imagen como lo ha hecho en los últimos 18 años; el presidente de la República está en campaña permanente, concluye Ornelas Carsolio.

Entrevista completa al Mtro. Víctor Manuel Ornelas Carsolio

Pueblos buenos y gobiernos malos

Al interior de todo Estado nacional moderno, la existencia de la democracia es producto de una particular forma de relación orgánica entre pueblo y gobierno o, en otras palabras, es producto de una particular forma de integración dinámica entre dos componentes orgánicos de una misma totalidad social

Por Federico Seyde Meléndez (*)

Imagen ilustrativa: Universidad Autónoma de Nuevo León

El concepto de pueblo es una abstracción jurídica y política que nace en el marco histórico de la transición del Estado absolutista al Estado democrático. Se trata de un concepto directamente vinculado a una nueva forma de legitimidad del poder estatal, una forma anclada en la idea iluminista, teorizada y expuesta de manera magistral por Juan Jacobo Rousseau y más adelante por Emanuel Kant, de que el poder supremo e independiente del Estado, su soberanía, es un atributo inmanente a la comunidad política o, en otras palabras, una manifestación de la “voluntad general” o del sentir mayoritario de una república sustentada en derechos universales e instituciones plenamente comprometidas con la satisfacción del “interés público”. De hecho el concepto de pueblo, en el marco de la teoría jurídica del Estado (Staatslehre) que surge a partir de Kant y Hegel y que se desarrolla notablemente en Europa continental a través de las obras de grandes juristas como Jorge Jellinek, Hans Kelsen, Hermann Heller, Raymond Carré de Malberg y André Hauriou, constituye junto con el gobierno y el territorio uno de los tres componentes del Estado moderno entendido como totalidad jurídico-política.

Por lo que respecta al ámbito de la ciencia política, pueblo y gobierno son conceptos teóricos que permiten interpretar la compleja dinámica de los Estados nacionales modernos y, en este sentido, es importante tratar de caracterizar la relación que mantienen al interior de formaciones estatales concretas o “históricas” de una manera objetiva, es decir, evitando los prejuicios que derivan de la utilización de conceptos y adjetivos morales que no tienen cabida en el ámbito de una epistemología realista. En este sentido, desde una perspectiva académica no hay pueblo esencialmente “bueno”, como tampoco resulta acertado en términos científicos caracterizar a un determinado gobierno como esencialmente “malo”. De lo que sí es posible hablar es de la calidad de la democracia, de la eficacia del proceso de gobernanza y del nivel de “gobernabilidad democrática” que, en una determinada coyuntura histórica, existe al interior de Estados específicos como resultado del tipo de interacciones existentes entre el conjunto de órganos constitucionales e instituciones que dan forma al gobierno y el conjunto de individuos, asociaciones y corporaciones que dan forma al pueblo o “sociedad civil”.

Lo anterior implica que, al interior de todo Estado nacional moderno, la existencia de la democracia es producto de una particular forma de relación orgánica entre pueblo y gobierno o, en otras palabras, es producto de una particular forma de integración dinámica entre dos componentes orgánicos de una misma totalidad social. Esto significa que cuando la democracia se convierte en parte fundamental de una cosmovisión o “visión del mundo” (weltanschauung) y, como resultado de ello, la concepción democrático-liberal del Estado se convierte en la ideología dominante, resulta sumamente difícil y costoso para el gobierno preservar, en un horizonte de largo plazo, formas de conducción política no-democráticas. En este sentido, el autoritarismo gubernamental es incompatible estructuralmente con sociedades civiles plenamente inmersas en la modernidad y, cuando éste llega a manifestarse, lo hace por poco tiempo como ocurrió en el caso de Alemania entre 1933 y 1945 bajo el régimen nacional-socialista o, recientemente, en los Estados Unidos de América bajo la administración presidencial del advenedizo Donald Trump. Lo anterior queda claramente demostrado por el hecho de que, una vez derrotado el nazismo, Alemania no tardó en convertirse en una de las más avanzadas y sólidas democracias sociales del mundo y los Estados Unidos de América corrigieron el inmenso error de haber elegido a Donald Trump poniendo en la Casa Blanca a un político profesional que, con independencia de sus virtudes y limitaciones personales, tiene perfectamente claro lo que implica ser líder de un Estado democrático de derecho.

Hablar de un pueblo esencialmente “bueno” y de un gobierno esencialmente “malo” en términos morales solamente tiene cabida en el marco de un discurso demagógico y, en este sentido, esencialmente no-democrático. En el diccionario de la Lengua Española de la Real Academia, la demagogia es definida, de manera por cierto muy acertada en términos teóricos, como una “práctica política consistente en ganarse con halagos el favor popular” y como una “degeneración de la democracia, consistente en que los políticos, mediante concesiones y halagos a los sentimientos elementales de los ciudadanos, tratan de conseguir o mantener el poder”.

El tipo de comunicación política que el actual presidente de México mantiene con los sectores populares del país, no solamente es de carácter demagógico sino claramente clientelista. La expresión “amor con amor se paga” (que por cierto Hugo Chávez utilizaba con la misma frecuencia e intencionalidad) constituye un claro ejemplo de lo anterior. Con base en la lógica semiótica que deriva de esta expresión claramente demagógica, al pueblo no se le da lo que merece y requiere por el simple hecho de que así lo estipula la constitución y las leyes que de ella emanan, sino porque ha sido y continúa siendo leal a su caudillo. A través de este tipo de discurso el demagogo sustituye el concepto democrático de pueblo como sociedad civil, es decir, como componente orgánico de un Estado provisto de un sistema republicano de gobierno, por un concepto oclocrático que lo concibe como “plebe o muchedumbre” y que se encuentra directamente vinculado a una concepción paternalista y básicamente autoritaria del Estado y su aparato gubernamental.

Esta anti-democrática conceptualización del orden estatal ha hecho que López Obrador, entre otras barbaridades, afirme que el pueblo de México es intrínseca y esencialmente “sabio” y que los narcotraficantes y otros delincuentes organizados “también son pueblo” o, en otras palabras, también son parte de esa enorme masa de gente pobre en cuyo beneficio está llamado a operar el gobierno de la “cuarta transformación”. ¿Cómo es posible que un pueblo intrínseca o naturalmente sabio produzca delincuentes capaces de asesinar sin piedad a otros seres humanos y en la mayoría de los casos a personas que proceden de su misma extracción social? Este es el tipo de disparates en que incurre un gobernante que, por mucho hablar y poco escuchar, trata temas importantes e incluso fundamentales con una apabullante superficialidad y ligereza. Ningún sector del pueblo es “sabio” o “bueno”, “necio” o “malo”, en un sentido esencial o natural. En todos los sectores que dan forma a la sociedad civil se manifiestan ideas y comportamientos tanto favorables como contrarios a la democracia y al Estado de derecho. Es claro que detrás de la delincuencia en general hay miseria, marginación social y falta de oportunidades pero también es evidente que en el caso de sus formas más sofisticadas y brutales hay una actitud de profundo desprecio por la dignidad y la vida de los seres humanos que definitivamente no depende del status socio-económico de quienes la asumen.

De igual manera resulta claramente demagógico y, además, claramente absurdo en términos de interpretación histórica, el calificar a todos los gobiernos previos al actual y, de manera especial, a todos los gobiernos supuestamente “neoliberales” surgidos a partir de la administración presidencial de Carlos Salinas de Gortari, como gobiernos esencialmente perversos y organizados con la única finalidad de explotar y despojar al pueblo de México o, mejor dicho, a los sectores populares del pueblo de México. Esta narrativa, no obstante su maniqueísmo y simplicidad intelectual, es sumamente peligrosa ya que no se trata de una narrativa diferente, en su fundamentación ideológica y estructuración semiótica, a todas las narrativas demagógicas de refundación estatal en que se han cimentado las dictaduras más ominosas de la historia.

Con independencia del sistema de ideas en el que pretenden sustentar su legitimidad, con independencia de que se proyecten ante la sociedad como discursos de izquierda o de derecha, “liberales” o “conservadores”, todas estas formas paternalistas y autoritarias de comunicación política tienen en común su carácter demagógico. Se trata de narrativas que pretenden salvar al “pueblo bueno” de los garras y fauces depredadoras de “gobiernos perversos”, vinculados a oscuros intereses tanto nacionales como extranjeros. Se trata de estrategias que comparten una visión maniquea y distorsionada de la realidad política que, paradójicamente, les hace despreciar las leyes e instituciones democráticas que les permitieron llegar al poder.

Después de tres años al frente del poder ejecutivo federal, el presidente López Obrador tendría que comenzar a reconocer la importancia de sustituir el discurso polarizante y maniqueo que le permitió lograr el apoyo electoral mayoritario de los sectores populares del país, por un discurso centrado en la unidad fundamental de la nación mexicana y en la participación que todos los sectores sociales deben tener en la construcción de un orden estatal auténticamente republicano y democrático. Es tiempo de que el líder opositor se transforme en un auténtico “jefe de Estado”. A estas alturas del sexenio denostar cotidianamente a los “adversarios” políticos e ideológicos de la “cuarta transformación” no sólo es absurdo sino contraproducente. La posibilidad de justificar fracasos y errores aludiendo al ominoso legado de los nefastos e intrínsecamente corruptos “neoliberales” se ha agotado. Es tiempo de generar ideas, de generar visiones de futuro que sienten las bases de los cambios estructurales e institucionales que requiere el fortalecimiento de la democracia mexicana.

La última mitad del sexenio debe ser fundamentalmente constructiva y para ello el presidente debe comenzar a rodearse de gente inteligente y creativa como en su momento lo hizo Benito Juárez. En verdad llama la atención la ingenuidad con que López Obrador pretende utilizar de manera peyorativa el concepto gramsciano de “intelectuales orgánicos” para referirse a los críticos de su gobierno, cuando lo que necesita desesperadamente su movimiento es gente pensante. Los sistemas hegemónicos solamente pueden confrontarse de manera exitosa con proyectos contra-hegemónicos y estos necesariamente necesitan ideólogos. ¿Quiénes son los ideólogos de la cuarta transformación? ¿dónde están? Estas preguntas seguirán sin respuesta en tanto el presidente de México siga monopolizando el uso de la palabra, rodeándose de aduladores sin talento y reduciendo el nivel del debate político nacional a una burda dialéctica entre pueblos buenos y gobiernos malos.

(*) Federico Seyde Meléndez

Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana y Doctor en Ciencia Política por la Universidad de Essex (Reino Unido). Ha desempeñado diversos cargos en el gobierno federal de México y actualmente es profesor en el Instituto Nacional de Administración Pública y en la Universidad Internacional de la Rioja (España).

El aprendizaje debe hacernos competentes para la vida: Dr. Alejandro Rodríguez Rodríguez

Por Xul il Díaz Esquivel

Producción: Voces Críticas

Imagen ilustrativa: Pixabay

Las condiciones de la educación en nuestro país se encuentran en constante cambio y adaptación debido a la contingencia sanitaria que enfrentamos, por ello, podemos llegar a cuestionarnos si lo que se ha aprendido durante este periodo funciona o tiene relevancia, aunque la verdadera pregunta debe ser ¿para qué queremos aprender?

Semana a semana hacemos un análisis sobre el sistema educativo, con ayuda del doctor en educación, Alejandro Rodríguez Rodríguez. En esta ocasión platicamos sobre una comunidad de aprendizaje. Para conocer qué es una comunidad de aprendizaje debemos comprender dos puntos:

  1. ¿Quiénes conforman la comunidad de aprendizaje?
  2. ¿Para qué queremos aprender?

Alejandro responde que todo aquel individuo que transfiere un conocimiento es parte de dicha comunidad. En la pregunta dos, el doctor explica que algunas organizaciones que proponen un plan educativo tienen la visión de hacernos competentes para el tercer sector en lugar de darnos herramientas para la vida.

El día de hoy, si escuchamos a algunos organismos internacionales, que nos lo han venido repitiendo, nos quieren hacer competentes […]; se viene una pandemia y ¡oh sorpresa! nos damos cuenta que estando en casa conviviendo con otros más continuamente y no había las competencias básicas de relación interpersonal.

Tal vez te preguntarás ¿cuáles son esas herramientas que te hacen competente para la vida? Algunas de ellas, expone el doctor, son:

  • Pensamiento crítico
  • Solución de problemas
  • Manejo de información

El autor del libro Educadores lideres desde un enfoque preventivo profundiza estos puntos en el siguiente video:

Persecución a científicos tiene tintes de venganza política: Ornelas Carsolio

Por Jorge Santa Cruz.

Producción: Voces Críticas y Sin Compromisos.

Imagen ilustrativa: Gerd Altmann (Pixabay)

La persecución contra los 31 científicos mexicanos tiene tintes de venganza política porque varios de ellos criticaron que el actual fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, haya sido designado como investigador de primer nivel a pesar de que habría utilizado un texto plagiado.

Así lo expone el maestro en justicia federal, Víctor Manuel Ornelas Carsolio, en declaraciones para Voces Críticas y Sin Compromisos.

Destaca que la persecución contra los científicos tiene que ver, también, con las modificaciones a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, mismas que ampliaron el catálogo de delitos, las capacidades punitivas de las instituciones y el poder del Estado.

La delincuencia organizada es un supuesto de excepción en el que los derechos fundamentales se ven considerablemente restringidos en razón de que las personas a las que va dirigido no han logrado introyectar los valores de una sociedad. Resultan particularmente lesivos para la sociedad. Resulta particularmente difícil integrar investigaciones en su contra y por ello, [se tiene] la necesidad de reducir sus derechos fundamentales con la finalidad de facilitar el poder punitivo del Estado en contra de ellos y combatir de mejor manera la delincuencia organizada.

Ornelas Carsolio reconoce que existe la posibilidad de los científicos delincan; sin embargo, considera que es poco probable que los acusados por la Fiscalía General de la República hayan cometido delitos de delincuencia organizada.

Lo que vemos es que esta batalla se dirige en contra de científicos renombrados. Y la parte más relevantes es el antecedente que aparentemente tiene como génesis esta persecución: el señalamiento, la crítica que se hizo al nombramiento del actual fiscal general como investigador de primer nivel en nuestro país, utilizando, aparentemente, una investigación plagiada.

El entrevistado considera que la persecución contra los científicos y contra el excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, anticipa una mayor represión en el país.

Entrevista completa al Mtro. Víctor Manuel Ornelas Carsolio

Apretar más a los contribuyentes, objetivo de la propuesta fiscal: Díaz Palacios

Por Jorge Santa Cruz.

Producción: Voces Críticas y Sin Compromisos.

Imagen ilustrativa: Imagen ilustrativa: Juliangvc (Pixabay).

La propuesta fiscal para el 2022 pretende incrementar las facultades de comprobación del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para apretar más a los contribuyentes y que aumente la recaudación, señala el maestro en impuestos, Ricardo Díaz Palacios.

Reconoce que no se crean nuevos impuestos; pero sí dos nuevos regímenes fiscales que buscan simplificar el pago de impuestos.

Uno, es el Régimen Simplificado de Confianza para las Personas Físicas, cuyo propósito es ampliar la base de contribuyentes.

El otro, es el Régimen Simplificado de Confianza para las Personas Morales, el cual persigue eliminar algunas obligaciones a las empresas con el fin de que puedan invertir más y contribuir al crecimiento de la economía.

El gobierno federal envió su propuesta de paquete fiscal a la Cámara de Diputados el pasado 8 de septiembre; este órgano legislativo aún no lo aprueba.

Preguntas clave que responde el maestro en impuestos Ricardo Díaz Palacios en la presente entrevista:

  1. ¿Convendría el RSC a las personas físicas?
  2. ¿Beneficiaría el RSC a las empresas?
  3. ¿Tendrán que pagar impuestos los jóvenes que reciben donaciones de sus padres?
  4. ¿Qué más atribuciones tendría el SAT para sancionar a quienes evadan el pago de impuestos?
Entrevista completa al Mtro. en impuestos, Ricardo Díaz Palacios

Con el juicio político, AMLO quiere sacar de la sucesión a los incómodos: Ornelas Carsolio

Por Jorge Santa Cruz.

Realización: Voces Críticas y Sin Compromisos.

Imagen ilustrativa: Tumisu en Pixabay.

Si se aprueba la nueva ley del juicio de procedencia —también conocida como ley de juicio político—, el presidente de la República la podrá utilizar para quitar del camino a los aspirantes presidenciales que le incomoden, señala el abogado Víctor Manuel Ornelas Carsolio.

Entrevistado por Voces Críticas y Sin Compromisos, el también maestro en justicia federal explica que este juicio de procedencia serviría, además, para deshacerse de todos servidores públicos estatales que le incomoden.

El fallido desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca —señala— motivó que la presente administración ideara un mecanismo que obligue a los estados a acatar la declaración de procedencia emitida por la Cámara de Diputados federal.

Entrevista completa al Mtro. Víctor Manuel Ornelas Carsolio

«Tener un elemento jurídico y de facto que le permita someter a todos los servidores públicos del país, incluyendo a los que pertenecen a las entidades federativas autónomas e independientes vulneraría la independencia y soberanía de las entidades federativas», agrega.

Con esta experiencia —subraya Ornelas Carsolio—, el presidente de la República busca tener poder sobre todos y cada uno de los funcionarios públicos de las entidades federativas, incluyendo, desde luego, a los gobernadores.

«El catálogo de delitos se modifica, pero es sutil la modificación. La parte realmente importante, trascendente, es que la declaratoria del Congreso de la Unión tendrá elementos vinculantes para todos los congresos estatales y, con ello, se verán obligados a acatar la decisión que, desde la Cámara de Diputados federal, se tome al respecto», concluye.

Es falsa la propaganda del Ejército sobre la consumación de la Independencia: Rosales Betancourt

Por Jorge Santa Cruz

Realización: Voces Críticas y Sin Compromisos

Imagen ilustrativa: Especial

Profesor de derecho de la UNAM desde hace 45 años, Mario Rosales Betancourt, asegura que es falsa propaganda oficial del Ejército mexicano en el sentido de que el 28 de septiembre de 1821 se consumó la independencia de la República Mexicana.

Ese día —explica— se firmó el «Acta de Independencia del Imperio Mexicano», misma que establecía un gobierno monárquico, constitucional y moderado que era opuesto al espíritu liberal de la Constitución de Cádiz de 1812.

Docente en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, Rosales Betancourt considera que esta manipulación histórica obedece al interés del actual presidente de la República de ocultar que el consumador de la Independencia, Agustín de Iturbide, representaba más a «grupos privilegiados» que al pueblo mexicano.

Entrevista completa al abogado Mario Rosales Betancourt

El también periodista y abogado señala, sin embargo, que Iturbide tuvo el talento para entrar victorioso a la Ciudad de México sin provocar un derramamiento de sangre, a diferencia de lo que sucedió cuando Hernán Cortés y sus aliados tomaron la ciudad de México Tenochtitlan el 13 de agosto de 1521.

El entrevistado afirma que la República Mexicana surgió, como tal —copiando el modelo federalista estadounidense— con la Constitución del 4 de octubre de 1824, la que permitió a Guadalupe Victoria ser el primer presidente de México.

Rosales Betancourt apunta, finalmente, que la monarquía española reconoció la independencia de México en el Tratado Definitivo de Paz y Amistad entre la República Mexicana y Su Majestad Católica la Reina Gobernadora de España, firmado en Madrid el 29 de diciembre de 1836.