El populismo demagógico y la erosión del estado demócratico de derecho en México

El principio de legalidad en materia de derecho público claramente establece que los órganos administrativos del gobierno solamente pueden ejecutar aquellos actos para los cuales se encuentran expresamente facultados por la norma jurídica

Por Federico Seyde Meléndez (*)

Imagen ilustrativa: Víctormoz/Commons Wikimedia

Desde una perspectiva tanto jurídica como política llama profundamente la atención el hecho de que el presidente López Obrador exprese de manera reiterada que su gobierno no quiere “imponer nada a nadie”. En sus propias palabras, el titular del poder ejecutivo ha expresado en múltiples ocasiones su convicción de que, en el seno de una verdadera democracia como la que el movimiento de transformación que lidera está supuestamente construyendo en México, la manifestación directa y recurrente de la voluntad popular debe ser la directriz fundamental de la acción del gobierno. Estos mensajes, tal como los transmite el presidente en sus conferencias matutinas, se basan en ideas cuya articulación discursiva proyecta una perspectiva ideológica que resulta no sólo incongruente, sino potencialmente incompatible, tanto con el Estado de derecho como con la democracia representativa.

Con relación a la idea de “no imponer nada a nadie”, viene a mi memoria un discurso pronunciado por Jesús Reyes Heroles a finales de la década de los 70, en el cual el ilustre intelectual y político veracruzano sostiene que condescender con todos es “no gobernar” o en otras palabras que un gobierno debe estar dispuesto a imponer su voluntad con independencia de que ciertos sectores de población se opongan a ella. El ejercicio del poder ejecutivo del gobierno necesariamente implica llevar a cabo actos de autoridad. Estos actos de autoridad se ejecutan utilizando el aparato jurídico e institucional de la administración pública para intervenir en el ámbito estructural de la sociedad civil a fin de imponer la voluntad suprema o soberana del Estado por encima de intereses sectoriales o de grupo. No se trata de imposiciones arbitrarias o “autoritarias” siempre y cuando estás surjan de un poder republicano, es decir, comprometido con el interés público y se encuentren debidamente sustentadas en un marco constitucional y legal.

El principio de legalidad en materia de derecho público claramente establece que los órganos administrativos del gobierno solamente pueden ejecutar aquellos actos para los cuales se encuentran expresamente facultados por la norma jurídica. En este sentido, ejercer la autoridad del gobierno a través de órganos ejecutivos provistos de las competencias necesarias, no sólo es perfectamente compatible con la existencia de un Estado democrático y republicano, sino que constituye un factor fundamental de su legitimidad política; especialmente cuando consideramos que sin el pleno ejercicio de la autoridad estatal es imposible garantizar la efectividad de la ley y con ello la seguridad pública y el pleno ejercicio de los derechos sociales, económicos y políticos de los ciudadanos.

Si bien es cierto que, como López Obrador no se cansa de repetir, “en una democracia se gobierna obedeciendo al pueblo”, también es cierto que en el marco de un Estado democrático de derecho no se gobierna obedeciendo al pueblo de manera directa sino con base en leyes, sentencias y acciones ejecutivas producidas por órganos constitucionales que representan la voluntad popular. Estas leyes, sentencias y acciones son válidas precisamente en virtud de que son producto del poder soberano del Estado, es decir, constituyen emanaciones válidas de un poder originario, establecido y organizado mediante una norma fundamental o constitución política cuya fuente es, precisamente, el pueblo. La soberanía, como el poder supremo e indivisible del Estado, nace en el ámbito orgánico del pueblo y se ejerce en el ámbito orgánico del gobierno por lo que todo acto de autoridad sustentado en leyes válidas o constitucionalmente fundamentadas y ejecutado por órganos competentes no es solamente legal sino también legítimo por lo que no requiere de ninguna manifestación adicional de voluntad por parte de los ciudadanos.

Por el contrario, lo que si resulta incompatible teórica y doctrinalmente con la democracia moderna que es, en esencia, una democracia representativa basada en leyes, es utilizar la consulta popular como instrumento para evitar cumplir con la legalidad o para distorsionar el sentido de la misma, partiendo de la base de que las leyes y, en particular las leyes penales, se hicieron para preservar y reparar el tejido social y no para desgarrarlo. Este es claramente el caso de la consulta popular que López Obrador tiene proyectado llevar a cabo en junio del año en curso con la finalidad de conocer la opinión del pueblo, o de lo que él entiende como tal, con relación a la posibilidad de que los expresidentes “neoliberales” sean investigados por la, supuestamente autónoma, Fiscalía General de la República con la finalidad de determinar si, durante el periodo de su encargo, cometieron ilícitos graves que ameriten la apertura de procesos penales ante el Poder Judicial.

No se necesita ser ningún genio para arribar a la conclusión de que semejante propuesta de consulta popular constituye un absoluto disparate en términos jurídicos y un claro despropósito en términos políticos. En un Estado de derecho la persecución de los delitos graves es oficiosa, lo cual significa que constituye una obligación de las instituciones que configuran el sistema de impartición de justicia investigar a fondo y en su caso juzgar y sancionar toda conducta de este tipo, venga o no venga, de un ex-presidente. En este sentido es importante tener claro que el fuero presidencial, en su carácter de sistema de protección constitucional destinado a garantizar la autonomía funcional del poder ejecutivo, opera dentro de un marco temporal bien definido que es precisamente el periodo dentro del cual un determinado ciudadano ocupa la titularidad de la Presidencia Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos en virtud de haber sido elegido, en el marco de un proceso electoral apegado a la ley, por el pueblo en ejercicio de su voluntad soberana. De conformidad con lo anterior, cuando existen suficientes indicios de que un expresidente, excediendo sus funciones constitucionales y traicionando su altísima responsabilidad, cometió un delito grave durante el tiempo de su encargo es facultad del Estado y obligación del gobierno investigar el caso y, para ello, es innecesario llevar a cabo consulta popular alguna. Por otra parte, y desde una perspectiva política, la consulta planteada por López Obrador es una torpeza que lo único que va a provocar es la satanización de adversarios políticos y la consecuente profundización de heridas y rencores históricos, sin aportar absolutamente nada en favor de la legitimidad y del desarrollo democrático del Estado Mexicano.

No debemos olvidar que los regímenes políticos fascistas surgidos en el marco histórico del siglo XX consideraban la manifestación de la voluntad popular, a través de diferentes formas de consulta, como la expresión más clara de la existencia de una relación directa y, en el marco de su narrativa ideológica, auténticamente democrática, entre el pueblo y sus líderes. Por el contrario, estos regímenes políticos populistas y de extrema derecha consideraban como oligárquica, antipopular y abiertamente disfuncional en términos de desarrollo social y económico la existencia de la democracia parlamentaria de carácter representativo y del sistema competitivo entre partidos políticos en que ésta se sustenta.

En una democracia moderna la voluntad política del pueblo se manifiesta periódicamente a través de procesos electorales por lo que la consulta popular bajo la forma de un referéndum o de un plebiscito solamente debe utilizarse en casos muy puntuales, claramente previstos en la constitución y ciertamente de carácter excepcional. Gobernar apelando continuamente a la voluntad del pueblo es propio de sistemas políticos populistas y básicamente no-democráticos, especialmente si tomamos en consideración el hecho de que las consultas populares suelen ser más vulnerables a la manipulación ideológica y propagandística que los procesos electorales institucionalizados. Más que servir para conocer la opinión del pueblo con relación a un determinado asunto de interés público, el plebiscito y el referéndum han sido sistemáticamente utilizados por regímenes de perfiles ideológicos autoritarios e incluso totalitarios, con la finalidad de legitimar decisiones políticas previamente alcanzadas por los grupos gobernantes.

A nivel doctrinal es importante establecer que el concepto de “pueblo” es una abstracción jurídica que, en el marco de un Estado de derecho de carácter democrático y republicano, constituye el complemento orgánico del gobierno. Pueblo y gobierno son dos estructuras funcionalmente interdependientes que forman parte del Estado como totalidad orgánica, por lo que todo acto de gobierno amparado en la ley constituye expresión de la voluntad del pueblo y, en este sentido, es innecesario someterlo a consulta popular. De conformidad con esto, resulta evidente que en el caso de México lo que se debe hacer es fortalecer el marco normativo e institucional del gobierno para que la acción del poder ejecutivo sea legal y legítima y para la que la ciudadanía, que es la expresión concreta del pueblo, tenga plena certeza de que, al ejercer su poder soberano con plena autoridad, el Estado, lejos de amenazar y de atentar contra sus libertades básicas, le confiere plena efectividad al marco legal encargado de preservarlas y protegerlas. De poco o de nada sirven las leyes en ausencia de un poder gubernamental capaz de aplicarlas. Como acertadamente argumentó Hans Kelsen, las leyes de un Estado democrático de derecho no sólo deben ser válidas sino que también deben ser eficaces.

Lo que ocurre al interior de la populista y demagógica narrativa política de López Obrador es que el pueblo no se construye discursivamente como expresión teórica de la totalidad de los ciudadanos que conforman un determinado Estado sino como sinónimo de “los pobres”. A través de diferentes narrativas, el presidente ha transmitido sistemáticamente la idea de que las personas con recursos económicos no son parte del pueblo y, como suele ocurrir con la mayoría de los discursos que el populismo latinoamericano de izquierda ha construido históricamente, esto les coloca fuera de la “alianza liberadora” existente entre los pobres y su caudillo.

Esta interpretación doctrinalmente incorrecta y claramente antidemocrática del concepto de pueblo, lejos de limitarse a los ricos, se ha hecho extensiva a todas aquellas personas que, con independencia de su posición socio-económica, no comparten los planteamientos y las estrategias de política pública del gobierno federal. Como resultado de esto, los intelectuales y académicos críticos no solamente han sido excluidos del ámbito del pueblo sino que, en más de una ocasión, han sido abiertamente definidos como despreciables aliados de aquellos poderes oligárquicos que secularmente se han valido de la corrupción para explotar a los mexicanos y saquear al país. De hecho, utilizando conceptos mal entendidos y mal aplicados como “conservadores”, “neoliberales” e “intelectuales orgánicos”, e incluso utilizando calificativos francamente cursis y pueriles como “fifís”, el presidente hace continuamente referencia a “los otros”, entendidos éstos como todos aquellos sectores de población cuyos intereses, en el marco de su maniquea narrativa, no solamente difieren de los intereses “legítimos” del pueblo sino que se oponen radicalmente a ellos.

En esencia para López Obrador “los otros” son todos aquellos sectores de población cuyos intereses son incompatibles con los intereses superiores de patria y, en virtud de ello, la promoción de los mismos debe ser neutralizada. Como de manera grotesca expresa una cápsula de propaganda electoral recientemente difundida por el partido político del presidente, se trata de los grupos de poder que, por acción o por omisión, han permitido el crecimiento del tumor maligno que amenaza la vida del país. Se trata de una narrativa que no sólo es populista sino también profundamente demagógica ya que además de encontrarse ideológicamente edificada sobre la base de una peligrosa distorsión del concepto de pueblo, se sostiene mediante un sistemático engaño mediático a la ciudadanía basado en la continua manipulación de los datos empíricos y estadísticos que aporta la realidad del país. La tan socorrida expresión de “yo tengo otros datos” no es diferente del concepto trumpiano de fake news. En esencia se trata de estrategias discursivas dirigidas a descalificar toda información que, con independencia del prestigio de las instituciones tanto nacionales como extranjeras que la generan, contradice la narrativa gubernamental.

Esta narrativa populista y demagógica configura un modo de interpelación política que lejos de integrar, y en este sentido contribuir a la construcción de un Estado democrático y republicano, excluye y polariza pavimentando el camino para el ascenso de formas autoritarias de organización y conducción política. No debemos olvidar que para los comunistas soviéticos el pueblo era equivalente al proletariado y para los nacionalsocialistas alemanes el pueblo era equivalente a los ciudadanos de origen ario. Mantener en el México de hoy una narrativa excluyente que, en aras de una supuesta transformación social, no sólo atenta contra el concepto de “unidad nacional” sino que erosiona los fundamentos del Estado de derecho, representa una estrategia torpe en términos intelectuales y profundamente peligrosa en términos políticos. Se trata de un camino que atenta contra la gobernanza y que, más temprano que tarde, está llamado a provocar serios problemas de gobernabilidad.

(*) Federico Seyde Meléndez

Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana y Doctor en Ciencia Política por la Universidad de Essex (Reino Unido). Ha desempeñado diversos cargos en el gobierno federal de México y actualmente es profesor en el Instituto Nacional de Administración Pública y en la Universidad Internacional de la Rioja (España).

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